El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se reunió este miércoles en la sede de la cartera con los responsables de las fuerzas que integran el comando que realizó el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, Río Negro. En paralelo, organismos de derechos humanos plantearon fuertes críticas al operativo.

Fernández mantuvo un encuentro en la sede del Ministerio con los responsables de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las fuerzas que integran el comando unificado de Villa Mascardi asentado en Bariloche que desplegó 250 efectivos en las inmediaciones de la ruta nacional 40 para desalojar predios donde se habían asentado familias mapuches.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de la orden judicial de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien dispuso "hacer cesar el delito" en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, para lo cual decretó el secreto de sumario, en un caso en el que además interviene la fiscal Cándida Etchepare.

Siete mujeres de la comunidad fueron detenidas durante el procedimiento y llevadas a una dependencia de la PSA mientras este miércoles continuaron los rastrillajes en búsqueda de otros integrantes de Lof, quienes podrían haberse replegado "montaña arriba", según la evaluación de los oficiales a cargo del operativo; entretanto, personal de Gendarmería permanece en los lugares desalojados para evitar un posible reingreso de personas.

En una entrevista con la TV Pública el miércoles por la mañana, Fernández había asegurado que "el resultado ha sido positivo" porque su "intención siempre fue poder entrar con el cuidado del caso, sin armas letales". En esa línea, agregó que habló con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras y que "en líneas generales" ambos estuvieron de acuerdo con el análisis: "Lo hicimos con silencio y con cuidado", sostuvo.

Además, desmintió que se hayan producido disparos o agresiones: "Ninguna de esas cosas pueden ser ciertas porque no había armas letales. Ni un rasguño siquiera. Me cansé de escuchar que hubo agresiones y disparos", dijo sobre el operativo.

En cuanto a las detenciones que se produjeron durante el operativo, sostuvo que todos los detenidos "fueron trasladados, salvo una señora embarazada que fue primero al hospital, a una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria". En el caso de los niños presentes, intervino el área de Minoridad de la provincia y de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Denuncia de los organismos de Derechos Humanos

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó ayer un comunicado en el que expresaron que "la forma de dirimir los conflictos debe ser a través de la Mesa de Diálogo entre las partes y no con el recrudecimiento de políticas represivas".

Desde el CELS criticaron a la jueza Domínguez por informar a los abogados defensores que "van a trasladar a las mujeres mapuches detenidas a la Ciudad de Buenos Aires", y denunciaron que a los letrados "no les dan más información sobre esa medida", lo cual "no está bien, está mal", advirtieron desde Twitter.

[AHORA] La jueza federal Silvina Domínguez informó a les abogades defensores que van a trasladar a las mujeres mapuches detenidas a la Ciudad de Buenos Aires. No les dan más información sobre esa medida.

No está bien. Está mal. https://t.co/V6dA2iyh55

— CELS (@CELS_Argentina) October 6, 2022

"Más de 36 horas después, siguen detenidas siete mujeres mapuches, una de ellas con 40 semanas de embarazo, y dos niñes de meses. Están alojadas en la sede de la PSA", habían cuestionado previamente. " El Gobierno Nacional abandonó la política de mesas de diálogo que había iniciado en 2020, y eso agudizó el conflicto en Mascardi. Hay leyes vigentes para encauzar las demandas de las comunidades, pero no se aplican por la resistencia de los gobiernos provinciales y de los intereses comerciales que buscan acaparar tierras", sostuvieron.  

En esa línea, señalaron que "los derechos de los pueblos originarios tienen rango constitucional (artículo 75 inciso 17 de la Constitución) entre los que se encuentra el del acceso a los territorios que reivindican, la educación plurilingüe y el reconocimiento de su identidad cultural. Como todos los derechos consagrados en la Constitución, deben ser respetados".

Y además manifestaron la "preocupación" por la conformación del comando unificado para la zona de Villa Mascardi, destinado al "aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad" y propusieron que se convoque a "una mesa de diálogo que incluya a todos los sectores y con un fuerte respaldo político institucional".

Entre los organismos firmantes se encontraron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), el Cels y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. 

También referentes de diversas comunidades del pueblo mapuche tehuelche continuaron ayer con una serie de medidas y críticas al accionar de las fuerzas de seguridad. Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Lof Quemquemtreu, aseguró que "es lamentable" lo que están padeciendo. Asimismo,  el dirigente social Hugo Aranea, werken (vocero) de la comunidad mapuche Waiwen Kurruf y secretario general de CTA Autónoma Viedma, afirmó que "Desde el pueblo mapuche-tehuelche tenemos más de 200 años de lucha y resistencia. Esto forma una parte más del avance de sectores de derecha, pero la lucha no termina, la lucha sigue"El operativo

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de la orden judicial de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien dispuso "hacer cesar el delito" en los nueve lotes denunciados como usurpados por la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, para lo cual decretó el secreto de sumario, en un caso en el que además interviene la fiscal Cándida Etchepare.

Siete mujeres de la comunidad fueron detenidas durante el procedimiento y llevadas a una dependencia de la PSA mientras ayer continuaron los rastrillajes en búsqueda de otros integrantes de Lof, quienes podrían haberse replegado "montaña arriba", según la evaluación de los oficiales a cargo del operativo; entretanto, personal de Gendarmería permanece en los lugares desalojados para evitar un posible reingreso de personas.