Lucía Aisicoff

En el peronismo bonaerense empezaron las charlas, hasta el momento informales y subterráneas, con distintos espacios políticos en un intento de volver a modificar la ley que puso fin a las reelecciones indefinidas de los intendentes. 

Se trata de un tema delicado, muy “antipático” a los ojos de la ciudadanía, por eso muy pocos se animan a defender públicamente su intención de barrer con la norma que fue sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, producto de un acuerdo político con Sergio Massa, en su cruzada contra los “barones del Conurbano”.

Un importante dirigente del peronismo bonaerense aseguró a elDiarioAR que hay “luz verde” en su fuerza política para relanzar el debate, lo que implica que habría tenido el visto bueno del gobernador Axel Kicillof. “Son conversaciones que recién empiezan”, se atajó el mismo dirigente, aunque reconoció que los tiempos son ajustados: si definen avanzar con la modificación de la ley debería ser en los próximos meses para evitar debatir el tema en un año electoral.

La ley 14.836, sancionada en 2016, dispuso que los intendentes tienen un mandato de cuatro años y la posibilidad de una sola reelección consecutiva. Si quisieran volver a presentarse pueden hacerlo, pero deben esperar un intervalo equivalente a otro mandato. 

Hecha la ley, hecha la trampa 

El acuerdo político entre Vidal y Massa logró ponerles un tope a las reelecciones indefinidas. Sin embargo, su reglamentación en 2019 fue ambigua y habilitó interpretaciones engañosas. El decreto de la entonces gobernadora imposibilitaba presentarse a quienes habiendo sido elegidos para un segundo mandato consecutivo hubieran “ejercido por más de dos años, continuos o alternados”. Esa oración llevó a que muchos intendentes renunciaran o pidieran licencia antes de los dos años de su segundo mandato, para que no se les contabilizara. 

Esas tramoyas individuales para eludir la ley se fueron amplificando y derivaron en una estrategia colectiva bajo la interpretación de que, por haber sido reglamentada en 2019, la norma no podía legislar en forma retroactiva. El 28 de diciembre de 2021, en una sesión maratónica, se estableció que el primer período a tenerse en consideración era el de 2019-2023. En los hechos, eso implicó habilitarles la posibilidad de competir por un tercer mandato consecutivo a quienes ya eran intendentes en 2016, cuando se sancionó la ley.

La victoria legislativa no fue solo del peronismo: en aquella sesión la oposición bonaerense expuso sus diferencias internas. El radical Maximiliano Abad, quien era en ese entonces el jefe del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio (JxC), votó a favor de modificar la ley, mientras que su vice, el “vidalista” Alex Campbell, mantuvo una resistencia firme al igual que otros 10 diputados de su bloque. 

Pese a los discursos encendidos, las chicanas y el lobby de Vidal y Massa para defender la ley, la modificación fue aprobada y por ese motivo unos 91 intendentes bonaerenses que debían dejar sus municipios quedaron en condiciones de volver a presentarse. Fue un beneficio transversal que utilizaron en igual medida los dirigentes peronistas, los de JxC y algunos vecinalistas. 

Las negociaciones subterráneas 

El segundo mandato que les habilita la ley vencerá en 2027 y los intendentes ya no podrán usar a su favor el argumento de las fechas de la sanción de la ley. En ese marco, son muchos los que miran con buenos ojos impulsar una nueva modificación o directamente derogar la norma. 

El tema no sólo impacta en el futuro personal de los intendentes. En el oficialismo bonaerense, cruzado por la disputa entre Kicillof y Máximo Kirchner, saben que la imposibilidad de reelección de los jefes comunales abriría internas feroces en los municipios. Un escenario que quieren evitar. 

Se ensayarán acuerdos previos a que el tema desembarque en la Legislatura. Desde el PRO anticipan que las posturas en la oposición no son uniformes. A los matices del macrismo se sumarán los del radicalismo y los de La Libertad Avanza, que en principio se manifiesta en contra de las re-reelecciones, aunque hay otros factores que entrarán en juego durante la negociación. En el oficialismo provincial especulan con los cargos que aún no fueron repartidos. Entre ellos están los cuatro puestos vacantes en la Suprema Corte bonaerense, de los cuales dos podrían quedar para la oposición. Ya hay una danza de nombres, aunque por ahora ningún acuerdo cerrado.