Llegó a los tribunales de Comodoro Py poco antes de las 10, presentó un escrito y se fue. Pero eso que parece un simple trámite fue en realidad un hecho judicial y político de alta importancia. Julio de Vido, el ex ministro que durante la mayor parte de los 12 años del kirchnerismo controló la política ferroviaria del país y los subsidios, tuvo que presentarse a indagatoria por la tragedia de Once. En su defensa argumentó lo mismo que los otros ex funcionarios que terminaron condenados: que la culpa del choque en la terminal del ferrocarril Sarmiento fue únicamente del maquinista. Para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes fue un día especial: quieren a De Vido preso.

El ex ministro se tuvo que presentar en el juzgado de Claudio Bonadio, el juez federal que se convirtió en enemigo público N° 1 del kirchnerismo, por las diversas causas en las que investiga a ex funcionarios, incluyendo a la ex Presidenta. De hecho, hizo lo mismo que ella: planteó la recusación del juez.

De Vido ya conocía el edificio. Una semana antes fue uno de los que acompañó a la ex Presidenta cuando se tuvo que presentar por la causa por la venta de dólar futuro. Pero esta vez ingresó, se dirigió al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 y presentó un escrito, en el que aseguró que el maquinista, Marcos Córdoba, “mantuvo la velocidad constante del tren en aproximadamente 20 km/h durante los últimos dos kilómetros del recorrido. Ese es un error humano muy claro que explica el lamentable desenlace”.

Si ese es su único argumento, su situación podría ser complicada. Es que el Tribunal Oral Federal N° 2, el que tuvo a cargo el juicio por la tragedia, ya explicó en su fallo de 1.415 páginas que “las autoridades de la compañía (TBA, ex concesionaria del Sarmiento) tomaron la determinación de que la flota de material rodante a su cuidado prestase servicio en un deplorable estado de mantenimiento, situación que les permitió solicitar la reconstrucción integral del material rodante con fondos del erario público y en beneficio de la empresa, evidenciándose así la complicidad con los funcionarios del área de Transporte”. Con este argumento, los jueces condenaron a ocho años a Juan Pablo Schiavi y a seis años a Ricardo Jaime, ambos ex secretarios de Transporte que trabajaron en el gobierno kirchnerista bajo el ala de De Vido. También fueron condenado a nueve años Claudio Cirigliano, el dueño de TBA, y otros ex directivos de la empresa. El maquinista Córdoba, en cambio, recibió una condena de tres años y seis meses.

En ese mismo fallo del TOF N° 2 se le ordenó a Bonadio que investigara la eventual responsabilidad penal del ex ministro. “Pese a haberse acreditato una intervención determinante en los hechos de parte de los ex secretarios de Transporte, ello no eximiría de responsabilidad a Julio Miguel De Vido, ya que difícilmente se puede alegar un desconocimiento acerca de las circunstancias que aquí hemos probado", afirmaron. En la etapa de instrucción el juez no había incluido al poderoso ministro entre los acusados, pese al constante reclamo de los familiares de víctimas y sobrevivientes.

De Vido deberá volver a Comodoro Py, edificio que por estos días se convirtió en el epicentro de la política argentina. Es que el próximo miércoles tendrá que declarar ante el juez Julián Ercolini en la causa por irregularidades en la importación de trenes, la misma por la que quedaron presos Ricardo Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez.