La formación se extiende a través de la frontera mexicana, donde su nombre cambia a Cuenca de Burgos, una región de esquisto igualmente fértil donde el petróleo y el gas se encuentran en su mayor parte sin explotar en una región aterrorizada por bandas criminales.

La violencia amenaza con descarrilar la primera licitación en febrero de contratos de hidrocarburos de esquisto, o “shale”, una subasta que podría ser crucial para ayudar a revertir la caída de la producción nacional de crudo y gas natural a mínimos en dos décadas.

A pesar de la profunda reforma energética concretada en el 2014 que busca atraer inversiones de petroleras privadas y extranjeras, sólo la estatal Pemex ha hecho intentos de explotar el “shale”, mientras los yacimientos accesibles con métodos tradicionales de perforación se van agotando.

Los nueve bloques de hidrocarburos no convencionales que se planea subastar en febrero están en la zona de la Cuenca de Burgos en el norteño estado de Tamaulipas, donde los cárteles del Golfo y Zeta han librado una guerra por el control de las rutas del narcotráfico y el tráfico de personas desde el 2010.

Al menos dos trabajadores de Pemex fueron asesinados en Burgos y 16 fueron secuestrados, entre el 2010 y el 2014, en incidentes relacionados con pandillas que han bloqueado el acceso de los trabajadores a pozos y oleoductos y con demandas de pago de dinero para protección de firmas petroleras y de gas.

Un gerente de Weatherford International Ltd., una empresa de servicios petroleros con sede en Suiza, también fue asesinado.

En abril, un trabajador de seguridad de Pemex dedicado a la lucha contra de robo de hidrocarburos murió baleado y otro resultó herido tras ser atacados por un comando que disparó unas 60 veces al vehículo en el que viajaban en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

La cuenca de Burgos contiene alrededor de dos tercios de las reservas de esquisto técnicamente recuperables del país, estimadas en 545 billones de pies cúbicos (bpc) de gas y 13.100 millones de barriles de petróleo y condensado, en comparación con los 665 bpc de gas y 58.000 millones de barriles de petróleo y condensado de Estados Unidos, según la Administración de Información de Energía de ese país.

Empresas que ya están haciendo “fracking” del otro lado de la frontera, en Texas, aprovecharían la oportunidad de expandirse a México si el Gobierno pudiera hacer frente a la violencia, dijeron ejecutivos de compañías que buscan oportunidades de expansión.

Funcionarios mexicanos a menudo reciben preguntas sobre seguridad en reuniones en las que promueven oportunidades de inversión en el país entre empresas petroleras.

“En cada reunión a la que pude asistir había preguntas sobre seguridad”, dijo Jorge Ríos, vicepresidente de operaciones para América Latina de Precision Drilling, una compañía canadiense con operaciones en Eagle Ford y ha perforado en México en el pasado.

“La respuesta no fue firme”, destacó.

Las secretarías de Energía y de Gobernación de México no respondieron a solicitudes de comentarios para esta nota. Pemex declinó comentar.

La petrolera española Repsol dejó la región de Burgos en el 2014 a medida que la violencia se intensificaba, poniendo fin a operaciones que inició en el 2004 como la primera empresa extranjera en perforar en México desde que nacionalizó la industria en 1938.

La compañía, que tiene operaciones de esquisto en Eagle Ford, requeriría cambios muy grandes antes de considerar regresar a Burgos, dijo a Reuters un ejecutivo de Repsol bajo condición de anonimato.

“En 2014 la situación allí era difícil de manejar”, dijo el ejecutivo. “Ahora está peor”, añadió.

Repsol declinó comentar a través de su agencia de relaciones públicas en México sobre las declaraciones del ejecutivo.

Silencio del gobierno

La producción de gas natural de México cayó por tercer año consecutivo y se ubicó en 4.240 millones de pies cúbicos por día (pcd) el año pasado, aumentando la necesidad de gas importado -casi en su totalidad de Estados Unidos- a un 84% del consumo nacional.

La dependencia creciente del gas extranjero llevó al Gobierno a realizar en marzo una conferencia para empresas energéticas en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, a fin de promover la próxima subasta de esquisto.

El colorido centro de conferencias Parque Cultural Reynosa era custodiado por soldados y policías con armas automáticas, pero dentro de la conferencia, los panelistas evitaron cuidadosamente cualquier mención de asesinatos o secuestros.

Un panelista dijo a Reuters que los funcionarios de Tamaulipas le habían pedido específicamente que evitara mencionar la violencia en el estado.

