Por: Jorge Liotti.

El Gobierno enfrenta esta semana dos pruebas cruciales en su intento por demostrar que puede pasar de una fase inicial de ciertos logros inmediatos, de corto plazo, a una etapa de estabilización más estructural, de mediano término. Hasta el momento consiguió moderar la inflación (la que heredó y la que disparó la devaluación que dispuso en diciembre), estabilizar el dólar, mejorar las reservas del Banco Central y ejecutar un tremendo ajuste fiscal sin que la conflictividad social desbordara.

Pero en la propia Casa Rosada admiten que estos avances no son sustentables en el tiempo porque están basados en decisiones coyunturales como la postergación de pagos y el atraso de aumentos salariales y jubilatorios. La merma en la recaudación, producto de la recesión, les está marcando que solo con recortes no van a poder sobrevivir, y que la necesidad de una reactivación económica rápida es un imperativo. El karma de Javier Milei de derrotar la inflación, aunque aún esté lejos de cumplirse, se empieza a manifestar insuficiente si no es acompañado por una recuperación del poder adquisitivo. Por eso es un momento crítico para la transición entre la gestión inicial de la emergencia y el despliegue de un proyecto de gobierno sostenible.

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La hoja de ruta oficial, muy nítida en su aspecto fiscal, es menos clara en el plano productivo. ¿Cómo se producirá una recuperación de la actividad económica sin recurrir, como hicieron otras gestiones, al Estado como motorizador de la obra pública o el consumo? “Con las herramientas del mercado”, responden. Traducido eso significa apelar a que la moratoria y el blanqueo incluido en el paquete fiscal, sumado al incentivo a las grandes inversiones de la ley Bases, generen un clima de negocios atractivo. Pero fundamentalmente, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, apelan al levantamiento del cepo como gran estimulador; esa es la carta principal que esgrimen para alimentar expectativas. El problema es que hoy no están en condiciones de hacerlo sin correr el riesgo de generar un descalabro monetario.

Luis Caputo durante su presentación en AmChamPilar Camacho - LA NACION

Y aquí emerge el primer desafío que enfrentarán esta semana. Caputo, acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, participará de la Reunión de Primavera del FMI. Allí insistirá con su pedido para lograr un desembolso de US$15.000 millones que le permita adelantar el levantamiento del cepo. El argumento ante los técnicos del organismo es: les conviene ayudarnos porque cuanto antes removamos las restricciones, más rápido nos recuperaremos y así podremos pagarles. Demasiado lineal para un Fondo que está escaldado con la Argentina y que tiene como principal objetivo reducir la sobreexposición de deuda que tiene con el país.Elogian el rumbo tomado, valoran el sobreajuste que está haciendo Milei (más allá de pedir algo de sutileza), pero no quieren comprometerse con más dinero en el país. “Está muy difícil la negociación”, admiten en el Gobierno.

Por eso se activó otra parte del plan, que estará a cargo del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien también será parte de la comitiva. Su objetivo será político: se reunirá con funcionarios de la administración de Joe Biden para tratar de lograr un mayor involucramiento de Estados Unidos en el board del FMI. Lo mismo que hizo Santiago Cafiero en enero de 2022 cuando Martín Guzmán no podía destrabar la negociación técnica. “Vamos a intentar que todos los gestos de apoyo simbólico que nos viene dando el gobierno norteamericano se transformen en un respaldo concreto en un momento en el que realmente lo necesitamos”, argumentan en la Casa Rosada. Pero hay dos obstáculos a superar. Uno, que Biden está en un año electoral y su atención tiene otras prioridades (más desde este fin de semana con la crisis en Medio Oriente). El otro, que Milei ha sido muy explícito en el sentido de que prefiere que gane Donald Trump. “Viste cómo es Javier”, es la respuesta que se repite cada vez que hay una contradicción entre los objetivos del gobierno y la gestualidad del Presidente. Una manera de exculparlo, como si fuera un niño terrible al que no se puede controlar, que les sirve para minimizar esas incongruencias.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, junto con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de los Estados Unidos, Jay Shambaugh, en Washington.En busca de revancha

