Los vaivenes en la Justicia Federal con las causas de corrupción K llevan varios meses y muchos se preguntaban si los funcionarios de la era de Daniel Scioli como gobernador iban a tener que rendir cuentas en el fuero penal provincial. 

Aunque ya habían sido procesados y detenidos varios integrantes de segundas o terceras líneas sciolistas, recién ahora fueron llamados a indagatorias altos mandos del exmotonauta, como el exjefe de Gabinete de Ministros, Alberto Pérez.

También se conoció la semana pasada que el exministro de Producción, Cristian Breitenstein, fue apuntado por el expresidente de Astillero Río Santiago, Héctor Scavuzzo, como uno de los principales culpables por la causa de los empleados ficticios, en la que el Estado bonaerense habría sido estafado en una cifra cercana a los 16 millones de pesos.

Scavuzzo presentó un escrito en la UFI nº 8, a cargo del fiscal Jorge Paolini, con una ampliatoria de su declaración indagatoria, en la que da su versión de los hechos que se le imputan y afirma que había formalizado “unos 20 contratos por pedido expreso del exministro de Producción, Cristian Breitenstein”.

“Él (en alusión a Breitenstein) me pidió que los apunte en Astillero, pero nunca supe dónde trabajaban”, admitió en su escrito Scavuzzo, quien adjuntó un listado con el detalle de los nombres de esas personas.

Según destacaron las fuentes, “lo más grave es que, según Scavuzzo, el propio Breitenstein se presentaba en persona en la Dirección de Sueldos y Jornales a cobrar los salarios de esas 20 personas”.

No obstante, los casos de corrupción parecieron responder a una matriz generalizada. La Justicia penal, que avanza en denuncias realizadas por sindicalistas y legisladores,  atravesó a organismos como ABSA, IOMA, el Instituto de Lotería y Casinos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción, Astillero Río Santiago, el Instituto de Previsión Social y la Jefatura de Gabinete de Ministros.

No hay que olvidar que la Justicia debe definir aún si se reabre la causa por enriquecimiento ilícito de Daniel Scioli.

Los delitos fueron tipificados como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y corrupción, y las causas, en su mayoría, las encabezan lo titulares de las UFI nº 8 y nº 11, Jorge Paolini y Álvaro Garganta, en ese orden.

Una red de corrupción

Como se recordará, Scioli fue denunciado por la diputada Elisa Carrió y la legisladora porteña Paula Oliveto por “defraudación a la administración pública y lavado de dinero”. Para la diputada chaqueña, el exgobernador bonaerense “habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial”. En tanto, pidió que se investigue al exfuncionario por “presuntas irregularidades durante su gestión y por enriquecimiento ilícito".

Carrió pide a la Justicia penal que investigue presuntos actos corruptos en la empresa estatal de aguas y cloacas, ABSA, y en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, al tiempo que también denuncia “la presunta contratación fraudulenta de personal en la construcción del Puerto La Plata, y supuestas maniobras de estafas y sobreprecios en la obra social IOMA”.

“La denuncia contra Scioli es por lavado de dinero. Y dentro de esa causa ya imputaron a Alberto Pérez y Walter Carbone por administración fraudulenta. Este sería el precedente del presunto lavado de los tres, porque ninguno de ellos puede explicar hoy su patrimonio”, adelantó a Perfil el abogado y asesor de Coalición Cívica, Juan Manuel López.

Además, la legisladora Paula Oliveto recordó que “a Scioli lo sobreseyeron de manera rápida sin pedir ni siquiera una pericia, así que ahora hay una apelación para reabrir la causa. Ni siquiera se investigó a Karina Rabolini, que era su esposa”, explicó.

Y disparó: “La causa está avanzando sobre todas las cajas y pronto se sabrá si se utilizó dinero público para financiar la campaña electoral de Scioli”. Por su parte, el senador provincial por Cambiemos, Andrés de Leo, relató cómo encontraron a un presunto testaferro de Scioli: “En Bahía Blanca la AFIP empezó a investigar facturas apócrifas del empresario José Ignacio Suris y allí detectó dos empresas de Juan Carlos Mancinelli. Él usaba las facturas apócrifas de Suris para la prestación de obra pública en la Provincia de Buenos Aires”.

Nombres polémicos 

Alberto Pérez

El exjefe de Gabinete de la Provincia ya fue imputado por administración fraudulenta y hoy a la mañana será indagado por el fiscal Álvaro Garganta por autorizar facturas apócrifas. 

Antonio La Scaleia

El extitular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), una de las principales cajas bonaerenses, aparece involucrado en un fraude “sistemático” que se habría cometido a través de sobreprecios de prestaciones, empresas fantasmas, compra de medicamentos truchos y hasta internaciones domiciliarias que nunca se realizaron.

Alberto Peluso

El extitular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense habría sido uno de los “recaudadores de campaña” de Scioli: el hombre que “administraba las loterías en las sombras” durante la gestión anterior.

Walter Carbone

El exdirector de Administración de la Jefatura de Gabinete bonaerense irá a declarar el miércoles próximo por la misma causa.

Guillermo Scarcela

La Justicia investiga irregularidades en Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), a cargo de Guillermo Scarcella, quien sería testaferro del exgobernador.

Cristian Breitenstein

El exministro de Producción bonaerense, Cristian Breitenstein, quedó involucrado en una causa por corrupción en el Astillero Río Santiago, tras la declaración de uno de los imputados.