Por cierto, la provincia de Salta no es la única en la que es posible constatar situaciones tan graves, pero permite componer un catálogo representativo de prácticas y acciones aberrantes, en la mayoría de los casos asociadas con la criminalidad.  

En los últimos meses, los escándalos políticos se multiplicaron en “La Linda”, el territorio gobernado por Juan Manuel Urtubey. Dentro de los últimos casos más resonantes se cuentan los de los intendentes Alfredo Llaya (Embarcación), quien inauguró un puente sin preocuparse de cubrir mínimos requisitos de seguridad, y Julio Jalit (Pichanal), quien explota su finca utilizando mano de obra esclava. Ambos alcaldes se suman al círculo selecto integrado por Rubén Méndez(Salvador Mazza) y Leopoldo Cuenca (Rivadavia Banda Sur), afectos al ejercicio de la violencia de género, la usurpación de tierras, la malversación de fondos y su explícito desprecio por las formas institucionales.

El caso de Méndez recorre todo el espinel delictivo. El 21 de diciembre de 2016 fue denunciado por su mujer, Viviana Llevara, por violencia de género y agresiones físicas y psicológicas reiteradas, que incluyeron además encierro compulsivo y amenazas de echarla de su trabajo y de denunciarla por falsos delitos. En mayo del año anterior Llevara había pedido su exclusión por la violencia a la que la sometía y por los golpes que le daba delante de su hija. Por más que los vecinos organizaron una numerosa movilización, con carteles que exigían “Basta de violencia, no queremos esa clase de intendente maltratando a una mujer”, la cuestión no pasó a mayores, ya que el propio Méndez se negó a convocar a la reunión extraordinaria del Concejo Deliberante que debía tratar su suspensión por un plazo de uno a tres meses. Fue un llamativo caso de transparencia institucional, donde el victimario ejerce la potestad de decidir si debe ser juzgado o no.

Finalmente, la Justicia labró la imputación por esta causa, y lo citó en dos ocasiones en el mes de enero de 2017. Méndez no sólo no asistió, sino que despidió a su ex esposa de su cargo de auxiliar administrativa en el área de Juventud del municipio de Salvador Mazza, con el argumento de que la mujer había faltado quince días durante el mes anterior, sin que fueran tenidos en cuenta los comprobantes de que la ausencia se había debido a un cuadro de estrés y alergias provocado por las agresiones y ataques del intendente.

La violencia de género no fue el único delito con que se lo vincula, ya que unos meses antes, el 14 de febrero de 2016, gendarmería detuvo en Monte Quemado a un camión que transportaba 267 kilos de cocaína. La camioneta que lo escoltaba, y que consiguió “milagrosamente” escapar habría sido conducida por Mauricio Gerónimo, concejal de Salvador Mazza y uno de los laderos más cercanos del intendente golpeador. Gerónimo se mantuvo prófugo, pero no se privó de declarar por Facebook al diario local Noticias Pocitos: “Es Méndez. Me cagó, pero lo voy a aclarar”. Jamás lo hizo.

La situación se presentaba engorrosa para Méndez, por lo que decidió solicitar una licencia de cinco días. Quien lo reemplazó, Alejandro Maurín, que había sido su socio en una empresa de distribución de gaseosas, cayó preso por la misma causa de tráfico de drogas mientras realizaba la suplencia.

Lejos de aquietarse, las aguas se pusieron más turbias aún. En el mes de junio una protesta de municipales llenó a su casa de huevazos, en reclamo por un atraso de tres meses en el pago de sueldos y por la contratación de más de veinte familiares en puestos públicos.

El Concejo Deliberante, finalmente, aprobó el juicio político por violencia de género, “falta de gestión”, negativa a responder los pedidos de informes solicitados, una demora de cinco meses en la presentación del presupuesto, atrasos en los pagos de los sueldos a los municipales (situación que, en el caso de los concejales, se extendía a más de un año), desaparición de la recaudación del peaje cobrado a los camioneros que atraviesan el municipio, etcétera. El 15 de junio de 2017 fue removido de su cargo por ocho votos a uno.

