“Me parece prudente hablar en mi pueblo donde nací, viví y pienso morir, con la dignidad de saber que nunca me llevé un peso del Arbos, nunca me llevé un peso de la seguridad social, que es lo que más me importa. Este proceso tiene vicios desde cuando se inició y los fiscales pretenden hacer aparecer que nosotros engañamos a las autoridades nacionales. Lejos de eso, jamás estuvimos en una situación de estas características”, manifestó ayer el actual secretario adjunto de la Seccional Bariloche de la UTHGRA.

“Nosotros nunca confesamos lo que no hicimos, fuimos a los tribunales a manifestar nuestra inocencia”, expuso Zuñiga.

“Acá hay un juez que se sentó en las cosas, que no aceptó que la Administración de Programas Especiales le mande la documentación que indicaba que estaba todo para aprobar. Y los fiscales de la Oficina Anticorrupción nos acusan de haber engañado a la APE pero no la llevan al estrado cuando tuvieron 14 años para llevar al estrado al engañado”, añadió.

Apuntó contra Leónidas Moldes, el juez federal que obra en Bariloche. “El juez Moldes armó la causa. Estas cosas no pueden suceder. Un juez no se puede sentar en el expediente. Tendría que haber aceptado que la APE le envíe la documentación donde decía que ambas rendiciones de los subsidios estaban para ser aprobadas”, indicó y añadió: “en 2005 la APE dijo que estaba todo para ser aprobado, si Moldes mandaba la documentación no tenían causa”.

“Hace 14 años que tengo este estigma sobre mi vida. Nos acusan de haber estafado a la APE, al Estado Nacional, nosotros no quisimos engañar al estado y nunca le ocultamos información a la APE”, siguió.

“Acá, el problema fui yo no el resto del directorio. Porque el fiscal y el juez Moldes, cuando inauguraron el Juzgado Federal en Bariloche, yo amenacé con cortar el ingreso a la ciudad para reclamar por el pago de zona fría y un plus de productividad a los trabajadores de nuestro gremio y le iba a contar al país como era la cosa en Bariloche. En ese momento me iniciaron un proceso judicial por mis dichos. En diciembre de 1992 me condenaron a 2 años de prisión a cumplir por lo que había dicho y me fijaron una fianza para recurrir la condena”, contó Ovidio Zúñiga.

“Estuve desde el 7 al 11 de enero detenido en la Federal con más de 300 trabajadores afuera, resguardando que no me llevaran a Buenos Aires, preso por el juez Moldes que me hizo detener hasta que consiguiera la fianza de 100 mil pesos que había impuesto”, añadió . Mientras que el 11 de enero de ese año, comenzó una huelga de hambre por 11 días, que finalizó cuando se logró firmar el plus de productividad y la zona fría.

“Acá hay sangre en el ojo, sino un juez no se puede sentar arriba de un expediente”, indicó al tiempo que consideró que “a mí no me va a impedir seguir en la actividad sindical ningún papelito, a mi me ponen y me sacan los trabajadores”, en referencia la inhabilitación que la Justicia pretendería imponerle.

Agregó que, además, en el año 2002, apenas se realizó la denuncia él mismo se quitó los fueros y el abogado Gonzalo Madrazo se presentó ante el juez Moldes. “Madrazo le dijo a Moldes que él administró los fondos del APE y de ARBOS, entonces ¿por qué no le pidió una aclaración de a quién le había pagado en ese momento”, se preguntó.

“Cuando nosotros asumimos en el policlínico, Arbos tenía una situación financiera gravísima. El ético de Vargas -en referencia Fernando Vargas de la administración anterior a la que se juzga en este juicio- recibió 30 millones de dólares y entregó el policlínico con 14 millones de pasivo”, señaló.

Dijo también que la primera parte del subsidio fue para trabajar para tener una auditoría de terreno, y sostuvo que las empresas que se dicen fantasmas no lo son, porque tenían nombre y apellido y eran de Gonzalo Madrazo y Víctor Carcar. “Alguien puede pensar que hacés una empresa fantasma poniendo tu nombre y apellido y tu dirección”, preguntó.

Sostuvo que esas empresas fueron creadas con el fin de evitar que les embargaran los subsidios pedidos, ya que las cuentas estaban todas embargadas y no podían utilizar una cuenta bancaria de la gestión de Luis Ricardo Martínez y Fernando Vargas, en el Banco Ciudad de Buenos Aires.

Con respecto a Gonzalo Madrazo, informó que era abogado del sindicato de Comercio y que el propio Madrazo con su par Manuel Vázquez, (asesor legal entonces de la UTHGRA), eran los abogados de Arbos, pero como Vázquez era concejal, Madrazo se encargó de todo porque tenía mayor disponibilidad horaria.

Agregó que la negociación con los acreedores la inició Madrazo ya que “no era prudente” que los sindicalistas la negociaran. Y así – explicó – se cayeron 70 acreedores por 4 millones de pesos. Sostuvo además, que el juez Moldes nunca le pidió explicaciones a Madrazo, acerca de a qué acreedores les había pagado.

En ese sentido, aclaró que un solo acreedor recibió una suma cercana a los 830 mil pesos, que fue el doctor Enrique Mogensen, quien tenía un laboratorio. “Pero no me aceptaron que sea testigo en este juicio”, manifestó Zúñiga.

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“Acá, el problema fui yo no el resto del directorio. Porque el fiscal y el juez Moldes, cuando inauguraron el Juzgado Federal en Bariloche, yo amenacé con cortar el ingreso a la ciudad para reclamar por el pago de zona fría y un plus de productividad a los trabajadores de nuestro gremio y le iba a contar al país como era la cosa en Bariloche. En ese momento me iniciaron un proceso judicial por mis dichos. En diciembre de 1992 me condenaron a 2 años de prisión a cumplir por lo que había dicho y me fijaron una fianza para recurrir la condena.”