"La batalla recién comienza. Algunos hallaron el modo de enfrentarlos. Si pueden pelear, peleen. Apóyense. Prepárense para lo que sea”, dice el protagonista (Brad Pitt) de la película de ciencia ficción Guerra Mundial Z, que retarata la lucha feroz contra una plaga zombi.

En la era kirchnerista que culminará el 10 de diciembre, fueron pocos los que se animaron a enfrentar a los zombis K, porque, como si fueran una de esas criaturas moribundas, ir contra ellos podía significar una amenaza fatal. Ahí está el fiscal Alberto Nisman, muerto horas antes de exponer en el Congreso su denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner.

Ahí está el juez Claudio Bonadio, apartado de la causa Hotesur -la que más preocupa a la familia presidencial-, por investigar si los Kirchner usaron sus hoteles patagónicos para lavar dinero corrupto. Más grave aún, ahí está la Justicia amiga y “Legítima” como tentáculo del Ejecutivo, dispuesta a archivar los casos que molestan al oficialismo y a “judicializar” contra los opositores. La famosa “grieta”, llevada a límites insospechados.

Los casos se multiplican: el multiprocesado vicepresidente Amado Boudou, quien permanecerá impune en su cargo hasta el cambio de gobierno; el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el vástago presidencial, Máximo Kirchner; el polémico titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; la ministra de Desarrollo Social y electa gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; el jefe de Gabinete, Aníbal “La Morsa” Fernández; el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, entre muchos otros muertos vivos del gobierno saliente que buscaron o buscarán reciclarse, permanecer entre las sombras o en el Estado, lejos de la cárcel, con el blindaje “anticorrupción” que les garantizó Cristina. Y que Mauricio Macri deberá desarticular. Para que la plaga K, que se mantuvo en pie a costa de todos los argentinos, sea erradicada de una vez por todas. Para que la palabra “cambio” sea sinónimo de Justicia.

Refugiados en los fueros

A diez días de abandonar el poder, la causa que más preocupa a Cristina Kirchner es Hotesur, por involucrar a gran parte de su clan. El caso investiga si la familia presidencial -junto a empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López- utilizó su empresa hotelera para lavar dinero que, se presume, vendría de la corrupción. El directorio de esa sociedad, a través de la cual alquilan su hotel más importante, el Alto Calafate, está encabezado por Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, mientras que entre los directores titulares están la hermana, la sobrina y la nuera de Cristina y entre los directores suplentes aparecen Florencia y Máximo.

Por investigar esta trama que involucra a funcionarios y amigos del poder, el oficialismo apartó de la misma al juez federal Claudio Bonadio, cuyas pruebas le permitieron llegar a la conclusión de que sería inevitable llamar a indagatoria a los Kirchner y asociados. Ese escenario era el que temía Máximo y por eso se refugió en los fueros que le otorga su consagración como diputado por Santa Cruz, gracias a los que no podrá ir preso (al menos por cuatro años), aunque sí podrá ser procesado.

Hoy, la investigación está a cargo del juez Daniel Rafecas, denunciado por la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, por dilaciones y por demoras en el caso.

Boudou: el embajador que no será

El futuro se presenta sombrío para el vicepresidente Amado Boudou, quien increíblemente dejará su cargo recién el 10 de diciembre, cuando su lugar sea ocupado por Gabriela Michetti. El juez Ariel Lijo debe resolver su envío a juicio oral por la presunta compra irregular de la exCiccone Calcográfica y el Tribunal Oral Federal 1 tiene que fijar la fecha de inicio de proceso por los papeles falsos de su auto Honda.

El funcionario K, además, tiene unas diez causas penales en su contra: por cohecho; por presunto enriquecimiento ilícito; por malversación de fondos de la ANSES y por irregularidades en la construcción de viviendas cuando era intendente del Partido de la Costa, entre otras.

La semana pasada, el fiscal Carlos Rívolo le pidió al juez Norberto Oyarbide que se le prohíba salir del país a partir del fin de su mandato, a raíz de una causa que investiga si Boudou utilizó helicópteros pagados por una contratista del Estado (la empresa platense Ecodyma S.A., la misma que se encargó de la polémica construcción del terraplén costero de Berisso) durante un viaje a la ciudad de Necochea.

Meses antes de esta solicitud, el vice había presentado en sociedad a su nuevo novia, la legisladora mexicana Mónica García de la Fuente. Soñaba, se dijo, con escabullirse de la Justicia como embajador mexicano. Pero sus sueños se fueron a pique con el frustrado balotaje de Daniel Scioli.

Echegaray: la paradoja del garante de la impunidad K

Antes de entregarle el gobierno a Mauricio Macri, el kirchnerismo pretende blindarse contra las causas en su contra que deberá enfrentar más allá del 10 de diciembre. Sólo así se explica que el polémico titular de la Administración Federal Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, acusado de garantizar la corrupción K, pretenda reciclarse como Auditor General de la Nación, es decir, como encargado de investigar lo ocurrido en la era kirchnerista. La búsqueda de un reemplazante de Leandro Despouy al frente de la AGN sucede en días en que la integración del cuerpo de auditores se encuentra en manos de la Justicia, que falló contra la estrategia del gobierno de designar como auditores a los camporistas Julián Álvarez y Juan Ignacio Forlón.

