“Una nueva ciudad”, agreste y confortable, es la propuesta que promocionaron los responsables de la firma Build Park SRL BPK S.A. En los hechos se trata de una extensión de tierra de 379 hectáreas, ubicada en la ruta 11, kilómetro 427, con ingreso directo desde la carretera y cercana a la playa.

El emprendimiento, que se sitúa en la zona sur de Villa Gesell, comprende un loteo de terrenos de hasta 2.500 mt2, para viviendas unifamiliares, con tres áreas distribuidas para deportes y actividades sociales (que incluyen caballerizas, canchas para diversas disciplinas deportivas, circuitos aeróbicos y espacios de relax) y el establecimiento de un centro comercial y la hotelería correspondiente. Así lo explicaron, en abril y ante la prensa local, el arquitecto Guillermo Cervini y el licenciado Martín Galli. Ambos son las caras visibles del fideicomiso integrado por la mencionada empresa, junto a la familia García Balcarce, propietaria del terreno, y algunos inversionistas privados. Cuando la propuesta, que supone la proyección de una futura población de seis mil habitantes, fue presentada en sociedad, ya había pasado por la Municipalidad -entonces a cargo de Jorge Rodríguez Erneta-, y también por el Concejo Deliberante.

Ninguno de estos sectores presentó reparos en ese momento. Incluso el Ejecutivo lo autorizó, aunque de forma condicionada, en tanto se presentaran los estudios que faltaban. Esto incluía a la Provincia, encargada de dar el consentimiento a través del OPDS, la Autoridad del Agua y el decreto de zonificación, ya que el terreno es rural. Hubo además mucha publicidad en los medios, y una intención de mostrar la propuesta como una posibilidad de expansión y empleo en la región. Sin embargo, la idea comenzó a hacer ruido en los sectores ambientalistas, que desde hace tiempo miran con detalle cada jugada inmobiliaria. El “efecto Mandalay” (referido al complejo de edificios que se intentó construir en Gesell, y que fue trabado en la Justicia por el perjuicio que iba a generar en la zona -además de las denuncias de supuesta corrupción-), ayudó, sin duda, a trabar este proyecto.

El 21 de agosto, el juez en lo Contencioso Administrativo de Dolores, Marcelino Escobar, estableció una medida cautelar, requerida por la Asamblea Ciudadana Villa Gesell, por la que se suspendió la ejecución de “El Salvaje”, que por esas horas estaba en el proceso de remoción de tierra. Los demandantes reclamaban a la Municipalidad y a Build Park SRL, PBK S.A. (como autoridad ejecutiva, y los responsables y titulares de la obra) que presentaran los estudios correspondientes para la protección ambiental de la región. Pero el único certificado que apareció fue un estudio de impacto ambiental encargado por la empresa, y elaborado por la consultora ECOSEG.

De acuerdo al fallo, la obra no puede activarse hasta tanto “no se apruebe en forma el Estudio de Impacto Ambiental y se obtenga la correspondiente Declaración de Impacto, en el marco de la ley Nº 11.723, expedida por la autoridad ambiental competente”. Los ambientalistas, en tanto, insisten en que la zona, próxima a la Reserva Natural Municipal El Faro Querandí, es una región de “suma importancia hídrica para toda la región, porque es un importante reservorio de agua dulce subterránea por filtración y escurrimiento de las aguas de las lluvias”. Antes de que este fallo se conociera, desde la flamante intendencia de Gustavo Barrera se había firmado un decreto por el que se suspendían las obras hasta tanto se culminara el proceso de revisión legal. La decisión se dio en medio de la fuerte crítica de la Asamblea Vecinal y la mudanza de Erneta a Nación (y varios cambios de gabinete local). El tema destapó además la frágil situación habitacional del Municipio, con un avance de asentamientos y una escasa red de agua potable y cloacas. Sin embargo, y pese a la decisión judicial, el emprendimiento se sigue ofertando.

De hecho, ya se vendió una gran parte de terrenos, que hasta hace un mes significaban más de 110 familias. Toribio Achával es la inmobiliaria encargada de la venta. Consultados por La Tecla, desde esta firma detallaron que los lotes, de 2.500 mt2, valían “400 mil pesos”. Este monto, que supone una primera cuota correspondiente al “30 por ciento del valor total y el resto en 24 cuotas”, según expresaron desde la inmobiliaria, tendrá un incremento a partir del próximo mes. Los operadores inmobiliarios explicaron que “una vez culminado el pago el comprador podrá iniciar la construcción de su vivienda, en base a la lógica fijada por la empresa”.

Lo llamativo de todo es que desde el intendente hasta los concejales, de todos los bloques (la UCR tiene la presidencia del cuerpo), saben de esta situación, pero no la denuncian. “Acá todos se hacen los distraídos”, comentan algunos dirigentes que circulan por el Deliberante. Por lo cual, sin los papeles en regla, ni la rezonificación, ni el aval del OPDS y de la Autoridad del Agua, El Salvaje avanza tranquilo hacia un destino de country vip costero.