Por: Pablo Fernández Blanco.

No lo dirán en voz alta hasta que esté cerrado, pero en el aire que envuelve las conversaciones que mantienen Kristalina Georgieva (FMI), Janet Yellen (secretaría del Tesoro norteamericano) y Luis Caputo flota la posibilidad de que la Argentina reciba más dinero del exterior para acelerar el plan de gobierno de Javier Milei. Parte de esa historia se escribió esta semana en San Pablo, donde el ministro de Economía, que rechazó la opción públicamente varias veces, conversó con ambas damas de acero de las finanzas internacionales.

Caputo está dispuesto a involucrarse en una decisión que en otro momento hubiese resultado incomprensible. Acepta cerrar un nuevo programa con el Fondo, mucho más exigente para él mismo, a cambio de tener el certificado de Washington para mostrárselo a los escépticos.

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Es una bendición que no solo se mide en dinero fresco. Según la interpretación del equipo económico, una jugada por el estilo desataría una ola de confianza adicional sobre el país que le daría mayor sustentabilidad al plan.

Caputo con Georgieva, en San Pablo. El equipo económico espera dejar por escrito con el FMI su intención de reducir drásticamente el déficit público. IMF

En la práctica, el Gobierno ya hizo la mayor parte. El acuerdo vigente contempla que la Argentina tenga un déficit financiero del 4% del PBI este año. Milei le ordenó a Caputo llevarlo a 0%, y los dos están dispuestos a cumplirlo.

Ambos buscan que el Fondo les dé la cuota de credibilidad que no tiene la Argentina. Frente a los ojos del mundo, no es lo mismo hablar de la motosierra en el Congreso que usar la escribanía de Georgieva para certificarlo.

La potencial llegada de dinero sería un acelerador de la baja de la inflación. Está pensada para capitalizar el Banco Central y alejar las posibilidades de una devaluación involuntaria, uno de los principales combustibles que encienden los precios.

Sin referencias específicas, el tema estuvo en las reuniones que Caputo tuvo en los últimos días. El equipo económico dice que tiene que usar todos los recursos disponibles con vistas a aprovechar la ventana para bajar la inflación. Coincidencia sintomática: son los mismos términos que se usan cuando surgen alternativas para escapar de una guerra. Seguirán discutiendo con el Fondo este mes.

Caputo está más enfocado en ordenar la casa con sus propios medios antes que en recibir la ayuda del vecino. La semana próxima pondrá en marcha una medida de alto impacto político. Trasladará a su órbita el control de los multimillonarios fideicomisos del sector público. Hoy están repartidos en varias dependencias, pero pasarán a estar centralizados en el ministro. Movimientos de ese estilo estuvieron en el inicio de las peleas con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y con Martín Llaryora (Córdoba). Otros nombres podrían sumarse a la lista, entonces, a partir de mañana.

La pelea con los gobernadores sigue siendo parte de un problema. Se entiende, entonces, la necesidad de Milei de convocar al Pacto de Mayo luego de que se concrete el compromiso de aprobar la ley ómnibus. El Gobierno necesita reducir la incertidumbre en la aplicación de medidas económicas que le provocan las peleas con los jefes de las provincias. La semana que terminó es generosa en ejemplos.

Nadie le hizo tanto daño en el último tiempo al proyecto de Javier Milei como Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Es el hombre que encendió la mecha. La ofensa al plan, además, está envuelta en una ironía perfecta: alcanza con dejar impaga una cuenta nimia, de sólo US$26 millones, para que gestores de recursos millonarios en Estados Unidos y en Gran Bretaña que analizaban traer plata a la Argentina pusieran en suspenso sus decisiones.

El gobernador de La Rioja, RIcardo Quintela, dejó de pagar una deuda de la provincia el lunes pasado, pese a que, según el mercado, tenía el dinero. Los operadores financieros temen que una crisis en las provincias contamine el plan de la Casa Rosada. Santiago Filipuzzi

Son los primeros renglones de una saga perversa que comenzó a escribirse el lunes pasado y salpicará a la gestión económica. La Rioja informó que no iba a pagar un bono. Quintela le echó la culpa a la devaluación y al ajuste que está haciendo el gobierno libertario, pero nadie le creyó.

Sucede que la provincia tenía disponibles, hasta fines del año pasado, unos US$40 millones que podría haber usado para pagarles a sus acreedores. Eso llevó a que algunos operadores financieros pensaran que se trataba sólo de una presión política sobre el Gobierno. Se equivocaron.

Hay otro dato escandaloso. Quintela había pedido originalmente el dinero para hacer parques eólicos. Luego, vendió uno de ellos a Marcelo Mindlin (Pampa Energía) por US$171 millones. De manera que la provincia ya no tiene parte del negocio, recibió dinero a cambio y no devolvió la plata que había pedido prestada para hacerlo. Es un ejemplo poético para quienes critican al Estado empresario.

La cesación de pagos de La Rioja puso sobre la mesa un universo gris que no estaba a la vista: las cuentas de los gobernadores. Esta semana proliferaron los intercambios de información para analizar cuáles son las provincias más complicadas para pagar deuda. Contra su deseo, toda la centralidad volvió a posarse sobre el bonaerense Axel Kicillof.

El bastión kirchnerista es el más endeudado del país. Kicillof debe responder por el 55% de los casi US$14.000 millones de deuda que tienen las provincias. Por suerte, para los acreedores, para los bonaerenses y para Milei, el gobernador es más heterodoxo hablando de economía que atendiendo las finanzas provinciales.

En un movimiento anticipatorio de lo que intuía el exministro de Cristina Kirchner que sería el gobierno de La Libertad Avanza, Kicillof se reacomodó para el invierno liberal.

