Por Raúl Kollmann.

“La decisión política está tomada, faltan los detalles técnicos. Se hará antes de marzo”. Con esta frase, una altísima fuente del Ministerio de Defensa le confirmó a Página/12 que el gobierno de Javier Milei instrumentará la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La jugada va a consistir en la revocatoria de un decreto reglamentario, firmado en 2006 por Nilda Garré, que establece que los militares sólo pueden intervenir ”ante la amenaza de un Estado extranjero”. De esa formulación sacarán la palabra Estado, con lo que introducirán la doctrina de Estados Unidos: las amenazas extranjeras no son sólo otros estados, sino grupos narcos, guerrillas, organizaciones indígenas, los grupos que intermedian a personas que quieren migrar, formaciones terroristas y demás cuestiones de seguridad. Todo indica que el primer paso será movilizar fuerzas del Ejército hacia la frontera, con lo que dejarán a disposición a miles de efectivos de la Gendarmería para reprimir protestas en los centros urbanos. A los militares, en especial a los jefes del Ejército, la movida no les gusta. Las Fuerzas Armadas fracasaron en la lucha contra los narcos en casi todos lados, en especial en Colombia, México y Ecuador. Pero, además, son reacios a ser “auxiliares de la policía”, como suelen decir. Es una de las razones por las descabezaron a 22 generales del Ejército: una conducción nueva, joven, sin ascendencia, tiene menos chances de resistir a un transformación de ese tipo. Sea como sea, la ministra Patricia Bullrich, que domina las dos carteras, Seguridad y Defensa, avanzará con la estrategia diseñada en Washington.

El cuento de la modernización

En la asunción del nuevo jefe del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el brigadier general Xavier Isaac, el ministro de Defensa, Luis Petri, mencionó dos veces que uno de los desafíos consistirá en la “modernización de la legislación de Defensa”.

El ministro no dio demasiados detalles, pero en su entorno no dejan dudas. La Ley de Defensa, en su artículo 2, menciona “el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo”. En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, siendo ministra Nilda Garré, un decreto reglamentario de esa frase introdujo la palabra Estado para precisar aún más las funciones. O sea, las Fuerzas Armadas podía intervenir ante amenazas de una nación extranjera.

“En la reglamentación nosotros hablamos de amenaza estatal externa para que quede claro, porque externo podría ser cualquier grupo, eventualmente un grupo de narcotráfico”, explicó Garré en diálogo con la Radio AM 750. "Las Fuerzas Armadas no están hechas para eso, están para defender la integridad de un país, sus recursos y su población cuando otro Estado lo ataca, por su poderío y su capacidad de aniquilar. En seguridad los conceptos son diferentes, porque hay que prevenir, intervenir y apoyar a la autoridad judicial en lo que puede ser la investigación de delitos", completó la exministra.´

Con letra de Washington

Desde hace rato, Estados Unidos presiona para que los militares participen en la lucha contra el narcotráfico, el avance hacia su país de inmigrantes, organizaciones indígenas y, en el fondo, tener a los uniformados listos frente a las protestas.

El argumento que utilizan los norteamericanos es que “las agresiones son multidimensionales”: narcos, guerrillas, bandas de trata, indígenas, terroristas y casi cualquier otra cosa señalada por el gobierno de turno. En este principio de año, por ejemplo, la ministra Bullrich literalmente inventó una ridícula célula terrorista integrada por un peluquero, un comerciante profesor de ping-pong y un delirante y falso, mercenario.

Como es obvio, se utilizará el caso de Ecuador como ejemplo de amenaza externa, pero los grupos narcos crecieron allí esencialmente porque el Estado dejó la cancha, tanto en materia policial como penitenciaria y, además, la dolarización facilitó el lavado de dinero del narcotráfico: ya no fue necesario cambiar moneda, el accedo a dólares se hizo más que sencillo.

El otro caso que se intentará usar es el de Hamas y la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel. Pero sucede que Hamás efectivamente gobierna Gaza y se lo puede considerar una amenaza estatal externa. Además que una invasión de esa naturaleza plantearía, sin dudas, un estado de excepción. 

