Por Mariano Casal

Victoria Villarruel está a la vera de cumplir un año como titular del Senado y, como mayor virtud, respetó dos mandamientos trascendentales para quien aterriza en el Congreso: tener el número y, ante dificultades, ganar tiempo. De esa manera se entienden los triunfos y traspiés de los primeros 12 meses en la Cámara alta y las dudas sobre el corto plazo, con una Casa Rosada que por momentos aprovechó las tormentas parlamentarias para desprestigiarla y que, frente a aprobaciones de leyes, buscó quedarse con los beneficios de las mismas y menospreciar la labor de todo un equipo que trabajó a destajo para ayudar a su Gobierno, más allá de estar hoy en mejor sintonía.

El 13 de diciembre pasado, el Senado tuvo su sesión preparatoria para elegir autoridades. Allí, un esquelético oficialismo -siete legisladores; hoy, seis- y una serpenteante oposición dialoguista -que viró en situaciones de imposible justificación- unieron fuerzas para conformar una mayoría circunstancial de 39 integrantes y relegar al kirchnerismo, que allí tiene la primera minoría, con 33 bancas. En la Cámara alta, el quorum se obtiene con 37. Aquí fue más que importante la labor del experimentado peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta).

Aquella luz verde generó un entusiasmo que se frenó poco tiempo después, durante las extraordinarias del último período estival, cuando se quiso avanzar de manera exprés con el dictamen de la hoy sancionada ley de Boleta Única de Papel (BUP), un cambio institucional de gran magnitud. Como suele ocurrir en la arena política nacional, dos gobernadores -el de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el de Misiones, Hugo Passalacqua- trabaron el despacho para acaparar la atención de la Casa Rosada y la iniciativa tuvo luz verde seis meses después, tras los cambios realizados en el Senado y el aval de Diputados en segunda revisión.

En paralelo, Villarruel se enfrentó a su primer escenario delicado: el rechazo al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, que desregula la economía. Es la nave insignia de Javier Milei. La Vicepresidenta estiró, durante semanas, la convocatoria a una sesión que empujaba el kirchnerismo y muchos de los dialoguistas que forman parte del grupo de 39 senadores.

A mitad de marzo, con el período ordinario ya activo, cedió ante la presión insostenible -a esa altura- y el Gobierno operó dicha caída en una mala jugada de la titular de la Cámara alta. Para esa época, el diputado oficialista Guillermo Montenegro ya había dejado de ser una persona de confianza y su armador, con caminatas y travesías por pasillos y despachos que finalizaron de manera abrupta.

Lo curioso de ese rechazo, si uno considera que el Ejecutivo supo moverse bien en situaciones de caos -de hecho, fomentó varios durante este año-, es que el destino del DNU 70 quedó en manos de Diputados -nunca se anuló y sigue vigente-, sirvió para negociar y quebrar a bloques dialoguistas, que todavía analizan cómo encarar a una Casa Rosada que pretende todo -así es el poder- y nunca considerará como enemigo digno a quien no entienda y comparta esa visión.

Tras el DNU 70, el Senado esperó el traumático devenir de la ley Bases y el paquete fiscal en Diputados. El primer intento tuvo situaciones insólitas, como cuando un legislador libertario -cuyas acciones subieron con el correr de los meses- preguntó, ante cinco periodistas acreditados en el Congreso, si después de una votación en general, le seguía la particular. La capacidad que tienen los parlamentarios para la autoflagelación e involución ya es algo casi natural de los últimos 15-20 años.

El presidente de la Cámara baja, el riojano Martín Menem, contó -para su suerte- con el ciento por ciento del Ejecutivo a su lado para que ambas leyes arribaran al Senado, después del tijeretazo de cientos de artículos. El Gobierno demandó velocidad, sin haber negociado un solo punto ante una Cámara alta que venía de rechazarle el DNU 70. ¿En qué terminó eso? Modificaciones y regreso a Diputados, que sancionó dichas normas en segunda revisión.

Al margen de la agenda legislativa, Villarruel también lidió con un escaneo de todo lo que dejó su antecesora e inminente titular del PJ nacional, Cristina Kirchner. Una minuciosa labor conjunta de los departamentos administrativo, jurídico y de Recursos Humanos, entre otros, derivaron en cientos de contratos y relaciones laborales desactivadas.

