El oficialismo en la Legislatura bonaerense pondrá a votación un nuevo Defensor del Pueblo bonaerense, junto con el proyecto del presupuesto 2017. La idea es clara: condicionar al sector opositor que se quede con ese preciado cargo a votar el cálculo de gastos y recursos del año próximo.

El proyecto del presupuesto ingresará en los próximos días a la Legislatura. Se trata de una fecha atípica, toda vez que las durante el sciolismo la llamada ‘ley de leyes’ no salía del Ejecutivo hasta noviembre.

Por lo pronto, en el oficialismo ya tejen una estrategia para comprometer el voto de los sectores opositores. El presupuesto se vota con mayoría simple, pero el endeudamiento y una reforma de la fiscal impositiva requieren de dos tercios del cuerpo. Por eso, el oficialismo necesita de todos los sectores opositores para llegar a esa mayoría calificada.

Una de las estrategias es incluir en la votación la discusión por la Defensoría del Pueblo. La jugada incluiría una reforma en la estructura de la Defensoría, una maniobra adelantada por LPO y que apuesta a evitar centralizar una caja de 200 millones de pesos en una sola persona.

En principio, fuentes del oficialismo hablan de una estructura que comprendería un Defensor y dos adjuntos, los tres con presupuestos similares. En principio, el esquema que se ensayan en Cambiemos es que Guido Lorenzino (un ex funcionario sciolista, hoy cercano al Grupo Esmeralda) se quede con el cargo de Defensor. En tanto, una defensoría adjunta sería para el massista, Walter Martello, y la otra quedaría para Cambiemos.

La jugada apuesta también a normalizar ese organismo, acéfalo desde febrero del año pasado cuando venció el mandato de Carlos Bonicatto

Por entonces (últimos meses del mandato de Daniel Scioli), La Cámpora intentó sin éxito promover a la hoy diputada nacional, Fernanda Raverta. Sin embargo, todo fracasó y el cargo se encuentra vacante. Desde entonces, la Defensoría es controlada por quien fuera el segundo de Bonicatto, el radical Marcelo Honores.

Fondo para los intendentes

Otra de las estrategias del oficialismo será no incluir en el proyecto de presupuesto un fondo de obras específico para ser manejado por los intentes.

La maniobra apuesta a que un fondo similar al del año pasado (de $10.000 millones e incluido en el endeudamiento) sea solicitado por los intendentes y comprometer a ellos también a la aprobación del nuevo presupuesto. Y en particular, el nuevo endeudamiento.

El presupuesto actual, votado a mediados de enero de este año incluyó una autorización de endeudamiento de 60.000 millones, un tema que disparó una profunda crisis dentro del kirchenrismo y que selló la caída del camporista José Ottavis como interlocutor entre el kirchnerismo y el oficialismo.