Axel Kicillof es un heterodoxo de la economía, pero aplicó medidas tradicionales para hacer frente a su deuda. Ya dijo que va a pagar y tranquilizó al mercado.

Pablo López es el ministro provincial de Economía. Quien se encarga de las cuestiones de deuda es Agustín Álvarez, su viceministro de Finanzas, reconocido como una persona que entiende del tema. Manejan un equipo que desde la primera parte del año está trabajando para no defaultear. Así se lo deslizaron en conversaciones privadas a algunos de sus principales acreedores.

El plan anti-Milei de Kicillof es muy ortodoxo. Involucró la suba de impuestos -algo similar a lo que hizo Luis Caputo a nivel nacional- y una reducción del gasto en donde no se note públicamente. Además, reservó dinero. El último diciembre tenía en sus cuentas US$1246 millones, entre dólares y pesos, lo que lo convertía en el más previsor de los gobernadores.

El cálculo original del equipo bonaerense contemplaba que no tendría dificultades insalvables en el pago de su deuda pese al ajuste de Milei. Esa ecuación cambió sus términos: la Casa Rosada sorprendió a Kicillof con un ajuste mayor al que preveía. Algunos creen que esa es la ficha que promovió el cobro anticipado de impuestos al sector privado en la provincia.

Desde el punto de vista del mercado, el gobernador está hoy del lado de los buenos. El 16 de febrero pasado, la directora de Administración de Deuda Pública le informó a la Bolsa de Buenos Aires que estarían disponibles casi US$312 millones para pagarles a los acreedores.

La crisis de La Rioja desató un proceso de discriminación entre las provincias. Esto se debe a que los inversores se pondrán mucho más meticulosos al momento de elegir y buscarán a los distritos que muestren una menor dependencia de la Casa Rosada -que no quiere prestarles- y tengan sus cuentas ordenadas. Es una cuenta que arroja ganadores y perdedores.

Solo Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Rolando Figueroa (Neuquén) están bien ubicados en la lista. Del otro lado figuran Salta, Entre Ríos, Tierra del Fuego y el distrito de Kicillof.

La pelea del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el gobierno nacional, dejó secuelas que golpearán a todas las provincias.Maxi Jonas/Télam

El temor que recorrió esta semana a los bancos y otros agentes del mercado es el riesgo de contaminación. Si La Rioja sabía que debía pagar, tenía parte del dinero y entró en un incumplimiento por un monto menor, cualquier otro gobernador identificado con las ideas de Quintela podría dar el mismo paso.

Es un precio que ya está pagando Milei. El día después del episodio riojano, todos los bonos del último canje de deuda cayeron, con bajas de hasta el 3,37%. Este no es un problema urgente para el país que gestiona el Presidente, pero sí para el que imagina, dado que dificulta la capacidad de obtener financiamiento. Un encadenamiento de esos problemas representaría, además, un golpe al corazón de la sabiduría de Caputo, que es relacionarse con los mercados de crédito.

La pelea de Milei con Ignacio Torres, de Chubut, jugó un partido del mismo campeonato. El juez Hugo Sastre dijo más de lo que creía cuando obligó al Gobierno a terminar con la retención de fondos de la coparticipación para saldar una deuda porque era una medida inoportuna, entre otras cosas. Sucede que esa deuda estaba garantizada por la coparticipación.

Sastre destrozó el valor de las garantías que pueden dar los gobernadores. Más allá de las razones que pudiera tener uno u otro en esa pelea, en el futuro, cuando alguien piense en prestarle a Chubut, o a otras provincias, pensará en ese fallo y revisará cuánto más le cobra por darle dinero. Otro motivo para pactar en mayo.

La rebeldía provincial a someterse a un mayor ajuste trajo al presente un viejo fantasma de los años 90: la pelea política entre Carlos Menem y el entonces gobernador Eduardo Duhalde, que estuvo entre los motivos por los cuales cayó la convertibilidad, según su creador, Domingo Cavallo, uno de los ídolos de Milei.

En su pelea por mantenerse como la principal referencia del Justicialismo, Menem había recortado los fondos para que Duhalde hiciera política en la provincia de Buenos Aires en la etapa previa a la elección presidencial que perdió con Fernando de La Rúa. El gobernador encontró un atajo: se financió con el Banco Provincia, al que dejó en términos ruinosos, algo que también emularon otros caudillos en medio de la campaña política anterior al estallido de 2001.

Santiago Bausili (BCRA) está haciendo un trabajo silencioso para evitar el colapso noventista. A principios de enero, sin que casi nadie se diera cuenta, dejó de renovar la comunicación A6816. Era una norma que había creado su antecesor de Cambiemos, Guido Sandleris, y les permitía a los gobernadores endeudarse con sus bancos para pagar salarios, entre otras cosas.

El presidente del Banco Central está convencido de que la norma implicaba una excepción temporaria que se renovó durante un tiempo excesivo, al punto que se había vuelto una herramienta de uso corriente en lugar de excepcional. Bajo la bandera de emprolijar el marco normativo, les quitó a las provincias una herramienta para financiarse.

Bausili es la mano derecha de Caputo, ahora en la conducción de la economía, pero también antes, durante su trabajo conjunto en el sector privado, cuando el ministro conversaba con frecuencia con Cavallo cuestiones relacionadas con la marcha del país.

Es imposible no escuchar en la omisión de Bausili el eco del traspié noventista, si bien es cierto que la situación actual es todavía muy lejana a aquella, porque la exposición de los bancos a la deuda provincial es baja y su contabilidad no es tan mala.

En cualquier caso, hay que bajar los riesgos del programa: se trata de aprovechar la ventana, y no de salir expulsado a través de ella.