El ex ministro de Planificación Julio De Vido volvió ayer a los tribunales de Comodoro Py para una nueva indagatoria y negó cualquier responsabilidad en el desvío de los fondos que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales.

Dijo que él nada tuvo que ver con el dinero y que no era su ministerio sino las provincias y los municipios los que debían controlar que se hicieran las obras que pagaba el gobierno nacional. Además, provincias y municipios fueron los que decidieron -según De Vido- recurrir a las adjudicaciones directas que hoy se cuestionan. La lista de los llamados a indagatoria por el juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, incluye además al actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, ex intendente de Rosario; a los ex gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Maurice Closs (Misiones) y Jorge Capitanich (Chaco), hoy intendente de Resistencia, que fue asimismo jefe de Gabinete. También, a intendentes y ex intendentes, y a Hebe de Bonafini, que estaba citada para la semana pasada, faltó y estuvo "rebelde" un día hasta que prometió que se presentaría y el juez levantó la orden de captura en su contra. En el juzgado no dijeron cuándo ni cómo declarará. Mañana será la indagatoria de Zamora.

De Vido se presentó ayer en Comodoro Py a las 9.15, 45 minutos antes de la hora a la que había sido citado. Llegó a los tribunales con un escrito, que entregó al juez. Se negó a contestar preguntas y la indagatoria duró muy poco. En ese escrito sostuvo que le resultaba muy difícil defenderse y que su situación era "precaria" porque no estaba claro de qué lo acusaban. Dijo que cuando ordenó las 43 indagatorias, Martínez de Giorgi no explicó por qué ahora lo incluía como acusado cuando él no estaba ni siquiera señalado en el informe de la Auditoría General de la Nación que dio cuenta del desvío de fondos.

Según De Vido, él nada tuvo que ver y pretenden adjudicarle una "responsabilidad objetiva" por figurar en el organigrama por encima de la Secretaría de Obras Públicas, que dirigía José López, y que financiaba las obras a través de otras dos subsecretarías: la de Vivienda, de Luis Bontempo, y la de Obras Públicas, de Abel Fatala. La defensa de De Vido fue similar a la del propio López la semana pasada. Los dos dijeron que provincias y municipios son quienes deben responder si hubiera algo irregular y que a nivel nacional el control y la relación administrativa con las provincias estaba a cargo de esas dos subsecretarías.

La única diferencia es que De Vido agregó que los subsecretarios autorizaban los pagos, "interviniendo luego el secretario de Obras -es decir, López- en caso de encontrarse en orden los certificados y cumplidos los trámites administrativos previos". López enfrenta otra causa por los 9 millones de dólares que dejó en el convento de General Rodríguez, por la que será indagado pasado mañana.

"Lo que el Estado nacional proveía era sólo la asistencia financiera de las obras", insistió el ex ministro. Dijo que todo lo demás era "de competencia exclusiva de las autoridades locales", que, según él, resolvieron por su cuenta recurrir a la Fundación Madres de Plaza de Mayo sin licitaciones públicas. De Vido afirmó no obstante que "todos los regímenes de obras públicas" contemplan como posibilidad las adjudicaciones directas en casos excepcionales y que aquí parecían darse las circunstancias por ser barrios de "alta complejidad y conflictividad social". Además, dijo que el gobierno que él integró "tenía la decisión política" de promover las actividades de cooperativas y de "empresas ligadas a agrupaciones referentes en el campo de la defensa de los derechos humanos". Que él no se arrepentía y que eso no lo vinculaba con ningún posible delito.

Terminada la audiencia, De Vido difundió un comunicado en el que pidió que no se manchara a Bonafini. Dijo que la causa era sobre "una cuestión puntual de desvíos o de una administración sospechada de fraude", que fue "realizada por los apoderados Schoklender" (Sergio y Pablo, que representaban a la Fundación por su confianza con Bonafini). Pero que la causa no debía ser "utilizada para manchar sin justificación el nombre de Bonafini", "de Madres de Plaza de Mayo" ni de "todos los esfuerzos" de su ministerio frente "al problema de las viviendas".

Martínez de Giorgi decidirá ahora si procesa a De Vido, quien, con el kirchnerismo en el poder, no tuvo dificultades con la Justicia, pero que este año lleva tres procesamientos.