Por: Raylí Luján.

Bloomberg Línea — El incremento del ingreso ilegal de refrescos desde Colombia a Venezuela ha perjudicado significativamente a la industria venezolana, poniendo en riesgo el empleo de 6.500 trabajadores directos y 32.500 indirectos.

Son más de 2.100.000 de cajas de colas negras las que pasan mensualmente a través de los estados fronterizos, Táchira y Zulia, este segundo al noroeste venezolano, donde el 43% de este tipo de bebidas consumidas en los hogares de la entidad es del contrabando.

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El elevado volumen ya equivale a lo que puede producir un fabricante en el país, de acuerdo a la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber). Sus representantes denuncian que además de amenazar la salud de los consumidores, también se está destruyendo el aparato productivo.

“El contrabando de productos fabricados por Postobón en Colombia equivale a un actor más de la industria nacional de refrescos. Este fenómeno ha venido creciendo a un ritmo muy importante. A esta velocidad, estamos proyectando que, en los próximos meses, el contrabando se convertirá en el actor más relevante del mercado (...) si no se toman las medidas correctas y oportunas, en los próximos meses, el país estará enfrentado lo que actualmente ocurre en el Zulia y esto es lo que debemos evitar”, dijo Carlos Palumbo, director ejecutivo de Anber.

Dijo que para las compañías fabricantes en esa entidad venezolana no resulta conveniente mantener sus operaciones frente a un escenario de competencia desleal. Solicitó que se tomen correcciones en cuánto al pago de aranceles e impuestos, que permitan igualar las condiciones y costos.

Palumbo también se refirió a los consumidores, a quienes les pidió aprender a identificar este tipo de productos que no presenta Código del Registro de Control de Productos Envasados (CPE), emitido por el órgano competente en materia de metrología ni número de registro sanitario emitido por el M.P.P.S.

La Asociación se mantendrá ejerciendo acciones legales ante las instancias competentes con el objetivo de que se cumplar el ordenamiento jurídico.