Durante un receso de la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) que se desarrolló ayer en el hotel Alejandro I, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, se tomó un tiempo para dialogar con El Tribuno.

El eje de la charla fue la aplicación en Salta de la ley de bosques, aprobada en 2007 y regulada por la Provincia en diciembre de 2008. Bajo esa norma se estableció un ordenamiento territorial de los bosques nativos locales y se los clasificó en tres categorías de acuerdo a su valor de conservación: rojo, amarillo y verde. Cada color, plasmado en el mapa salteño, marca el uso que se le puede dar a la tierra.

Desde hace dos años está demorado el reordenamiento de las zonas productivas de la provincia y la definición sobre qué se hará con el sector pintado de amarillo, sobre todo en gran parte del Chaco salteño, donde no se permite un desarrollo agropecuario que pueda dar solución a una de las regiones más postergadas de Salta.

En la región con mayor pobreza de Salta, que es el Chaco salteño, se da un debate crucial en torno al ordenamiento territorial de la ley de bosques. La mayor parte de esa zona está pintada de amarillo por lo que no se puede utilizar para la producción agroganadera....

Que esté pintado de amarillo no impide la producción, sino que hay que hacerla con otras técnicas. Ese es el debate que hay que alentar y fomentar, no puede inhibirse el desarrollo pero el desarrollo tiene que ser sustentable. Lo que tenemos como antecedente son malas prácticas y tenemos que pasar a buenas prácticas. Entonces tenemos que avanzar hacia una ganadería sustentable como la silvopastoril, que son nuevas metodologías muy exitosas en países que lo decidieron en tiempo y en forma, como es el caso de Paraguay y Brasil. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle a Salta la posibilidad de que no inhiba su crecimiento y su desarrollo, pero que lo haga de manera sustentable porque nuestros bosques son un recurso irreparable y, en ese sentido, Salta es una de las reservas para el país relevantes.

De hecho, Salta tiene la mayor cantidad de áreas protegidas del país...

Por suerte, y hay que alentar a que lo siga siendo y que no sea en desmedro de su actividad productiva.

La provincia tiene unos cinco millones de hectáreas que diversas entidades de productores piden que pasen de amarillo a verde, pero de acuerdo a la posición que plantea esto no sucederá...

No van a pasar a verde, porque para que pasen a verde se tiene que cumplir con la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, tiene que haber un método de validación, los mapas de ordenamiento tienen que ser actualizados cada cinco años y cuando los actualicen van a tener que darle participación a la sociedad. También está el proceso, que no es menor, de rendición de los fondos que se giran por la ley de bosques y no todas las provincias están al día. Nosotros reconocemos el esfuerzo de Salta para regularizar su situación, también el hecho de que hay un proyecto de ley para que la Justicia participe en términos de fiscalización. No se puede desmontar de manera discriminada y tampoco se puede inhibir la actividad productiva, entonces hay que encontrar un formato, que existe, aunque es más engorroso y trabajoso, pero hay que hacerlo.

Es determinante en decir que esas 5 millones de hectáreas no pasarán a verde...

No veo ningún argumento técnico que pueda sostener la Provincia para pasarlas a verde. Pero lo podemos discutir, me gustaría escuchar a las autoridades Salta cómo lo van a justificar.

¿Y que sucede con el sector productivo?

También hay que sentarse con las entidades productivas. Yo trabajo permanentemente con el ministro (de Agricultura) Ricardo Buryaile y bajo ningún punto de vista estamos en cosas de preservación del ambiente para inhibir la posibilidad de la actividad ganadera o productiva agropecuaria. Lo que sí podemos decir es que la vamos a acotar, regular y controlar, eso sí.

¿No se está poniendo un freno ambiental a la producción?

No, yo asumo que como veníamos no podíamos seguir, es decir haciendo cualquier cosa sin control y cambiando de colores porque queremos tener otra superficie extendida de actividad, pero sí podemos cambiar la manera de hacer la actividad.

Lo que se plantea es que si hay desarrollo agroganadero muchas poblaciones de Salta pueden salir de la postergación...

También hay desarrollo ganadero en bosques.

El año pasado la Nación giraba a Salta sólo 90 centavos por hectárea protegida bajo la ley de bosques, ¿no le parece que es insuficiente?

Esto ya se actualizó y lo ideal es que se pongan al día las provincias con las rendiciones, porque la decisión también es que no se va a poder girar ni siquiera 90 centavos para las provincias que no están rendidas.

¿Cómo está Salta en ese sentido?

No está al día.

Evidentemente no alcanza con 90 centavos para proteger los bosques...

Pero la pregunta es qué hacen con la plata que sí se mandó. Quién la audita y quién la controla. Como tenemos muchas provincias atrasadas en años en la rendición, ahora a través de la Sindicatura General de la Nación se les ofreció a todos los distritos una capacitación a distancia y permitirles a los tribunales de cuentas provinciales que certifiquen los años de mora en la rendición de fondos.

Uno de los puntos que figuró en la agenda del Cofema fue el acuerdo federal minero, ¿cómo se compatibiliza esa actividad, sobre todo la de megaminería a cielo abierto, con las acciones para cuidar el ambiente?

Se compatibiliza por el hecho que se está haciendo un pacto con la Secretaría de Minería, no pasa por las opciones de minería sí o no, sino si es que hay control o no. Antes no había control y ahora hay control. Esa novedad todavía no implica una modificación sobre el estatus autónomo y soberano de las provincias. Hay provincias que permiten la megaminería a cielo abierto y otras que no. Y hay un debate, a mi parecer, pendiente sobre el código de minería y sus estándares, que podrían ser debatidos y ser puestos a consideración para que lo que es legal se cumpla como dice la ley y lo que la mayoría democrática del país entiende quizás no querer habilitarlo como legal, lo prohiban. Hay países que tienen prohibida la megaminería.

¿Y cuál es su visión con respecto a la megaminería?

Para mí la megaminería a cielo abierto solo es posible en determinadas condiciones en las que el impacto ambiental esta verificado que no genera daño.

Al parecer no hubo mucho control en el derrame de material que se conoció ayer de la minera Barrick Gold en San Juan...

Son dos discusiones distintas. El derrame no tiene que ver con megaminería, es porque no hay control ni monitoreo y hay accidentes. Son incidentes que tienen que ser inspeccionados y, en caso de ser contravenciones, sancionarlos. Ese tipo de situación de minería hace mucho más vulnerable algunas situaciones de riesgo sobre las que debe haber más control. A mayor extensión y mayor escala, más control. Acá pasó al revés. En ese punto la provincia de San Juan también está traccionando en la misma dirección. El Gobierno provincial, aún siendo del mismo signo político, cambió su actitud. La incumbencia de policía minera de control y fiscalización de tomar medidas sobre la empresa es de San Juan y no de la Nación. En el anterior incidente de Barrick hicimos una denuncia a la Justicia Federal, que nos desestimaron diciendo que no tenemos competencia, pero tenemos la decisión que preferimos ir a inspeccionar, tomar las muestras y, si vemos algún grado de infracción, también denunciar y que sea la Justicia la que nos diga que no tenemos competencia.

En la localidad salteña de El Galpón, vecinos autoconvocados protestan contra una empresa que fabricará nitrato de amonio para explosivos de mineras y fertilizantes porque consideran que puede ser un factor de contaminación del medio ambiente. En esa lucha que llevan adelante se encuentran muy solos. ¿Cuál es la participación