La gobernadora María Eugenia Vidal está poniendo a prueba más que nunca sus habilidades políticas. No solo espera imponer su punto de vista en el conflicto con los docentes sino que, además, se fijó el objetivo de que los intendentes -sobre todo, los peronistas- adhieran al pacto fiscal en el plazo más breve posible.

La idea de la mandataria es que los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires terminen sumándose este año al nuevo régimen, que tiene por objetivo limitar el gasto público en todos los niveles de la administración.

Pocos intendentes opositores lograron que sus concejos deliberantes avalen esa normativa, hasta el momento.

Distintas fuentes de estas intendencias consultadas por iProfesional reconocen las habilidades de Vidal para negociar: se asombran de su firmeza y saben que, en algún momento, deberán adherir a la norma porque los fondos con los que cuentan son escasos y necesitan de auxilio externo.

En confianza, no falta quienes miran con cierta admiración el proceso de "peronización" de la gobernadora, que está dando muestras de haber aprendido a negociar con "la billetera en la mano" como lo hacía, sin ir más lejos, Cristina Kirchner.

Si bien el año legislativo recién comienza, los jefes comunales están preocupados porque se encuentran en una dicotomía.

Sucede que algunos consideran que avanzar con la ley de responsabilidad fiscal recortará sus autonomías.

Pero -al mismo tiempo- saben que es el único camino que tienen para obtener fondos frescos para hacer frente a las demandas de sus vecinos y a los sueldos de sus empleados.

Los intendentes peronistas realizan reuniones periódicas para lograr una postura conjunta y plantear alternativas a este escenario, en el que destacan que no tienen incentivos y que, por el contrario, todo lo que puedan llegar a firmar se transformará en una batalla de “toma y daca”.

Es que si bien la adhesión a la norma provincial es voluntaria y aún no hay un plazo determinado para hacerlo, es el requisito que le pide la Gobernadora para poder endeudarse y continuar o comenzar con obras locales que necesiten financiamiento.

En el Gobierno provincial consideran que, en el caso de que los municipios no adhieran al pacto fiscal, solo podrán encarar obras y crecimiento de empleo público a través de una suba de las distintas tasas municipales.

Fuentes de intendentes peronistas del conurbano consultas por iProfesional consideran que están en una situación “complicada” porque no pueden aumentar sus tasas mucho más, ya que el porcentaje de incumplimiento se dispararía y afectaría a sus habitantes.

Hasta ahora, la gran mayoría de los municipios firmantes de la ley de responsabilidad fiscal pertenecen al oficialismo.

En paralelo, solo nueve los jefes comunales peronistas adhirieron: Néstor Álvarez, de Guaminí; Roberto Álvarez, de Tres Lomas; Mario Ishii, de José C. Paz; Hugo Corvatta, de Saavedra; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Walter Festa, de Moreno; Hernán Y Zurieta, de Punta Indio; Jorge Cortés, de Hipólito Yrigoyen y Marcos Pisano, de Bolívar.

Parte de ellos lo hicieron necesitados de millonarias sumas de dinero destinadas a aplacar sus cuentas en rojo. 

Además, si no avanzaban con esta medida, también quedaban imposibilitados de recibir asistencias financieras extraordinarias por parte de la Provincia ni tampoco podían recibir ATN de Nación.

No todos están en la misma situación. Habrá que ir viendo, caso por caso, cómo se van desarrollando las negociaciones ya que el panorama económico y financiero de cada territorio es distinto.

Pero lo cierto es que, en confianza, los jefes municipales admiten que la pulseada con la gobernadora Vidal prácticamente no es ganable: la situación financiera hace que la alternativa de no adherir al pacto resulte inviable en el mediano plazo.

En líneas generales, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece límites a las cuentas de las comunas:

-Estipula que la planta de personal no puede crecer más de la población

-La deuda del municipio no debe superar el 8% de los gastos corrientes

-El gasto no tiene que aumentar más que la inflación.

A cambio de eso, la Provincia les permite tomar deuda para inversión yrecibir asistencia en caso de “imprevistos”.