“El gobierno andaba promoviendo, no iba a hablar de lo malo”, dijo otro participante de la conferencia.

La comisión estatal de energía de Tamaulipas y funcionarios del gobierno del estado no respondieron a una solicitud de comentarios sobre lo dicho por el panelista.

Sin embargo, los problemas de seguridad estuvieron en la mente de los asistentes, que fueron recibidos por la noticia de fuertes balaceras horas antes de la inauguración del foro en Reynosa, en la frontera con Estados Unidos.

Asistentes, funcionarios y panelistas se alojaron en un hotel fuertemente vigilado por fuerzas de seguridad y esperaban a que los llevaran a la sede de la conferencia en vehículos blindados custodiados por soldados.

En los días previos a la conferencia, alrededor de una docena de cadáveres quedaron en las calles mientras pistoleros vinculados a los cárteles del Golfo y Zeta colocaban controles en carretera y enfrentaban a fuerzas de seguridad.

Dos semanas antes, en la ciudad de Nuevo Laredo, también en Tamaulipas, se desató un tiroteo a pocos metros de donde el alcalde de la ciudad estaba dando un discurso.

Otro participante de la conferencia, un empresario de Houston, dijo que el Gobierno mexicano había adoptado una postura de meter la cabeza en la arena ante la violencia y la comparó con Colombia, donde hace unos años funcionarios de Defensa asistían a conferencias de energía para tranquilizar a inversores con sus planes para enfrentar a la guerrilla.

“Si tuvieran una solución (a la violencia) lo habrían hablado”, destacó.

“Eso es lo que nos hizo irnos”

En el 2003, Pemex adjudicó a Repsol un contrato de servicios en la cuenca de Burgos para desarrollar varios yacimientos de gas natural convencional a lo largo de la zona de Reynosa-Monterrey durante 10 años. La empresa elevó la producción en la región tras una inversión inicial de US$170 millones, pero devolvió las instalaciones a Pemex principios del 2014.

Cuando Repsol empezó a trabajar en la zona, la región de Reynosa era relativamente tranquila, pero en un par de años se sumergió en el caos después de que el expresidente Felipe Calderón emprendió una fuerte ofensiva contra los cárteles de la droga.

El ejecutivo de Repsol dijo que las petroleras tenían que protegerse contra secuestros, extorsión y los fuegos cruzados de trabajadores entre bandas rivales, junto con lo que es ahora el delito de más rápido crecimiento en México: el robo de combustible.

La firma invirtió en seguridad privada, dijo el ejecutivo, pero no fue suficiente.

“Eso es lo que nos hizo irnos”, dijo el ejecutivo.

Un funcionario de Pemex de alto nivel comparó la situación actual de Tamaulipas con la de Irak y Colombia durante sus años de conflicto, diciendo que las compañías petroleras podrían operar con medidas de seguridad apropiadas.

“Se puede trabajar (…) a lo mejor no de la manera más eficiente que quisiéramos pero tampoco pierdes dinero”, dijo el funcionario.

Otras empresas como Newpek, una unidad de la mexicana Alfa, y un consorcio formado por la mexicana Jaguar Exploración y Producción y una unidad de Sun God Resources de Canadá, ganaron el año pasado contratos de hidrocarburos para trabajar en Tamaulipas.

Para entonces, operadores y empresas de servicios habían introducido ya protocolos estrictos, manteniendo a los empleados a salvo en interiores entre las 16.00 y las 0800 hora local y coordinando con fuerzas de seguridad antes de trabajar en campo en zonas aisladas.

Para evitar malentendidos peligrosos, los autos están claramente marcados con los logotipos de las empresas y los empleados evitan usar ropa que los criminales podrían confundir con las fuerzas de seguridad, dijeron dos trabajadores petroleros a Reuters.

Practican conducción defensiva, se mueven en convoyes y se les hace hincapié en que respondan honestamente si son detenidos e interrogados por miembros del crimen organizado. Por lo general, no se permite que mujeres trabajen más allá de las principales y pobladas zonas urbanas.

“No me permitieron ir a campo porque hay un alto riesgo de que pueda sufrir violación”, dijo una trabajadora.

Liberty Oilfield Services, cuyas operaciones incluyen Eagle Ford, no ha considerado operar en México en parte debido a preocupaciones de seguridad.

“La seguridad de nuestros trabajadores en México sería una preocupación masiva”, dijo Chris Wright, director general de Liberty.

“Tomaríamos algunas de nuestras propias acciones para seguridad y guardias, pero tal vez eso no sería suficiente”, añadió.