El Gobierno tiene un mes para convencer a más de media docena de gobernadores para que no suban las tarifas de electricidad de sus empresas provinciales. Los mandatarios –de Córdoba, Santa Fe, Chaco y San Luis– argumentan que necesitan incrementar los precios en un rango que va de 30% a 34%. Varios funcionarios provinciales dijeron que las subas comenzarían en febrero. El ministro de Planificación Julio De Vido y su equipo son los encargados de lograr un compromiso para que todas las provincias suscriban la “convergencia” tarifaria: el esquema consiste en no subir tarifas de las boletas de luz, a cambio de obras, como se hizo el año pasado.

Hasta ahora, el mapa eléctrico parece dividido en tres franjas: los que ya acordaron con De Vido (desde la provincia de Buenos Aires hasta Entre Ríos, pasando por Neuquén), los que quieren ajustar algunos detalles pero ya le hicieron algún “guiño” a Planificación (se menciona a Chubut y San Juan en esta categoría) y los que planean avanzar en un aumento más allá de lo que marque el Poder Ejecutivo Nacional.

En este tercer grupo estarían Santa Fe, Córdoba y San Luis, todas gobernadas por mandatarios que no son kirchneristas. Hay algunas provincias que todavía no se encuadran en ninguna de esas clasificaciones.

El ministro De Vido guardó silencio frente a los aumentos de tarifas de electricidad que planeaban las eléctricas provinciales. Sin embargo, durante las últimas dos semanas de 2014, se largó a pactar con los gobernadores.

La primera tanda la conformaron los mandatarios petroleros (Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego) o de bajo peso en el consumo eléctrico (La Rioja, Formosa, Santiago del Estero).

El principal trofeo que se llevó Planificación la última semana del año fue el acuerdo con la provincia de Buenos Aires. Con sus cuatro distribuidoras y cooperativas, en ese territorio residen el 15% de los usuarios del sistema eléctrico. Al día siguiente, De Vido sonrió con Sergio Uribarri, de Entre Ríos. Un funcionario de la administración de esa provincia había hablado de aumentos antes de que su jefe se sentara a discutir en Planificación.

Entre todos los adherentes, el Gobierno sumó un 25% de los usuarios del sistema eléctrico.

Aunque ningún gobernador quiere enfrentarse a De Vido en público, hay varias provincias cuyos mandatarios responden al oficialismo y que tienen planes de incrementar sus tarifas. Entre ellas, La Pampa, Río Negro, Mendoza, Chaco y Tucumán.

En todas, los funcionarios que manejan las cuestiones de energía se refirieron a incrementos en las eléctricas provinciales. En Planificación no quieren desafiarlos, pero se remiten a la experiencia del año pasado. “Todos terminaron firmando y hasta aceptaron retrotraer tarifas en los casos que habían aumentado”, plantean.

En varias provincias no ven con simpatía la “convergencia tarifaria”, pero ya le habrían dado señales a De Vido de que estamparán un acuerdo si es necesario. Allí estarían Chubut, San Juan y Salta, según cuentan en otras provincias que se consideran “reacias” a una orden del Ejecutivo nacional.

En Córdoba, Santa Fe y San Luis plantean que De Vido tendrá que cumplir una serie de condiciones antes de pactar. Entre esas provincias y Mendoza está otro cuarto del total de usuarios de electricidad.

En Corrientes se quejan de haber recibido $ 10 millones en obras sobre un total de $ 180 millones que fueron prometidas. Allí señalan que el mecanismo para recibir el dinero “federal” es “engorroso”. Hay que rendir gastos, esperar una aprobación del Ministerio de Planificación y después llegan los fondos.

En La Pampa y Chaco (tierra de Jorge Capitanich) también hubo quejas sobre su destino tarifario. “La última readecuación tarifaria es de marzo de 2011. Hay un retroceso tarifario de cuatro años de Secheep, la eléctrica provincial. Lo que un usuario paga acá 800 pesos en una provincia como Córdoba paga entre 2.200 y  2.300 pesos.

El problema es más que financiero”, expresó Marcos Verbeek, el ministro de Infraestructura chaqueño.