.Por Irina Hauser

En los últimos días quedó al desnudo en el juicio de la obra pública en Santa Cruz la trama de vinculaciones entre jueces, fiscales y exponentes de la política como el propio Mauricio Macri. Partidos de fútbol en la quinta del expresidente, visitas al Ministerio de Seguridad y a la Casa Rosada. Tal vez esto explique la insistencia de los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola, al exponer el rechazo a sus recusaciones, en negar la existencia del "lawfare" (palabra que usó Luciani) al que parecen otorgarle --en realidad-- un status de normalidad. Pero en esa telaraña de todos con todos faltaba algo, una pieza que fue sustancial en el macrismo para persecución judicial y el armado de expedientes: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). A través de un pedido de acceso a la información pública Página/12 pudo constatar que el fiscal Mola no sólo ingresó a la casa de gobierno en junio de 2016, sino que tiene dos ingresos a la sede de la central de espías, uno el 22 de abril de aquel mismo año y otro el 15 de febrero de 2018.

Por esa época todavía podía suceder que la AFI se metiera en investigación o inteligencia criminal siempre que hubiera una decisión formal de los directivos, según la ley. El gobierno actual, en 2020, estableció una reforma por decreto para que el organismo dejara de actuar como auxiliar de la justicia. Según fiscales consultados por este diario, aún en tiempos en que podía haber vínculo judicial con la agencia, los pedidos o indicaciones se hacían por oficios, por escrito, no se entiende cuál sería la razón para ir al organismo e incluso permanecer varias horas con autoridades. En su visita de 2016 Mola fue a la hora del almuerzo, 13.30, y no figura el horario de salida. Fue al despacho de la exnúmero dos, Silvia Majdalani. En la de 2018, fue a ver al director de Exterior y estuvo desde pasadas las 13 hasta las 16. Según el pedido de acceso a la información que envió este diario, Luciani no registra ingresos al organismo.

Una visita sugestiva

La segunda visita de Mola a la AFI tiene una coincidencia temporal con uno de los temas que forma parte del paradigma del uso del sistema de espionaje por parte del macrismo en combinación con el aparato judicial. En octubre de 2017 la AFI macrista, al mando de Gustavo Arribas, hizo una presentación ante la justicia federal de Lomas de Zamora con la conjetura de que podrían ocurrir supuestos actos de terrorismo teniendo en cuenta que para diciembre de 2018 estaba prevista la reunión del G-20 en la Ciudad de Buenos Aires. Como fiscal de Lomas, Mola decidió impulsar la causa a pedido del organismo en un dictamen donde daba crédito a "los niveles de amenaza que representan este tipo de eventos masivos, en el que participarán líderes mundiales diferentes". Ese expediente sirvió de ropaje legal para espiar a dirigentes políticos. Así fue que apareció un auto de la AFI en la puerta del Instituto Patria y otros que merodeaban la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner. El tiempo demostraría la ilegalidad, que hasta confirmó este año la Corte Suprema integrada por conjueces al ratificar los procesamientos de Arribas y Majdalani por esos hechos, al violar la ley de inteligencia.

Aquel expediente que impulsó Mola tuvo grandes particularidades. En él, por ejemplo, la AFI informaba a fines de julio de 2018 que un agente había escuchado en una plaza de Avellaneda a un grupo de personas "antisistémicas" organizadas planificar alguna acción o atentado contra CFK que tuviera repercusión para difundir "ideas anarquistas" y generar clima de inseguridad. El 7 de agosto un auto de la AFI se instaló frente al Instituto Patria y según dictaminarían los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide tras investigar las irregularidades, hubo orden de vigilar la vivienda de la expresidenta por parte de la cúpula de la AFI. Las indicaciones impartidas a los agentes indicaban "observar y registrar a las personas que entraban y salían del lugar, y también si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación o dinero", pero nada relacionado con el terrorismo. Mola alentó habilitar algo que quería hacer la AFI: tener acceso remoto a cámaras de seguridad de la Ciudad y a la línea 911 en tiempo real. El visto bueno final lo dio el juez Federico Villena.

Más allá de que tiene a su cargo una fiscalía federal de Lomas de Zamora, Mola fue nombrado fiscal general adjunto en diciembre de 2018 y en 2019 el procurador interino Eduardo Casal lo designó específicamente para actuar en dupla con Luciani en el juicio de Vialidad. En una foto de la jura de Mola publicada por el propio Ministerio Público Fiscal y que el ministro de Justicia, Martín Soria, compartió en twitter, se ve aplaudiendo en primera fila a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo y al procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. Junto con esa imagen, Soria reveló que Mola había entrado a la Casa Rosada el 16 de junio de 2016 a las 15.06. Se dirigió a la Secretaría Legal y Técnica, por entonces a cargo de Pablo Clusellas, exponente de la llamada "mesa judicial" del macrismo.