Una vez que los intendentes suscriban el acuerdo, la billetera de la Gobernadora será la encargada de llevar algo de oxígeno a las exhaustas arcas municipales.

A partir de allí, se distinguirá aquellos distritos que cumplieron con los pedidos de los que no. Por ese motivo, desde las intendencias reconocen que tarde o temprano todos terminarán adhiriendo a dicha ley.

Más dinero por el Fondo del Conurbano

Otra de las batallas que está librando la provincia de Buenos Aires es la del Fondo del Conurbano.

Abogados de la Provincia presentaron un escrito a la Corte Suprema para solicitar que el resto de las jurisdicciones comuniquen su adhesión al Pacto Fiscal nacional (cuya ley nació de un acuerdo del presidente Mauricio Macri con los gobernadores), condición necesaria para que el Estado bonaerense retire su demanda.

A raíz del acuerdo, la Provincia percibirá más de $40.000 millones($20.000 millones como un fondo “extra” para compensar la pérdida del monto total solicitado como compensación por el Fondo del Conurbano, calculado en más de $65.000 millones el año pasado).

Durante la apertura de las sesiones legislativas, Vidal afirmó que ese acuerdo “hace posible sacar a la Provincia de la quiebra en la que la encontramos. Pero es mucho más que eso: es autonomía. Los bonaerenses no vamos a volver a depender de nadie nunca más”.

Esto le evitará, de ahora en más, tomar ciertas decisiones impopulares que generaron antipatía entre sus votantes.

A principios de año, la Provincia aplicó el revalúo en las propiedades urbanas y el impuesto inmobiliario llegó con aumentos del 56% promedio. Para atenuar el impacto, los incrementos tuvieron un tope, según la valuación del inmueble.

En este 2018, el Gobierno bonaerense ya recibe más dinero. Esto le servirá, también, para comenzar a delinear un proyecto de ley solicitado por varios intendentes, que piden por un cambio de fórmula para la coparticipación de la Provincia con los municipios.

La propuesta es impulsada por los distritos que componen el Conurbano, ya que argumentan que en ese territorio habita casi el 40% de la población de la Provincia, sumando a La Plata.

Los partidos del interior serían los más perjudicados si avanzan estas modificaciones. Esto incrementaría la batalla con los trece jefes comunales peronistas que emitieron un documento donde rechazan el pacto fiscal.

Las representaciones en la Legislatura

La modificación del citado índice de coparticipación deberá ser debatido en la Legislatura bonaerense, donde el oficialismo incrementó su número de representantes en ambas cámaras, gracias a los resultados obtenidos en las elecciones del año pasado. 

Tan grande fue el crecimiento de Cambiemos en la Provincia, que Vidal podría encarar casi cualquier tipo de reforma solo con sus legisladores y algunos aliados del PJ “dialoguista”.

El nuevo escenario, además, le permite prescindir de su gran aliado, el Frente Renovador, durante los dos primeros años de mandato.

En Diputados, Cambiemos cuenta con 44 de las 92 bancas. Necesita tres votos más para lograr el quorum y la mayoría. Para los dos tercios, deberá convencer a 17 opositores.

El oficialismo descarta a los 23 diputados de Unidad Ciudadana y se acerca al bloque PJ Unidad y Renovación (siete miembros); el massista 1País (13), y a Convicción Peronista (2), ligado al Movimiento Evita.

Pero no descartan dialogar con el Peronismo Kirchnerista, bancada que reúne José Ottavis y Rocío Giaccone.

Unidad y Renovación es una bancada presidida por el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, y alineada con los jefes comunales "dialoguistas" del PJ.

Este grupo se mantuvo por fuera del espacio de Unidad Ciudadana y se mueve en conjunto con las autoridades del PJ bonaerense.

Entre los intendentes peronistas que más diálogo tienen con los funcionarios de Vidal se encuentran Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora).

En el ámbito legislativo, los diputados y senadores de Cambiemos buscarán avanzar con cambios en el Código Procesal Penal de la Provincia y en los mecanismos de selección de jueces.

También pretenden sancionar una nueva ley de obra pública que acelere los plazos de las licitaciones y varias “grandes” reformas, entre las que se encuentran la política y la educativa.