Por Hernán Cappiello

El video de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema de Justicia fue interpretado en los tribunales como “un alzamiento contra un Poder Judicial que no le da las respuestas” que desea, un intento por deslegitimar las decisiones de los jueces y prepararse para un segundo semestre que la tendrá en el centro de las acusaciones –y hasta con una eventual condena en la causa de Vialidad–, además de sembrar el camino para recusar a los magistrados del máximo tribunal que les tocará revisar esa y otras sentencias.

En esos términos definieron jueces y funcionarios judiciales el video de 14 minutos y 38 segundos subido por la vicepresidenta a sus redes sociales, y acompañado por su voz en off, donde recreó una historia de la Corte desde Néstor Kirchner a la actualidad. Un relato que tuvo curiosas omisiones que no pasaron desapercibidas entre los magistrados. Por ejemplo, que de los cuatro jueces actuales, a Ricardo Lorenzetti lo nombró Néstor Kirchner y a Juan Carlos Maqueda –sobre quien se ensañó– lo designó Eduardo Duhalde, y ambos compartieron espacio en la “Corte ejemplar”, en palabras del Cristina Kirchner, que se formó a partir de 2003.

Otro miembro de esa Corte al que elogia sin mencionarlo es Carlos Fayt, a quien la vicepresidenta supo tildad de juez “centenario” y desde el kirchnerismo no se privaron de destratar y hasta ridiculizar en público, como lo hicieron con un muñeco gigante con pañales, en un escenario frente a los Tribunales. Fayt renunció a la Corte durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, en septiembre de 2015, pero con fecha del 11 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, para no darle esa satisfacción a la entonces presidenta.

Desde Comodoro Py deslizan otra particularidad de la relación del kirchnerismo con los tribunales: que durante una época los estrados judiciales fallaron a favor de los intereses del oficialismo, merced a la diligente gestión de operadores judiciales con vínculos con los servicios de inteligencia.

La renovación de la Corte se dio con la llegada de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, de quien Cristina Kirchner repite que fueron designados por decreto y en comisión, en violación a la Constitución. Pero lo cierto es que ambos juraron una vez que obtuvieron el acuerdo del Senado y no antes. Horacio Rosatti, incluso, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner omite otros momentos de buen diálogo con la Corte en el kirchnerismo y hasta las visitas que por ejemplo alguno de sus jueces, como Eugenio Zaffaroni, realizaron a la Quinta de Olivos. Como las visitas a Macri que ahora les imputa a otros magistrados que dictaron fallos en su contra.

En la Corte repitieron ayer dos frases como respuesta al video: “Sin comentarios” y “silenzio stampa”. Los jueces están de feria, excepto Horacio Rosatti, que se quedó de turno.

En los tribunales tampoco pasó desapercibido el final del video, en el que Cristina Kirchner vincula la crisis económica y social con la situación de descrédito del Poder Judicial. Como si preparara el terreno para señalar a la Corte como la responsable de la inflación, la pobreza y la disparada del dólar.

Las causas contra Cristina

Para comprender el mensaje a la Corte, en el Poder Judicial prestan atención a un antecedente y al futuro inmediato de la vicepresidenta. Mirando hacia atrás, el antecedente inmediato es que la Corte Suprema acaba de rechazar todos los recursos de Cristina Kirchner en la causa de Vialidad, con lo que allanó el camino para que el juicio oral llegue a su fin. Hacia adelante, señalan el alegato que el fiscal Diego Luciani iniciará el 1 de agosto: serán al menos nueve jornadas en las que desgranará cada prueba contra Cristina Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita que benefició a Lázaro Báez direccionando la obra pública en Santa Cruz. Lo más probable es que Luciani termine pidiendo una condena de entre cinco y 16 años de prisión.

El veredicto del juicio está previsto para fin de año y puede terminar en una condena. Por eso, qué mejor que deslegitimar al Poder Judicial. La propia vicepresidenta recuerda que la base de la legitimidad de una sentencia es que sea acatada. Sonó a desafío, dicen en tribunales, y señalan el caso del procurador Eduardo Sosa, de Santa Cruz, echado por Néstor Kirchner y repuesto en su cargo por la Corte, en un fallo nunca acatado por el kirchnerismo.

Existe otro antecedente que preocupa por igual a Cristina Kirchner. Hace 20 días, despotricó desde su despacho del Senado contra la Cámara Federal que estudiaba dictar una durísima sentencia en la causa de “la ruta del dinero K”, donde Báez fue condenado por lavado de dinero. Allí, la hipótesis del fiscal es que existe relación entre Cristina Kirchner y la fortuna de Báez.

Las versiones sobre ese fallo en ciernes eran tremendas para el kirchnerismo: mencionaban que se debía encuadrar el caso como parte de una empresa criminal alimentada por todos los expedientes contra Cristina Kirchner y los trascendidos no descartaban que el fallo de la Cámara Federal instara a la detención de la vicepresidenta. Para frenar esta sentencia, mensajeros del Senado, emisarios del Gobierno y del Congreso trataron de interceder en los tribunales, para evitarla, suavizarla o al menos posponerla. Los enviados fracasaron. Finalmente, Cristina Kirchner retiró la apelación y evitó la sentencia. Eso sí, se allanó a que la investigaran.

Otras tres causas amenazan su futuro en los tribunales. Una es la apelación del caso por lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces, con pronóstico delicado, ya que la Cámara de Casación podría revocar su sobreseimiento y ordenar que se la juzgue cuanto antes. Otro es el expediente por la firma del Memorandum con Irán, igualmente sobreseído sin ir a juicio. El último es la causa de los cuadernos de las coimas, que está en el tribunal oral, aún sin fecha de inicio del juicio oral.

Algunos funcionarios judiciales vieron en el video una admisión de su debilidad: Néstor Kirchner, con el 22 por ciento de los votos, logró una “Corte ejemplar”, según dijo la vicpresidenta. Ahora, el peronismo en el Gobierno no puede asegurarle una Corte confiable que, para colmo, ahora encabeza el Consejo de la Magistratura.

La defensa política fracasó en el Congreso, donde no avanzan los proyectos para diseñar un Consejo de la Magistratura más amigable, ni una Corte de 25 jueces, con delegados de los gobernadores. Ante esto, queda el video como admisión de las propias limitaciones y denuncia pública de hechos parciales, que pueden abonar la recusación de la propia Corte. También, preparar un reclamo ante los tribunales internacionales, como ya lo hizo el kirchnerismo en el pasado, con buen resultado, cuando en 2019 el relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, advirtió al gobierno de Cambiemos que eran “fiables” las denuncias sobre un “amedrentamiento del Poder Judicial” desde el Poder Ejecutivo, lanzadas desde el kirchnerismo.