Sin embargo, Méndez resistió y continuó siendo intendente, gracias a la presentación de una apelación ante la Corte de Salta, que demoró indefinidamente su resolución. En el mes de septiembre del año pasado le hicieron tantos piquetes que no le quedó más remedio que trasladar su despacho, durante varias horas, a una estación de servicio.

Pero la proximidad de Méndez con el narcotráfico volvió a tomar estado público en el mes de mayo de 2018, cuando la policía de Tucumán realizó 16 detenciones en esa provincia. La cocaína procedía de Bolivia, y era introducida en el país por un ciudadano norteamericano. Al momento de producirse su detención, el yanquee no estaba solo, sino que lo acompañaba otro importador: nada menos que Jesús Enrique Méndez, hermano del intendente de Salvador Mazza.  

La detención de su hermano por tráfico de cocaína vino a sumarse a los ya sonados casos de otros miembros del entorno del intendente Méndez, Gerónimo y Maurín. Por más que el alcalde trató de despegarse del tema, declarando que: “Nos veíamos en reuniones familiares y de lo que menos hablábamos era de trabajo. Cada uno tenía su trabajo y yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Me enteré de todo por los medios”, no le quedó más remedio que admitir que la esposa de su hermano Jesús se desempeñaba como Tesorera municipal, y que tanto ella como su hermano vivían con su madre, por los que los veía regularmente. Más aún, su propio hermano narcotraficante habría sido uno entre la veintena de familiares empleados por Méndez en su municipio.

El nepotismo y la violencia no dejan de acompañar a Rubén Méndez. En el mes de enero de este año, Javier Yurquina, padre de cuatro hijos, quien se desempeñaba como recolector de basura, falleció de inanición como consecuencia de la huelga de hambre que inició al ser despedido de manera injustificada por el intendente. En el pasado mes de julio, Benicio Coca se impuso en las elecciones para la presidencia del Centro de Jubilados, derrotando a la presidente anterior, Raquel Jaime. La situación resultó inadmisible para Méndez, ya que Jaime es su madrina y operadora política, por lo que, de un plumazo y sin argumentos valederos, decidió desplazar a Coca y reponer a Jaime. Lo primero, para Méndez, es la familia.

En vista de estos antecedentes, el diputado Manuel Pailler solicitó en la Legislatura provincial la intervención de la intendencia de Salvador Mazza. En vano. Su pedido no obtuvo dictamen aún, y la protección de que goza Méndez a nivel del poder judicial y del gobierno provincial dan rienda suelta a las elucubraciones más tenebrosas de la oposición. ¿Por qué se protege de este modo aMéndez, pese al costo político que esto supone? ¿Qué intereses estarán detrás del jefe comunal depuesto que no resulta posible remover de su cargo y qué vínculos o situaciones podrían salir a la luz en caso de ser sometido a un juicio público?

Llamativamente, Méndez ha hecho tantas cosas en muy poco tiempo, ya que recién llegó a la intendencia por voto popular en las elecciones de 2015, a lo que debe sumarse el período en que debió completar el mandato de su predecesor Carlos Villalba, quien había sido sorprendido en un prostíbulo durante un operativo policial contra la trata de mujeres.

NO ES SOLO RUBÉN MÉNDEZ

No es Méndez, por cierto, un caso excepcional dentro de la política salteña. El cuadro de los intendentes corruptos de los últimos años se completa con los ya destituidos Carlos Villalba(Salvador Mazza), Juan Rosario Mazzone (El Bordo) y Osvaldo García (Coronel Moldes), por sus conductas reñidas con los deberes de los funcionarios públicos.