La segunda prueba decisiva de esta semana estará en el Congreso, donde debería retomarse la discusión de la versión acotada de la “Ley de bases” y del pacto fiscal. Tanto en el Gobierno como en la Cámara de Diputados, todos los actores coinciden en que esta vez hay un escenario más propicio para su aprobación porque se recortaron muchos de los artículos más conflictivos y porque hubo un diálogo previo con los legisladores y gobernadores. Por primera vez se escuchan voces de auténtica autocrítica en el Gobierno respecto de las arremetidas furiosas del inicio de mandato. También algunas admisiones de que hubo una subestimación del tamaño del desafío de administrar el Estado. “Yo estuve en cargos importantes en el sector privado y a cargo de grandes proyectos, pero esto es otra cosa, la escala es infinita”, reflexiona ahora un importante funcionario de confianza del Presidente.

Aunque Milei diga que no necesita esas leyes porque puede seguir haciendo el ajuste con resoluciones, un segundo fracaso legislativo en menos de dos meses sería muy negativo para proyectar una idea de gobernabilidad. Demostraría que su plan no puede escapar del coyunturalismo y postergaría cualquier intención de reformas estructurales, al menos hasta 2025. Empezaría a deshidratarse la promesa de una gestión transformadora.

Al igual que con el FMI, hay algunos inconvenientes en el camino. El primero, probablemente el más manejable, es que los bloques dialoguistas entienden que todavía hay que hacer algunos cambios en las normas. No son cuestiones troncales como en febrero, pero pueden chocar contra la postura de un Gobierno que entiende que ya hizo demasiadas concesiones. Con algo de habilidad negociadora, deberían resolverse esas diferencias. Pero el temor de fondo en realidad reside en las reacciones que pudiera tener Milei ante eventuales cambios. “Viste cómo es Javier”. En la Casa Rosada plantean que si otra vez los diputados se sumergen en modificaciones inciso por inciso la reacción volverá a ser retirar el texto del debate. Los diputados de los bloques dialoguistas también son conscientes de que no tienen mucho margen para propinarle otro revés al Gobierno sin exponerse a la reprobación social. “Si no sacamos la ley, nos matan, quedamos como los que obstruimos el cambio, somos casta”, admite uno de los más cooperativos del Pro.

Martín Menem junto al diputado Oscar ZagoHernán Zenteno - LA NACION

El otro problema reside en la mala praxis libertaria en materia legislativa, producto de la inexperiencia que los llevó a encallar la primera versión de la ley. Una limitación que volvió a quedar expuesta esta semana con la crisis interna del bloque de La Libertad Avanza (LLA). Podría haber sido una divertida comedia de enredos si no se tratara de los diputados que deberán defender el proyecto que define el futuro del Gobierno y de que provocaron un posible retraso de una semana del dictamen.

Pero exhibió mucho más que la naturaleza exótica de la integración parlamentaria de LLA. Expuso un cortocircuito en la cúspide del poder, entre el Presidente y su hermana Karina. Él, totalmente desinteresado en la rosca menor, le mandó un emoji con pulgares en alto a Oscar Zago cuando lo consultó sobre la designación de Marcela Pagano en la presidencia de la comisión de Juicio Político. “Javier te manda siempre el mismo emoji, pero es como un recibido, muchas veces ni lee el mensaje, así es él. Cuando te quiere decir algo te responde”, ilustra un interlocutor habitual.

La que sí percibió la movida fue Karina, quien reaccionó de inmediato a través de su socio en el Congreso, Martín Menem. Ellos integran el ala autónoma de LLA, la que recela de una integración más firme con el Pro. Zago, que llegó a impulsar a Cristian Ritondo para la presidencia de la cámara, está en la línea acuerdista. A él le imputan mal manejo del bloque y falta de sintonía con la cúpula libertaria, además de un enfrentamiento claro con Menem. Tan confuso fue todo el episodio que la comunidad virtual libertaria quedó desconcertada. Uno de los que conoce de cerca esa militancia digital se mostraba sorprendido de cómo las 50 cuentas más cercanas a Milei, que son las que marcan agenda, se quedaron en silencio; y las 4000 que los siguen y en general amplifican sus contenidos, empezaron a reclamar alguna señal que los orientara en la niebla.

