María Eugenia Vidal está en un tobogán y hoy su mejor perspectiva sería la montaña rusa. Por ahora experimenta el vértigo del tobogán, con la velocidad de descenso que aumenta por la inercia y la incertidumbre sobre qué habrá allá abajo. La montaña rusa es su esperanza: las caídas son fuertes pero los ascensos también. Vidal y su equipo perciben que no es tiempo para exitismos, más allá de las encuestas que aún ponen a la gobernadora entre lo mejor rankeado de la política. Ahí están las causas por el montaje financiero del PRO y sobre todo la profusión de gente que se siente estafada por el uso de su nombre y atemorizada por posibles derivaciones judiciales.  

Vidal es gobernadora de una provincia jaqueada por una crisis que todo el Gobierno acepta como real. Su margen de maniobra está limitado por un ajuste que no le permite hacer política de manos abiertas con los intendentes, porque la obra pública por llegar quedó en el freezer y la obra prometida no se hizo. 

Juzgados

Dos jueces federales recibieron denuncias: Sebastián Casanello con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ernesto Kreplak con sede en La Plata. Dos fiscales ya husmean en los datos. Son el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello y el fiscal federal Carlos Stornelli, que investiga bajo jurisdicción de Casanello. 

Según confiaron a este diario funcionarios de la Justicia, Casanello y Kreplak podrían avanzar cada uno por su lado durante un tiempo difícil de determinar. Luego el peso de la causa podría caer sobre uno u otro juzgado. Los dos ya actúan porque recibieron denuncias sobre el sistema irregular de aportantes a las campañas. En el juzgado de Casanello terminaron las denuncias de Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, y de la ex diputada Margarita Stolbizer. En el juzgado de Kreplak, entonces de turno en La Plata, cayó el 4 de julio la denuncia de la senadora bonaerense de Unidad Ciudadana María Teresa García.

Casanello ya imputó a dos dirigentes del PRO de segunda línea, Silvia Chabán y Alfredo Irigoin, vinculados a la tesorería. 

Hay sospechas sobre delitos electorales y sospechas sobre delitos penales. “La tradición es que cuando los delitos son pesados el juez electoral los deriva a los jueces federales”, explicó un funcionario que pidió reserva de su nombre.

El jueves 26 de julio Stolbizer y su abogada Silvina Martínez incluso pidieron ampliar la investigación al presentar otros 150 casos de aportantes de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que niegan haber puesto dinero alguno. 

El efecto es simple, y de ahí el temor de Vidal y su equipo. Si se comprueba que no entregaron dinero y figuran como aportantes de campaña, el hecho daría pie a la presunción de que los denunciados cometieron por lo menos dos delitos graves. 

El primero es el de lavado de dinero en el que habrían incurrido las autoridades provinciales del PRO. Si no hay nombres, ¿de dónde salió el dinero? De orígenes no declarados. Si no fueron declarados, la Justicia puede presumir que el dinero es negro y fue blanqueado para las campañas electorales. 

Si los nombres que aparecen en las listas de la Cámara Nacional Electoral no son reconocidos por sus portadores como propios, fueron sustraídos. El PRO usurpó identidades. La sustracción de identidad no es cualquier delito en la Argentina. Fue el mecanismo del plan sistemático del robo de bebés en dictadura. No es que el PRO necesariamente haya copiado ese plan. Es que, en ciertos países, ciertos delitos tienen una connotación histórica especial. Las saudades que provocan no son agradables.

“El dinero circula en negro y para poder ingresar ese dinero y blanquearlo en rendiciones de cuentas se recurre a aportantes ficticios”, es el resumen que hizo Stolbizer.

La ex diputada anunció su oferta de convertirse en amicus curiae, amigo del tribunal, una figura que permite colaborar con la Justicia. El problema para acceder a esa categoría es que ella fue benévola públicamente con la gobernadora: “No pondría a María Eugenia Vidal como la gran responsable”, dijo el miércoles 25. En las mismas declaraciones afirmó que “esto fue armado y planificado”. Vidal es la presidenta del PRO bonaerense y quien designó a la tesorera María Fernanda Inza. “Si se comprueba que hubo irregularidades en la recaudación, los presidentes de un partido pueden llegar a no ser inculpados en términos de la Justicia electoral, pero sí puede haber delito penal”, fue la explicación que recogió PáginaI12. 

Obsesiones  

Di Lello ya pidió al Ministerio de Desarrollo Social que informe si los casos que investiga abarcan beneficiarios de planes sociales. Si lo confirmase, crecerían las sospechas sobre el uso de bases de datos. Aumentaría la probabilidad de que sea fácil de probar algo evidente: una persona que cobra Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, es difícil que pueda haber donado cinco mil pesos para una campaña. 

Consciente de que el Heidigate tocó a Vidal en el mayor capital que tenía hasta ahora –su credibilidad inmaculada– el equipo de la gobernadora oscila entre la obsesión por saber quién filtró la información, la inquietud por descubrir si los datos publicados primero por el periodista Juan Amorín salieron de adentro o de afuera de Cambiemos y la evaluación constante de los daños que puedan producirle el impacto del tema y sus repercusiones judiciales. 

