Por mayoría el oficialismo logró aprobar una ordenanza que establece infracciones y sanciones para las canteras que incumplan el convenio de buenas prácticas mineras. La oposición votó en contra ya que el nuevo esquema impone multas menores a la de la ordenanza sancionada en 2012 que luego fue vetada. Con los nuevos porcentajes “castigamos a los que cumplen con las buenas prácticas” expresó el concejal Mariano Ferro. El eseverrismo argumentó que los anteriores valores eran “confiscatorios” y que el nuevo esquema fue acordado por la “Mesa de Diálogo y Consenso”.
En medio de la polémica, el oficialismo logró aprobar con el voto doble de Presidencia una ordenanza que prevé infracciones y sanciones para las canteras que incumplan el convenio de buenas prácticas mineras.
La nueva norma enviada por el Ejecutivo establece que las empresas que realicen voladuras tanto primarias como secundarias fuera de los horarios permitidos serán sancionadas con hasta el 5% del total del importe que les corresponde pagar por la Tasa de Derecho de Explotación de Canteras y con un 8 al 12% del impuesto en caso de reiteración del incumplimiento.
Además prevé que aquellas empresas canteriles que realicen en simultáneo voladuras primarias y secundarias que no encuadren en las excepciones o no respeten el máximo de velocidad de partículas serán penadas con una multa de entre el 10% y el 20% de lo que abonan en concepto de Tasa de Derecho de Explotación de Canteras.
El proyecto del Ejecutivo desató fuertes cuestionamientos de los bloques opositores ya que impone sanciones más leves a la de la ordenanza sancionada en 2012, aprobada por unanimidad pero luego vetada por el Ejecutivo.
Aquella ordenanza establecía porcentajes del 50% de lo que las canteras abonan en concepto de Tasa de Derecho de Explotación de Canteras y de hasta el 100% en caso de reiteración. Además incluía la posibilidad de una clausura temporal – de 4 a 10 días- para la cantera que estaba en infracción.
Precisamente, varios de los ediles opositores recordaron que esos montos habían sido vetados por el Ejecutivo Municipal por considerarlos “confiscatorios”.
Desde FaUnen, Fernanda Araneo comparó los porcentajes de las sanciones de las dos iniciativas y pidió que se eleven en un 20% los valores previstos por el proyecto en tratamiento pero su moción fue rechazada.
Una de las voces más críticas fue la del concejal Mariano Ferro (Integración Peronista FPV) quien recordó que aquellas multas más duras habían sido acordadas incluso por los propios empresarios y dijo que con los nuevos porcentajes “castigamos a los que cumplen con las buenas prácticas” ya que un empresario que elige no cumplir “se puede ahorrar hasta cien mil pesos” en una voladura promedio.
El concejal Federico Aguilera calificó a las sanciones como “irrisorias” y las consideró una “burla” y agregó que el porcentaje de la Tasa de Explotación se obtiene “de la declaración jurada de las mismas empresas”. Advirtió que es deber del Municipio “controlar las declaraciones juradas de las empresas”.
La respuesta del bloque eseverrista la dio el presidente de bloque, Einar Iguerategui, quien se refirió a la “confiscatoriedad” de la anterior ordenanza y dijo que el nuevo esquema de sanciones fue acordado por la “Mesa de diálogo y Consenso” de la que “formaron parte no solo las empresas sino el Iteco, la Facultad y la Dirección Provincial de minería” subrayó.
Además sostuvo que las sanciones locales son más importantes “que los controles que hacen Provincia y Nación” y recordó que durante el mes en el que el proyecto estuvo en las comisiones del HCD los bloques opositores no realizaron propuestas.
Desde el PJ FPV Guillermo santellán contestó a “los paladines del diálogo y el consenso” diciendo que “agachan la cabeza ante los poderosos” y “hacen todo para la gilada” mientras “a la gente las piedras le entran por la ventana” sostuvo.
El proyecto finalmente fue aprobado por el doble voto de la Presidencia del HCD.
Entre otros puntos salientes de la sesión, el HCD avaló el proyecto de resolución del bloque del Frente Renovador para solicitar al Ejecutivo Nacional y al Energas para que se incluya a Olavarría como “zona de gas dependiente” tal como ocurre con las ciudades de la Patagonia y La Pampa.
La iniciativa se trató el mismo día que se conoció la resolución favorable del Juzgado Federal de Azul al recurso de amparo presentado por los usuarios que frena la suba hasta que se resuelva la cuestión de fondo y obliga a retrotraer el precio del gas al valor que tenía el 1 de abril de 2014.
Al proyecto se le agregó por iniciativa del concejal Mariano Ferro que el Ejecutivo Municipal acompañe la solicitud.
Durante la sesión asumió en reemplazo de Ernesto Cladera el concejal del Partido Socialista Daniel Demelli.
Comentá la nota