Evento de preafiliación y lanzamiento de La Libertad Avanza en CABA. Con la presencia de Karina Milei, Martín Menem y Bertie Benegas Lynch.Fabián Marelli - LA NACIÓN

Pero el dato más saliente de este capítulo fue la confirmación del rol de Karina Milei, que dejó de ser sólo el factor de contención de su hermano y el filtro de su círculo cercano para posicionarse como la conductora política del espacio. Cada vez se nota más por qué Milei le dice “el jefe”; puede imponerse en ciertos temas. Ella es más que la guardiana de la pureza del proyecto y la que más recela de un acercamiento con el Pro por temor a un desperfilamiento. Es la dueña de la franquicia que tiene como figura estelar a su hermano. El emprendimiento no funciona sin él, protagonista absoluto de la escena; pero ella es la titular de la empresa. Cada vez acumula más poder, y también más enojados, desde los pioneros Carlos Kikuchi y Ramiro Marra, hasta Victoria Villarruel, Zago y Pagano. Su visión de experta tarotista marca la línea entre los que pueden permanecer cerca y los que son desterrados.

A estos factores se agrega una dificultad adicional de la gestión libertaria que es la confusión entre el acuerdismo como actitud y el acuerdo como compromiso. El Gobierno pasó a practicar un acuerdismo basado en diálogos y en un comportamiento más comprensivo de los actores políticos, pero no logra transformar ese espíritu en pactos sellados. Le ocurrió con la primera “Ley de bases”, donde entendió que tenía los votos y después terminó hablando de traición, y le podría volver a pasar ahora de nuevo. Emerge una dificultad estructural para generar compromisos sólidos donde parece haber sembrado algo de confianza. Se nota cada vez que hay una reunión con gobernadores o legisladores. Los funcionarios dan por hecho un entendimiento y sus interlocutores siempre son más escépticos. Es indisimulable que el mundo libertario y el de la dirigencia política son cuerpos extraños.

Mi amigo gremialista

Algo de eso volvió a ocurrir esta semana con los gremios. Tras la reunión con la CGT del miércoles, en la Casa Rosada había un entusiasmo por haber reconstruido el vínculo con el mundo sindical. Todos se sorprendieron con la irrupción de Santiago Caputo en ese encuentro, en el cual hizo un claro reconocimiento del error que significó no haber dialogado antes de firmar el capítulo laboral del megaDNU y prometió esfuerzos para enderezar el vínculo. Los gremios devolvieron gentilezas: no hablaron de los despidos en el Estado y murmuraron aprobación a una reforma laboral light. Allí se mencionó que al día siguiente la central obrera se reuniría y que estaba pendiente una definición sobre el paro. “Hagan lo que tengan que hacer”, les dijeron entre Caputo, Posse y Guillermo Francos. Pero en realidad confiaban en que en función del clima de la reunión, no irían a una medida de fuerza.

La cupula de la CGT entrando a casa Rosada para tratar la reforma laboral.Hernan Zenteno - La Nacion

El jueves, cuando los jefes gremiales decidieron poner fecha a la huelga, los funcionarios quedaron sorprendidos, más allá de que habían sido advertidos. ¿Qué pasó? “Por un lado, en la reunión de la Casa Rosada no estuvieron varios sectores duros, como transporte, metalúrgicos, luz, gas, docentes. No era una delegación representativa de todos. Segundo, no se terminó de resolver la paritaria de Camioneros, y eso complicó”, sintetizó uno de los sindicalistas. Héctor Daer, que intentaba postergar una decisión, esperó hasta minutos antes de la reunión de la CGT una señal del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para saber si se había destrabado la homologación que había pedido Hugo Moyano. En el entorno del funcionario argumentan que no lo podían resolver porque hay cuatro impugnaciones a la paritaria de cámaras del interior y que se trata de una cuestión técnica. Los gremios creen en cambio que es una cuestión económica porque el ministro Caputo les pone un techo. El tema tensionó el vínculo entre Cordero, más proclive a desactivar el conflicto, y el titular de Hacienda, obsesionado con no estimular la inflación. Es una relación que habrá que seguir con atención. De todos modos, el tema podría resolverse esta semana, porque curiosamente en el Gobierno ahora domina una mirada más comprensiva respecto de los gremios. “Lo que reclama Camioneros es justo, no tuvieron una actualización en los últimos meses, solo hay que ver cómo instrumentarlos”, dijo uno de los hombres cercanos al Presidente. Habrá que ver cómo lo digiere Toto.

