El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible levantó la clausura y autorizó el funcionamiento de las dos usinas instaladas en el límite entre Matheu y Villa Rosa. La medida se firmó al día siguiente de las elecciones.
A través de dos disposiciones, la provincia de Buenos Aires levantó la clausura de las dos termoeléctricas ubicadas en el límite entre los partidos de Pilar y Escobar. El hecho, poco publicitado, le suma otro capítulo al conflicto.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), dependiente del gobierno de María Eugenia Vidal, canceló los procedimientos que había realizado en las dos usinas en enero al detectar una serie de irregularidades.
En aquel entonces, los funcionarios habían detectado altos niveles de ruido e incumplimientos en algunos aspectos de la evaluación de impacto ambiental. No obstante, pareciera que aquellas cuestiones ya han sido subsanadas en ambas plantas generadoras de energía.
La primera en tener luz verde para volver a funcionar fue la de APR Energy S.R.L., que recientemente también obtuvo el visto bueno de parte del municipio de Pilar. La clausura de la termoeléctrica denominada “Matheu II” fue dada de baja el pasado 26 de abril.
A principios de año había sufrido el cierre provisorio y la suspensión de actividades luego de que la Dirección Provincial de Controladores Ambientales, perteneciente al OPDS, detectara fallas en la evaluación de impacto ambiental, entre otros aspectos.
No obstante, a través de la disposición 278/19 quedó autorizada de parte del Ejecutivo bonaerense para funcionar normalmente.
La misma suerte corrió la central perteneciente a la empresa Araucaria Energy S.A., vecina de la de APR y bautizada como “Matheu III”.
La planta sufrió la clausura preventiva el mismo día de enero, aunque por parte de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la OPDS. El lunes 28 -un día después de las elecciones nacionales- el director del organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete provincial, Rodrigo Aybar, firmó la disposición 982/19 que habilita su funcionamiento.
Así las cosas, los reclamos de los ambientalistas y vecinos de la zona hasta el momento no han impactado en las decisiones del gobierno bonaerense y el municipio de Pilar. Sin embargo, aún mantienen la esperanza: la Corte Suprema de Justicia todavía no se pronunció sobre un recurso de queja al respecto
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