Un solo ministerio

Así como Petri fue el número dos de Bullrich en la carrera electoral, candidato a vicepresidente, ésta se arroga el liderazgo sobre los dos ministerios: el suyo, el de Seguridad, y el de Defensa, el de Petri. De hecho, por primera vez en muchísimos años, la ministra convocó a una reunión conjunta de los jefes de Gabinete de ambas carteras. O sea, la que manda y lidera, es ella, que siempre aspiró a que los militares intervengan en seguridad interna. 

El gobierno utilizará, de arranque, el argumento de que la Argentina enfrenta la amenaza externa de dos grandes organizaciones de narcos, brasileñas, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermehlo. Ambas dominan las cárceles brasileñas pero también paraguayas, por lo cual --dirán Bullrich-Petri-- habrá que cubrir con efectivos militares las fronteras con Brasil y Paraguay. Un argumento similar se utilizará respecto de Bolivia.

Por supuesto que también está la cuestión de Rosario aunque, según dicen, no está previsto por el momento que los militares patrullen zonas urbanas. Y entra en los planes la custodia de recursos estratégicos, como las centrales nucleares de Lima o Vaca Muerta.

Todas las experiencias de usar fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico --en Colombia, México o Ecuador, por ejemplo-- han sido catastróficas: no tienen preparación policial, se multiplica la violencia y la corrupción.

El objetivo de fondo

La jugada estratégica de fondo es liberar en todo lo posible a los efectivos de la Gendarmería de las tareas de frontera o de las custodias y utilizar a esa fuerza en la represalia de las crecientes protestas contra el gobierno de Milei.

El mes pasado, por primera vez, se vio a gendarmes actuando en CABA ante marchas que se desarrollaban fuera de los tres lugares en los que tienen jurisdicción las fuerzas federales: la Casa Rosada, detrás de la verja; la Catedral y el Puente Pueyrredón. No se recuerda a la Gendarmería, por ejemplo, patrullando Plaza de Mayo o la zona de Tribunales.

Pero, a mediano plazo, la doctrina norteamericana también contempla usar a los militares en la represión. Esta habilitación para intervenir en seguridad es sólo el primer paso.

Los militares y la seguridad

Por lo que surge de los propios militares, la nueva estrategia les gusta muy poco. Más aún si se tiene cuenta que no se hará sobre la base de una gran inversión. Más bien todo lo contrario: no hay presupuesto.

Pero, en esencia, los viejos mandos consideran las tareas de seguridad como de segunda o tercera categoría, y los convertirían en algo así como asistentes policiales. Saben lo que ocurrió en otros países y creen que es “meterse en el barro”, muy lejos de los estudios estratégicos que creen que son su terreno.

No faltan quienes afirman que el descabezamiento del Ejército, con 23 generales pasados a retiro por el gobierno de Milei, como la jugada que deja la conducción en manos de mandos jóvenes, sin experiencia y sin gran ascendiente sobre la fuerza. O sea, una conducción con poca capacidad de resistencia a una movida que significa, con cero presupuesto, mandar miles de efectivos a custodiar la frontera. A esto se suman las versiones de ventas de terrenos militares para grandes negocios inmobiliarios, en CABA y en todo el interior. 

Carrera contra el tiempo

Los cacerolazos ya empezaron en diciembre. Está prevista la huelga y marcha de la CGT el 24 de enero. Son primeros sismos de un desgaste que, por su velocidad, no registra muchos antecedentes. Los encuestadores ya mencionan que Milei pierde el respaldo de quienes no lo votaron en primera vuelta, es decir que camina a quedarse con el apoyo de sólo un 30 por ciento de la población. Y apenas transcurrió un mes de gobierno, con brutales tarifazos, aun mayor inflación y fuerte recesión en el horizonte, sin aumentos de ninguna clase en los ingresos de trabajadores, jubilados y clase media. Bullrich se despachó con multas siderales -e ilegales- a los gremios y movimientos sociales. Ella misma sabe que eso no va a funcionar. El plan de fondo es represivo, con el intento de usar todas las fuerzas, las de seguridad y también las militares.