Con quienes no piensan tener piedad es con las empresas de medicina prepaga, no solo por los fuertes aumentos que instrumentaron sino porque pusieron en duda la máxima presidencial de que “no hay fallos de mercado”. Es una herida filosófica para el principio libertario. Según el Gobierno, se trata de un desvío porque hubo colusión y cartelización. También podría ser una señal de advertencia de las dificultades de aplicar un liberalismo silvestre en un país que convivió siempre con un entramado regulatorio muy ramificado.

Isela Costantini, CEO de Grupo Financiero ST; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group, y Gustavo Grobocopatel, accionista de Grupo Los Grobo, participaron del 40° congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)Mauro Alfieri - La Nación

Entre las integrantes de la Unión Argentina de Salud (UAS) la ofensiva oficial generó divisiones y discusiones. Cuando el Gobierno liberó los precios hubo un cruce entre los que querían recomponer gradualmente en un plazo de un par de años, y los que pedían recuperar rápidamente el atraso con el argumento de que no sabían cuánto duraría el gobierno. Este segundo grupo lo encabezó Claudio Belocopitt, con un fuerte incentivo de prestadoras del interior del país, especialmente el cordobés Marcos Lozada del Sanatorio Allende. El Gobierno terminó embistiendo contra todas las prestadoras y apuntando a Belocopitt (a quien sus pares le pidieron que bajara el perfil), por su vínculo con Sergio Massa. Intervino en el tema Mario Lugones, virtual ministro de Salud sin cargo, para pedirles a las prepagas congelar por dos meses los valores. La respuesta fue: “Solo si nos garantizan que los insumos, los salarios y los sanatorios también se frenan”. Las empresas intuyen que no hay voluntad real de acordar. Mientras espera sanciones de parte de Defensa de la Competencia, el Presidente ordenó rechazar todos los pedidos de reunión que hicieron desde el sector de la salud. Reclamó sanciones, no acuerdos. Será un caso testigo para exhibir severidad.

El incremento de las prepagas, como ocurrió con los combustibles (sector con el que el Gobierno es más comprensible porque aduce que también influyen los precios internacionales), confluyen con el momento más temido por el Gobierno: el impacto de las subas en la luz, el gas y el transporte. Se pondrá a prueba la tolerancia social real, la que miran de cerca en la Casa Rosada, donde entienden que las movilizaciones organizadas no simbolizan una amenaza porque la crisis de representación de los gremios y de los movimientos sociales les quita legitimidad. El asunto es si los ciudadanos no organizados empiezan a restar apoyo. El politólogo Andrés Malamud sostiene que “en los estudios de opinión pública hay respuestas mayoritarias de la gente que dice que la está pasando muy mal, y al mismo tiempo cree que en el futuro le va a ir mejor. Este es un gobierno que no está basado en realizaciones, está basado en expectativas. Y hasta ahora la gente le cree al Presidente porque tiene algo que el resto de los políticos no tienen en abundancia, que es ejemplaridad, que vive como el promedio de las personas”.

Y es parte del enigma Milei, cómo conecta con ciertos sectores de la sociedad, a pesar de no ser una figura empática, de no mostrar nunca cercanía personal. Otro politólogo, Pablo Knopoff, apela a una explicación: “Hay tres ejes discursivos que generan conversación: la Argentina como país; los argentinos de a pie, los no privilegiados; y los argentinos privilegiados o casta. Milei está muy enfocado en solucionar los problemas de la Argentina, en gran parte generados por la casta, a la que castiga duramente. Así genera una representación lateral con los argentinos no privilegiados, que comparten su mirada. Les habla de la Argentina y contra la casta, y así logra representarlos, a pesar de que tiene una dificultad para conectar emocionalmente con ellos”.

Un análisis clásico diría que un líder que disfruta mucho más de compartir una charla futurista con Elon Musk que embarrarse en el conurbano con los que hoy no llegan a fin de mes va a encontrar muchos problemas para afrontar el escenario social que tiene por delante. Pero Milei parece haber activado otro resorte emocional en la gente. Un mecanismo invisible que lo mantiene a flote pero cuya resistencia está siendo sometida a una dura prueba.