Está en juego, como mínimo, el Plan Vidal Gobernadora 2019. Eventualmente entra en el tablero de riesgos el Plan Vidal Presidenta. Con las obras públicas congeladas por el ajuste, la única ingeniería que aparece en el horizonte es la electoral.

El terreno bonaerense, tan intrincado, no la ayuda. Las facturas internas son gravosas y aumentan ante el peligro. Los acusados en la denuncia de García son la propia Vidal como presidenta del PRO bonaerense, los vicepresidentes Néstor Grindetti y Jorge Macri, el secretario general Federico Salvai y la tesorera María Fernanda Inza. Grindetti revista nada menos que como intendente de Lanús y Jorge Macri de Vicente López. Son figuras de primera línea. El segundo, además, es primo presidencial. Salvai es jefe de Gabinete de Vidal y esposo de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley. Tan cercada quedó Vidal que por un momento se pareció a Donald Trump, el presidente que con frecuencia tira funcionarios por la ventana con la frase “You are fired”, equivalente de “Estás despedido”. Resultó fired justo su amiga y colaboradora Inza. Ex ayudante cercanísima, además, de Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnica de Mauricio Macri en la Presidencia. 

Abogados

Una vez en la calle, Inza recibió los servicios letrados de Alejandro Pérez Chada, uno de los abogados del Presidente. 

La contratación de Pérez Chada mereció un pedido de informes de la senadora García. Pidió que el Senado que requiera al Poder Ejecutivo la respuesta a dos preguntas. La primera es “si existe algún contrato vigente del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires con el Dr. Alejandro Pérez Chada y/o abogados integrantes de su estudio jurídico cualquiera haya sido el motivo de su celebración”. En caso afirmativo, el Gobierno debería indicar el objeto del contrato y el monto de los honorarios. La segunda pregunta es “si existe algún acuerdo de índole privado entre María Eugenia Vidal, María Fernanda Inza, Federico Salvai, juntos o por separado, y el abogado Alejandro Pérez Chada y/o profesionales de su estudio jurídico” en la causa que tramita en el Juzgado Federal número tres de La Plata.

Desmentidas no

Según cuentan dirigentes del oficialismo, Vidal y Jorge Macri nunca se quisieron. Pero la política no es amor y los hechos son tozudos. Como postulante de Cambiemos a la Gobernación, Vidal nunca desplazó a Jorge Macri en su carácter de armador financiero de la campaña de 2015. Nadie desmintió las declaraciones públicas del candidato a intendente de Ituzaingó por Cambiemos Osvaldo Marasco, varias de ellas formuladas a este diario. Dijo que los fajos de dinero físico para fiscalización y otros menesteres circulaban desde oficinas utilizadas por Jorge Macri en Vicente López. PáginaI12 consultó a Marasco. “Efectivamente nadie me desmintió nada, ni de manera informal ni de manera formal, y además me puse a disposición de la Justicia para ratificar lo que vengo diciendo”, fue su contestación. “¿Cómo me van a desmentir? Me conocen todos y saben que digo lo que pasó.”

Dirigentes del PRO y de la Unión Cívica Radical admitieron que, aunque no figuraba en la agenda oficial, el tema ocupó las conversaciones de pasillo entre los 60 intendentes bonaerenses de Cambiemos que se reunieron el viernes 27 en San Martín. Los 60 sesionaron junto al ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, y el director general de Educación, Gabriel Sánchez Zinny. Emitieron una especie de credo:

Afirman el compromiso “con la transformación profunda que estamos haciendo”.  Ven “con preocupación cómo espacios políticos que representan el pasado más oscuro de nuestra provincia intentan instalar que el cambio no es posible”.Opinan que los bonaerenses “saben que el cambio es posible porque ven las obras en cada municipio, porque estamos quitando privilegios y luchando contra las mafias, cuidando a los que más necesitan del apoyo del Estado”.Sostienen “más que nunca, junto a la gobernadora y al Presidente, los valores que todos los bonaerenses nos pidieron representar”.

Un dato clave: el cónclave sesionó de visitante en San Martín, distrito del intendente peronista Gabriel Katopodis, pero fue organizado y difundido personalmente por el primo Macri.

Cuando mañana abra su juzgado, Kreplak se encontrará con una ampliación de denuncia por parte de la senadora García. La denunciante ratificó la presentación del 4 de julio “para que se investigue la posible comisión de los delitos de lavado de activos, falsificación de documento, violación de secretos y privacidad, usurpación de identidad y violación de los artículos 15, 62, 63 y 64 de la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos por parte de la agrupación política PRO-Propuesta Republicana en las elecciones legislativas del año 2017”.

“Todo hace suponer que probablemente estemos frente a una operatoria fraudulenta cuya escala y diversidad de modus operandi aún desconocemos”, reza el escrito.