Cuando faltan apenas días para que se cumplan los 25 años de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba fijó fecha para el juicio oral que tendrá al expresidente Carlos Menem como único imputado.

El 24 de febrero de 2021 es el día fijado para el inicio de las audiencias del juicio oral y público que, en realidad, será complementario del que ya se concretó por la misma causa penal en 2014 y que culminó con las condenas a cuatro militares que cumplían roles directivos en la estatal Fabricaciones Militares al momento del hecho.

Menem no había sido incluido en ese juicio porque la Justicia Federal cordobesa le había dictado antes una falta de mérito a su favor, cuando había sido procesado junto a los militares.

Más tarde, en 2018 y tras una serie de apelaciones, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó revisar esa decisión y devolver el expediente a Córdoba.

En noviembre de ese año, el juez Carlos Ochoa, del Juzgado Federal de Río Cuarto –donde desde un comienzo se instruyó la investigación– volvió a procesar y a elevar a juicio a Menem, pero en este caso en soledad. 

Nuevas apelaciones interpuestas por su defensa dilataron el avance del proceso, hasta que quedó finalmente en firme la resolución. La acusación es como presunto "autor mediato" de estrago doloso agravado.  

A principios de 2020, en los tribunales federales provinciales se planteaba la posibilidad de que el juicio fuera a mediados de este año. Diferentes situaciones, más las dilaciones producidas por el escenario de pandemia, postergaron la fijación de la fecha.

Las audiencias para el 24 de febrero de 2021 ya fueron notificadas a las partes: la fiscalía, la querella y la defensa del expresidente.

Fuentes ligadas a la causa señalaron a La Voz que no hay recurso judicial posible ya para interponer y evitar el juicio. Salvo –se admite– que se argumenten razones de salud al momento del inicio de las audiencias.

Menem tiene 90 años de edad y actualmente es senador nacional por La Rioja.

El Tribunal Oral 2 de Córdoba está actualmente integrado por Carolina Prado, Noel Costa y Jaime Díaz Gavier.   

25 años atrás

Las explosiones del 3 de noviembre de 1993 dejaron siete muertos, más de 300 heridos y millonarios daños materiales en Río Tercero.

La causa judicial tuvo un demorado y tortuoso trámite, con decenas de idas y vueltas. 

Recién en 2014 –19 años después– hubo un juicio que terminó con condenas a dos militares que ocupaban en 1995 cargos de conducción en la planta militar de Río Tercero y a dos que eran directores de Fabricaciones Militares a nivel nacional.

El Tribunal Federal 2 que juzgó el caso concluyó, en similar tono al planteado por la fiscalía y la querella, que la voladura del sector de la Fábrica Militar que se dedicaba a la producción y carga de proyectiles de guerra fue “intencional, programado y organizado”, a los fines de ocultar las maniobras de ventas ilegales de armamento a Croacia, que entre 1991 y 1995 el Estado argentino promovió, a través de Fabricaciones Militares y con la planta de Río Tercero como centro operativo.

El fallo estableció la culpabilidad en un “aparato de poder” diseñado para lograr el ocultamiento de pruebas. Pero en las condenas sólo se concentró en mandos medios de esa presunta organización.  

Las cuatro condenas de 2014 fueron ratificadas en 2017 por la Cámara Nacional de Casación Penal. 

Ese tribunal de alzada, el mismo año, anuló el sobreseimiento a Menem, que volvió a la categoría de procesado, pero confirmó el del general Martín Balza, que había sido también investigado en su rol de jefe del Ejército durante aquellos años.

Gran parte del material exportado en forma clandestina a Croacia había sido recolectado antes de unidades del Ejército en todo el país. En Río Tercero, cañones y proyectiles eran “maquillados” para ser vendidos como nuevos luego, según probó la Justicia.

La causa "armas"

En la causa paralela por las ventas ilegales de armas hubo condenas en los Tribunales de Buenos Aires a una decena de exfuncionarios y militares. 

Menem, entre ellos, recibió una pena de ocho años de prisión por “contrabando agravado”, que fue apelada. 

En octubre de 2018, la Cámara de Casación Penal resolvió sobreseer al expresidente de ese caso, argumentando la prescripción por exceso “de plazo razonable” para cerrar la causa, dados los años transcurridos.  

Ese fallo fue a la vez apelado por fiscales y querellas y su resolución final está aún en manos de la Corte Suprema.

En el caso de las explosiones de Río Tercero, hasta ahora los fallos judiciales no han dado lugar a los planteos de prescripción por exceso del tiempo transcurrido.

El abogado defensor de Menem en esta causa viendo siendo Rodolfo Daer. La querella sigue representada, como desde el origen de la causa, por los abogados Ricardo Monner Sanz, Aukha Barbero y Horacio Viqueira, en representación de las hijas de Ana Gritti.

Gritti fue la esposa de una de los siete víctimas fatales que dejó la voladura de 1995. Poco después, se constituyó en la única querellante penal del caso. Falleció en 2011, antes de que la Justicia le diera la razón en su postura de que el caso había tenido un origen intencional y programado.