Un ejemplo que regaló el Senado. Un empleado que no iba a trabajar fue desvinculado el 1 de febrero pasado. Tras semanas de investigación, Infobae corroboró que el ahora ex trabajador aceptó en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas a una mujer en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con la Cámara alta.

El legislador libertario y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

La profundización de la motosierra generó la obligada cruzada de los gremios parlamentarios y fuertes tensiones internas, un panorama no menor que Villarruel y su entorno pudieron sobrepasar, al menos, por ahora. A las peleas entre propios hay que sumar virulencias dentro del oficialismo para correr a su jefe, el jujeño Ezequiel Atauche, quien cuenta con un aceitado nexo con la Casa Rosada. No hay que olvidar que en la bancada ya no participa el formoseño Francisco Paoltroni, que continúa como aliado.

Para entender la estructura del Congreso, hay que considerar tres bloques bien delimitados. En el del medio aparecen los empleados de planta permanente y transitoria -la mayoría de la composición de la Cámara alta- que cumplen, desde hace años o décadas, sus tareas. Son los más perjudicados, por escándalo. También, los menos considerados, a diferencia de paracaidistas que surfean y sacan jugo hasta enfrentar algún freno. Esto no exime de extravagancias que aún se mantienen.

En el segundo bloque se ubican los pícaros gremios, como la intocable Asociación del Personal Legislativo (APL) que lidera el cristinista por conveniencia Norberto Di Próspero, quien aparece en la lista del PJ que presentó la ex primera mandataria y ex vicepresidenta para manejar a control remoto el justicialismo nacional.

Un tercer bloque está representado por las estructuras elefantiásicas como la imprenta, la siempre criticada obra social (DAS) y la Biblioteca del Congreso -la última, con un funcionamiento envidiable en algunas áreas, pero embarazada de octillizos-, donde asomarse y preguntar es considerado un crimen, salvo para utilizar dependencias e impulsar alguna carrera musical -con video incluido y actor contratado para el mismo-, como ocurrió años atrás.

Volvamos al recinto. Entre agosto y septiembre, el Gobierno recibió unos impactos en el Congreso: las sanciones de las leyes -luego vetadas- que blindaba el presupuesto universitario y mejoraba las jubilaciones, respectivamente, y el rechazo -ambas Cámaras- del DNU que otorgó mega millonarios fondos para la flamante Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Si bien las tres instancias tenían resultados cantados de antemano, para la norma previsional fue muy llamativa la negociación que vendió la Casa Rosada con un sector de los dialoguistas y que nunca existió. El veto estaba preparado incluso antes de la votación en el Senado.

El gremialista legislativo y cristinista Norberto Di Próspero

Durante octubre y noviembre, Villarruel olvidó la posibilidad de sesionar en el Senado, con un kirchnerismo al asedio para rechazar allí el DNU 846 sobre renegociaciones de deuda. Sí se abrió el recinto para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien semanas atrás dio un más que demorado primer informe de gestión en la Cámara alta.

Con el primer año de gestión a punto de consumarse, Villarruel y el oficialismo libertario tienen que lidiar con un futuro incierto en el cortísimo plazo por el senador del peronismo disidente Edgardo Kueider, hoy con prisión domiciliaria en Paraguay, tras encontrarle más de USD 200.000 dólares -en tres monedas distintas- junto a su secretaria, quien dijo ser la dueña de la plata al querer ingresar a dicho país.

Kueider llegó a la Cámara alta en 2019 con la boleta del kirchnerismo, se separó en 2023 enojado con Alberto Fernández y el cristinismo y, en los últimos meses, conformó el interbloque Provincias Unidas, de inobjetables contactos y guiños con el Gobierno. Por caso, funcionarios y asesores de primera línea -como Francos- recibieron a los cinco de dicha bancada en Casa Rosada, en octubre pasado.

El viernes último, ante la indefinición de unas sesiones extraordinarias de parte del Ejecutivo, el kirchnerismo solicitó ir al recinto el jueves próximo para remover al entrerriano y dar una señal frente al reciente escándalo. Un verdadero desafío para quienes empujen esa vía no sólo por los dos tercios para habilitar el tema -sobre tablas- y expulsarlo del Cuerpo -con otros dos tercios-, sino también por la inestimable protección que tuvo en el Senado el cristinista y ex gobernador tucumano José Alperovich -hoy preso y condenado por abuso agravado de una sobrina- y la reticencia de muchos a discutir Ficha Limpia, que habla de un doble conforme.