WhatsApp interpuso ayer un recurso judicial contra el bloqueo de la aplicación por 72 horas decretado por la Justicia de la ciudad de Lagarto, en el estado brasileño de Sergipe, informó el portal del diario "Folha de Sao Paulo".

Antes de interponer la acción contra la decisión del juez Marcel Montalvao, que comenzó a regir a las 14, la empresa divulgó un comunicado en el que lamentó la decisión, que según informó afecta a unas 100 millones de personas.

"Después de cooperar con todo el potencial de nuestra capacidad con los tribunales brasileños, estamos sorprendidos de que un juez de Sergipe haya decidido una vez más ordenar el bloqueo de WhatsApp en Brasil", expresó la empresa, que pertenece a Facebook.

El magistrado alegó para bloquear la aplicación lo mismo que hiciera otro juez en diciembre de 2015, cuando fue bloqueada en todo Brasil por 48 horas: la negativa de la empresa a levantar el secreto a comunicaciones intercambiadas por personas investigadas en una acción penal.

"Esta decisión sanciona a más de 100 millones de brasileños que dependen de nuestro servicio para comunicarse, administrar sus negocios y muchas cosas más, para forzarnos a dar informaciones que afirmamos repetidamente que no tenemos", indicó la empresa.

El presidente del ente que regula las telecomunicaciones Anatel, Joao Rezende, opinó que el bloqueo es "una decisión desproporcionada porque acaba sancionando a todos los usuarios".

La resolución judicial ordena a la empresa a levantar el secreto de mensajes que fueron intercambiados por una red del crimen organizado vinculado al tráfico de drogas que opera en la ciudad de Lagarto, en el noreste del país.

La polémica en torno al episodio se debe a que WhatsApp afirma que no posee los datos que la Justicia le pide, puesto que no los conserva. Sin embargo, según al Marco Civil de Internet de Brasil, las empresas de telecomunicaciones están obligadas a guardar los registros de acceso de sus usuarios por un periodo mínimo de seis meses y suministrarlos cuando sean solicitados por orden judicial.

La orden del juez Montalvao debe ser cumplida por las cinco operadoras de telefonía de Brasil, TIM, Oi, Vivo, Claro y Nextel. En caso de incumplimiento, las empresas deberán pagar una multa diaria de 500.000 reales (unos 142.800 dólares).

Montalvao es el juez que en marzo ordenó el arresto del vicepresidente de la red social Facebook para Latinoamérica, Diego Dzodan, también por negarse a suministrar datos de usuarios vinculados a redes del crimen organizado.

Agencia DPA