Mola es un fiscal de carrera, que pasó por la unidad antidrogas cuando estaba a cargo del fiscal Alberto Gentili y que fue denunciado por compartir fiestas con abogados de narcos. Gentili fue recientemente nombrado en la Procuraduría de Violencia Institucional. A Mola en tribunales le atribuyen una buena performance en causas de lesa humanidad. Según el sitio El Destape visitó también el ministerio de Seguridad el 7 de abril de 2017 para ir a la subsecretaría de articulación legislativa y el 17 de agosto de ese año fue a ver a la propia Bullrich.

Recusaciones

Las recusaciones fueron el gran tema de la audiencia de este viernes en el juicio de Vialidad. En el caso de Mola, por su paso por la Casa Rosada, que no explicó con precisión. El fiscal Luciani y uno de los jueces que a veces preside el tribunal y que debe evaluar su acusación, Rodrigo Giménez Uriburu, fueron cuestionados por varias defensas ante la sospecha de parcialidad no sólo porque se conoció que juegan en el mismo equipo de fútbol, el Liverpool, desde hace cinco años y casi todos los fines de semana, sino que fueron a jugar en Los Abrojos, la quinta de Macri. El arquero del equipo, para más detalles como reveló Raúl Kollmann, es el presdiente de la Cámara Federal de Comodoro Py Mariano LLorens, uno de los jueces que sobreseyeron a Macri en la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan, junto con los jueces nombrados a dedo en ese tribunal, por traslado, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Luciani intentó minimizar el vínculo con el juez al decir que es lo más habitual del mundo que los funcionarios judiciales compartan partidos de fútbol o eventos sociales, pero no dijo nada de Los Abrojos. Según el Código procesal, agregó, la amistad no es causal de recusación. Con planteos como que los quieren "callar" en pleno alegato y que no tienen ningún lazo político, los dos fiscales pidieron que se rechacen su recusaciones.

Alberto Beraldi, el abogado de CFK, recordó que basta con que exista un "temor" a la pérdida de objetividad del fiscal o la imparcialidad del juez, para cuestionar su participación en el juicio. "En eso incurren quienes van a un evento en la casa de un ciudadano que ejerce el cargo de presidente de la Nación, que además venía con esos antecedentes”, dijo. "Este juicio está herido de muerte", afirmó también. La defensa de la vicepresidenta sumó al pedido de apartamiento de Luciani y Giménez Uriburu otro que causó sorpresa: el del juez Jorge Gorini. Los dos jueces, según se señaló en la recusación, fueron al ministerio de Seguridad a reunirse con Bullrich el 23 de agosto de 2018, cuando ya tenían a cargo el caso de la obra pública. En teoría iban a hablar de proyectos de lucha contra el narcotráfico. Bullrich era una de las denunciantes del expediente. Gorini había ido el año anterior también, según el registro único de audiencias de la administración pública.

Y Casación también

Cuando se conocieron, el año pasado, las visitas asiduas de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, ante una consulta enviada desde ese tribunal la Comisión Iberoamericana de Etica Judicial (CIEJ) sostuvo que estaba cuestionado y desaconsejado "de manera terminante" una "familiaridad" y los encuentros entre funcionarios judiciales y políticos. Ambos jueces fueron claves en algunas causas donde en los dos últimos años otros tribunales aseguraron que no había delito (sino un armado), como la del Memorándum con Irán. Algunos jueces, juezas y fiscales se han animado a desmontar el uso de expedientes para persecución política y otros, como se escuchó en el caso vialidad, dicen que no ha existido ni sigue existiendo el "lawfare", en medio de un juicio donde hasta ahora nadie exhibió ni una prueba concreta que comprometa penalmente a la vicepresidenta. Cuando este proceso termine, Borinsky y Hornos serán dos de los encargados de revisar los cuestionamientos que se presenten, porque así lo ratificó la Corte Suprema.

Según pudo verificar Página/12, el casador Hornos no sólo visitaba la sede presidencial sino que también fue a la AFI, y no en cualquier momento. Fue a ver a Arribas el 16 de octubre de 2018. Unos días después, el 25, firmaba junto con Borinsky y Guillermo Yacobucci el rechazo a medidas de prueba que CFK le reclamaba al tribunal oral. Luego seguirían otras decisiones en la misma línea. Cartón lleno.