La insistencia de los organismos de derechos humanos para que se investigue y sancione a los seis diputados libertarios que visitaron a los genocidas el 11 de julio pasado no tuvo el efecto esperado en ninguno de los bloques opositores, ni siquiera en Unión por la Patria -desde donde piden que se indague- consiguieron darle una resolución al tema. Aunque se esperaba que esta semana haya un nuevo encuentro del plenario de comisiones de Peticiones y de Asuntos Constitucionales, en las últimas horas, quedó en suspenso su realización, ante las dificultades de las diferentes fuerzas políticas de la oposición para arribar a un consenso. 

Para el oficialismo, el asunto se cerró con los descargos por escrito de Alida Ferreyra, María Fernando Araujo, Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci. El único que optó por no pronunciarse de ninguna manera fue Beltrán Benedit, el diputado que organizó la excursión a la cárcel. Lourdes Arrieta, que ya no es parte de La Libertad Avanza, presentó una extensa nota de 24 páginas y, en simultáneo, acudió a la última reunión en el Anexo C. "¿Qué más quieren? Ya explicó cada uno porqué fue y listo", dijeron desde la bancada que conduce Gabriel Bornoroni. 

En el PRO, piensan más o menos lo mismo. Desde un comienzo en ese bloque eran partidarios de acortar el debate y emitir un repudio. Sólo unos pocos estaban dispuestos a acompañar algún tipo de "sanción menor", siempre que eso ayudara a dejar atrás las críticas opositoras a los libertarios por algo que a casi todos incomoda. Silvia Lospennato, presidenta de Peticiones, y Silvana Giúdici se mostraron en contra de que se abra una investigación sobre el accionar de los diputados libertarios, como solicitó Unión por la Patria. 

El reclamo de los peronistas, que en un comienzo tenía apoyo de otros espacios de la oposición, se fue diluyendo de poco. En la bancada que lidera Germán Martínez saben que no tienen los votos para imponer una investigación, mucho menos para amonestar de manera ejemplar a quienes se reunieron con Alfredo Astiz y otros represores. Los radicales eligieron correrse, salvo algunas excepciones como Fernando Carbajal. En Encuentro Federal sostienen que están a la espera de los que "resuelvan los demás" y recién ahí decidirán qué postura adoptarán.   

A ninguno se le escapa, ni a oficialistas ni a opositores, que la llegada de Javier Milei a la presidencia cambió de manera abrupta el modo de hacer política y, con ello, la dinámica del Congreso. La Cámara de Diputados está muy lejos de ser aquella que impidió que asumieran sus bancas Antonio Domingo Bussi, en 1999; y a Luis Patti, en 2005; por estar acusados por haber cometido delitos de lesa humanidad. Ni siquiera de la que se escandalizó en 2020 con el legislador peronista Juan Ameri, que fue presionado para que renuncie por haber besado un seno en medio de una sesión virtual.   

A esta altura, el tour a Ezeiza se transformó en un problema al que nadie le encuentra solución. Pero, sobre todo, "quedó fuera de agenda", como dijo a BAE Negocios un legislador peronista. "Va a quedar todo en la nada. El tema está terminado", se animó a augurar uno de los seis legisladores cuestionados.    

Lo que terminó de desinflar la discusión en el terreno parlamentario fue el fallo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que días atrás desestimó la denuncia de Arrieta contra algunos de quienes eran sus compañeros de bancada por presuntas presiones luego de la visita a los genocidas.  

Un primer indicio en ese sentido es que la reunión del plenario de comisiones que estaba previsto para esta semana, se pospondría, sin ninguna fecha a la vista.