El edil radical había presentado una modificación a la ordenanza vigente en octubre pasado, tras la clausura de “La hormiguita viajera”. El proyecto, sin embargo, no alcanzó aprobación y solo sirvió de base para generar algunas reuniones que se disiparon con el tiempo.
El 14 de octubre de 2012, tomaron estado público una serie de maltratos a los que eran sometidos algunos de los pequeños que concurrían al jardín maternal “La Hormiguita Viajera”.
Los hechos repudiables aceitaron los mecanismos municipales de control desde el área de Habilitaciones del municipio y desnudaron además varias denuncias sobre otros establecimientos para llegar a una conclusión común: el vacío legal existente para contener las situaciones que exceden la aprobación de los contenidos pedagógicos, y aquellas instituciones que se encuadran bajo denominaciones distintas a las de jardín maternal, como espacios recreativos o ludotecas.
El inicio del verano y la oferta de actividades desde estos mismos espacios, trajo la misma confirmación de que muchas de ellas carecen de habilitación comercial, ya que este tipo de tareas tiene un “vacío legal para su función”, según lo informó en su momento a Diario Patagónico el funcionario a cargo del área, Ricardo Mutio.
En tal contexto, y a diez días del inicio del ciclo lectivo -aunque como se dijo, este tipo de actividades no cesa su tarea en verano-, el Concejo Deliberante retoma el debate para llegar a una ordenanza integral que regule la actividad y disponga cuál es la autoridad de aplicación en la comuna para aceitar y asegurar los mecanismos de control.
UNA SOLA REUNION
Así lo confirmó ayer Pablo Martínez, edil radical que había formulado el proyecto vinculado y que no logró sanción aún. Según expuso, insistirá con su tratamiento durante la comisión de receso para arribar a la brevedad a una norma completa para la ciudad.
El proyecto planteado determina, además de las credenciales y formación de los docentes a cargo, el hecho de que la ordenanza comprenda a todas las instituciones que atienden a niños de entre 45 días hasta los 5 años de edad; la requisitoria de un examen psicofísico a renovar anualmente por todo el equipo de trabajo y la disposición de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia como autoridad de aplicación de la normativa. La cartera debería llevar un registro de entidades, además de efectuar el control, supervisión y asesoramiento de los jardines.
Mientras este último punto fue propuesto para concatenar los mecanismos de control provincial -anclados a los contenidos educativos- con los municipales en terreno, desde el bloque del Modelo Chubut se solicitó inclusive la conformación de un área específica de educación en la comuna.
Sin embargo, más allá de los planteos legislativos, fue el punto de mayor disidencia con el Ejecutivo municipal, ya que fue la misma Ana Llanos, titular de la cartera de Desarrollo, quien descartó la posibilidad de ser autoridad de aplicación señalando, entre otros factores, que la cartera sostiene sus propios jardines, como para entender además sobre los privados.
A esa conclusión llegó luego de que se conformara un equipo de trabajo “multisectorial” para analizar la ordenanza de jardines maternales, y que conjugó a la cartera mencionada y a los concejales junto con el Ministerio de Educación, la Oficina de Derechos y Garantías y Supervisión Escolar, aunque solo concretaron una reunión formal. Este es el mismo equipo interdisciplinario que Martínez volverá a convocar en días próximos.
“Es un tema con vigencia nacional”, dijo Martínez, en referencia a las “escuchas” que tomaron estado público en el jardín “Tribilín” de San Isidro, Buenos Aires.
“La coyuntura ratifica lo que se pretende desde mi proyecto, tanto para los trabajadores como las responsabilidades del Estado. Debe haber al menos una interacción más dinámica para seguir el funcionamiento de los mismos porque hablamos de menores, y el Estado no puede desentenderse de la obligación de velar por sus derechos y su integridad física y psíquica, más allá de la cuestión pedagógica” expuso.
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