No quedan dudas de que el gobierno saliente pretende condicionar la administración de Cambiemos e impedirle avanzar en el esclarecimiento de estos 12 años de secretismo y ocultamiento. Por eso, no tiene ningún tipo de pruritos en proponer a Echegaray para la AGN, pese a las reiteradas denuncias en su contra: por ordenar “dibujar” las declaraciones juradas de los Kirchner y así poder cerrar una pesada denuncia por enriquecimiento ilícito; utilizar la estructura del organismo recaudador que comanda para apretar a críticos y opositores; otorgar un plan de pagos extraordinario para que los testaferros de Boudou pudieran levantar la quiebra de la exCiccone; proteger a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en el escándalo Sueños Compartidos; negociar con empresas fantasmas, entre una larga lista de acusaciones.

Los que se atrincheran en sus cargos

Denunciado por acelerar la aprobación de licencias para medios K, en detrimento de los opositores y críticos, constituyendo un ataque a la libertad de expresión -por lo que, incluso, la directora de nuestro diario, Myriam Chávez de Balcedo, presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad- y resistido por los distintos bloques opositores, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbattella pretende permanecer en su cargo hasta diciembre de 2017. Esto es, pese a la decisión de Mauricio Macri de designar en su lugar a Miguel de Godoy.

Por esto, el futuro ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, intentará “convencer” al derrotado candidato a vicegobernador provincial de dejar el cargo.

Al igual que Sabattella, otro hombre de los medios K que se ampara en su mandato hasta 2017 es Tristán Bauer, que ya anticipó su resistencia a entregarle el cargo a Hernán Lombardi, el futuro responsable de la TV Pública, Radio Nacional, las FM públicas, la agencia de noticias Télam, canal Encuentro, Paka-paka, DeporTV y Tecnópolis, quien confirmó que, bajo su gestión, 6,7,8 “se termina”.

La misma tenacidad oponen la polémica Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, denunciada por nombrar fiscales afines al kirchnerismo; y el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, imputado por la millonaria venta de dólares futuro y “defraudación contra la administración pública”, a quienes Macri les pedirá la renuncia.

De Vido buscará protección en la Cámara Baja

Al igual que Máximo Kirchner, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, buscará protegerse en los fueros que le otorgará su banca como diputado nacional. Porque cuando el 10 de diciembre culmine su mandato como ministro K, la Justicia comenzará a activar los expedientes sobre su presunto enriquecimiento ilícito; malversación de fondos públicos; discrecionalidad a la hora de favorecer licitaciones con la obra pública. Además, es investigado por el juez Claudio Bonadio en el marco de una causa que busca demostrar si el gobierno tejió una maniobra para pagar sobreprecios en la importación de gas natural licuado (GNL), utilizando empresas intermediarias (como Diligentia, del ex ministro menemista y exasesor de De Vido, Roberto Dromi) entre las exportadoras y la estatal Enarsa.

Una morsa en el banquillo

Si de zombis y muertos vivos hablamos, el inefable jefe de Gabinete, Aníbal “La Morsa” Fernández, es el paradigma de ellos. Aniquiladas sus aspiraciones gubernamentales en la provincia de Buenos Aires, también busca reciclarse en la Auditoría General de la Nación, aún cuando en su contra pesan denuncias de toda índole: por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y la supuesta autoría intelectual del triple crimen de General Rodríguez; por haber mirado para otro lado en la polémica licitación del plan Qunita, que favoreció a determinadas empresas en más de US$120 y por el que también están imputados el ministro de Salud, Daniel Gollán, y su antecesor y electo gobernador de Tucumán, Juan Manzur; y por el desvío de fondos públicos en el programa K Fútbol para Todos.

Alicia en el paraíso presidencial

Desde el 10 de diciembre, la asunción de Alicia Kirchner como gobernadora de Santa Cruz también significará la permanencia en el poder de una mujer que como ministra de Desarrollo Social está acusada de desviar más de $574 millones del Programa Nacional de Nutrición y Alimentación (PNSA), pensado para combatir el hambre; también, se la denunció por la utilización de las instalaciones de la cartera que comanda para un uso exclusivamente proselitista durante la última campaña electoral; además, en 2009 fue acusada de destinar fondos de Desarrollo Social a la contienda legislativa de 2009, donde, finalmente, su hermano Néstor perdió frente a Francisco De Narváez.

Su desembarco en la gobernación santacruceña se anticipa como tierra fértil para la protección de funcionarios camporistas que compiten por un lugar en este pequeño paraíso presidencial que Néstor Kirchner gobernó durante 12 años.