Por cierto, nada puede objetarse respecto de su manera de acceder al comando municipal, ya que todos ellos han sido beneficiados por el ejercicio del sufragio popular. Sin embargo, en vista de las flagrantes aberraciones y conductas delictivas, se ha objetado reiteradamente la absoluta pasividad del poder ejecutivo provincial, con el argumento de que debían ser respetados los tiempos e instancias judiciales. Sin embargo, no son pocos los que reconocen que ese silencio encubre complicidad y fomenta la impunidad, aunque tiene su rédito en la rede te complicidades y tolerancias mutuas que caracteriza a la clase dirigente salteña.   

Una caracterizada fuente provincial, que pidió ser mantenida en reserva, afirmó que: “Estos intendentes se asemejan a los antiguos señores feudales, se creen dueños de sus municipios y se manejan en sintonía con ese pensamiento. No entienden que están ahí por mandato popular y que se deben a los vecinos. Son servidores públicos y las obras que hacen no son regalos para los ciudadanos. En algunos casos llevan varios mandatos y largos años al frente de la comuna. Se encuentran atornillados a sus respectivos sillones y no quieren saber nada con la alternancia. Representan la vieja política, son la manzana podrida del sistema democrático. Y esa podredumbre precisamente es la que provoca la alarmante decadencia de la política salteña.”

Recorriendo la provincia, el panorama es bastante similar y en todas partes se respira la misma sensación: resignación. Los salteños que no pertenecen a la selecta elite provincial han aprendido, a lo largo de generaciones, que los riesgos de exigir el cumplimiento de las leyes son mucho mayores a las eventuales satisfacciones que podrían recibir. Las “amenazas, represalias, amedrentamientos” son práctica común en la sociedad salteña, sin distinción de partidos. También parece serlo la corrupción que se desenvuelve protegida por esta sucia trama.

Y es que, lamentablemente, las conductas sospechosas o condenatorias no son patrimonio exclusivo de los intendentes. En los últimos días cobraron protagonismo dos casos de diputados provinciales, uno es el de Margarita Ramírez, faltadora serial a la que se le realizaron reiterados descuentos por no presentar certificados, presentó una serie de proyectos por los que dio acalorado debate, para ausentarse el día de la votación. Por la Legislatura comentan que, en este caso, el faltazo de la diputada habría obedecido a razones de “pesos”. El otro caso que cobró notoriedad fue el del diputado Kuldeep Singh, quien se encuentra imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y robo.

El balance de los últimos meses deja en evidencia, pues, a dos legisladores y nueve intendentes. En estos días, Virgilio Mendoza, intendente de Los Toldos, no quiso ser menos y puso su granito de arena para completar la docena, y decidió denunciar, días después de producida, la desaparición inexplicable de 5 mil dólares de su despacho, que, según la justificación del propio alcalde, habían sido extraídos en pesos y convertidos a dólares, para pagar a proveedores de Tarija. Sujeto un tanto distraído, Mendoza recordó más tarde que había debido enviar un paquete con un monto mucho menor a Salta capital, lo cual, a su juicio, bastaría para explicar la misteriosa desaparición. Finalmente, el dinero fue recuperado y nadie parece hacerse demasiado problema por lo sucedido, a excepción de algunos vecinos que señalaron que Los Toldos se encuentra a 20 kilómetros de un paso fronterizo con vigilancia casi inexistente, y que muchos asocian con el comercio de bienes y sustancias ilegales.

La desaparición de divisas estadounidenses de un despacho oficial no es privativa de Virgilio Mendoza. 

Unos meses atrás, una destacada jueza de Garantías denunció el robo de 27 mil dólares de su oficina, que habrían procedido de un "negocio" inmobiliario que muchos suponen inexistente. Unos días después, la jueza anunció la recuperación de ese monto y agradeció a oficiales de su amistad por haberlo encontrado en el domicilio de una de sus empleadas. 

¡Maravillas de la más católica de nuestras provincias!. (