Se trata de un proyecto dirigido al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería, la Dirección Provincial de Comercio y el Departamento de Orientación al Consumidor.

La legislación argentina contempla los derechos de consumidores y usuarios, interpretando que éstos se encuentran en situación desventajosa respecto a la relación con los proveedores de bienes y servicios. Por lo tanto,  queda expresado que el Estado debe ser garante de los derechos de la parte más débil de dicho contrato a partir de políticas enérgicas de prevención, asesoramiento -técnico y jurídico- y solución de conflictos. 

Basándose en esa premisa, el legislador radical “sin desconocer el gran espíritu de la legislación vigente”, tal como lo precisó, destacó la importancia de consultar y evaluar -a partir de datos objetivos- si existe realmente un sistema que contenga a los consumidores (protección de su salud, seguridad e intereses económicos), cuán eficientes resultan ser los procedimientos para la prevención y solución de conflictos, qué facilidad de acceso hay al mismo y si es debidamente conocido a partir de programas educativos.

“Debemos saber si el Estado resulta eficiente en su poder de policía, si persigue a las empresas que no cumplen con las normas referidas a la protección del consumidor y resultan ser de Orden Público, si se aplican las multas correspondientes y a qué se ha destinado el dinero recaudado”, puntualizó Vignali. El diputado pretende conocer estadísticas de cada uno de los Municipios de la provincia respecto a resoluciones condenatorias contra proveedores de productos y servicios.

Así, Vignali colocó como eje matriz de su proyecto el análisis de las medidas y políticas llevadas adelante por la acción gubernamental en su correlato o no con el Art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), el Art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Código del Consumidor de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.133) y su modificación mediante Ley 14.514.

“Sostenemos que un Estado presente redundará en un gran beneficio para todas las partes de la relación de consumo”, destacó el diputado detallando que esto motivaría a las empresas a optimizar  la calidad de sus bienes y servicios; mientras que los ciudadanos, por su parte, se sentirían respaldados por un Estado presente y eficaz: un marco de protección que garantizaría principalmente una saludable e igualitaria accesibilidad al consumo, la sanción de abusos por parte de las empresas  y la difusión de información sobre dónde, cómo y en qué casos deben denunciarse las infracciones. (www.RamalloCiudad.com.ar)