Entre los fundamentos que esgrimió la Corte Suprema de Justicia para dar lugar al tarifazo en el servicio de luz dentro de la provincia de Buenos Aires, se desestimó la “legitimidad” de los diputados del bloque del Frente para la Victoria-PJ, y del defensor del Pueblo (por ser interino), Enrique Marcelo Honores, para representar a los usuarios de la Provincia. Si bien desde la Defensoría sostienen que la competencia del radical Honores sigue siendo plena pese a ser interino, el Ejecutivo se prepara para negociar la titularidad real en el marco de la discusión presupuestaria que se viene. Para ello tenderá puentes con el peronismo y perderá el radicalismo. 

“Ellos consideraron mi carácter de interino, porque no fui elegido por los mecanismos previstos por la ley, y consideraron que soy un Secretario a cargo, con facultades para ejercer funciones operativas, pero no este tipo de planteos de orden nacional”, le dijo Honores a Letra P este miércoles luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia avalando el incremento del valor en el servicio eléctrico para la provincia de Buenos Aires. La lectura del máximo tribunal reactivó en la Legislatura la discusión para elegir al sucesor del ex defensor Carlos Bonicatto.

En fines de febrero del 2015, a Bonicatto se le venció el mandato al frente de la Defensoría del Pueblo y la comisión bicameral conformada para evaluar a un sucesor no lo prorrogó en el cargo. Entonces, bajo el acta  n° 12/15, se nombró a Honores como Defensor interino ya que “era imprescindible adoptar las medidas conducentes a efectos de evitar la situación de acefalía de la institución, garantizando la continuidad de sus funciones, siendo imperioso darle previsibilidad a los actos del Defensor del Pueblo, hasta tanto se culmine con el procedimiento de selección y designación del titular del organismo”. 

Dicha resolución fue aprobada por unanimidad, pero desde aquel día hasta la fecha no se avanzó más en el tema y el ex senador radical quedó al frente de la defensoría. En el medio, cambió el color político de la gobernación y Honores, continuó al frente del área ya bajo el gobierno provincial de la alianza Cambiemos. 

NEGOCIACIONES.- Hay un plan que corre entre el Ejecutivo y la Legislatura en referencia al nombramiento firme de un nuevo Defensor del Pueblo. Para elegir al defensor se necesitan los dos tercios tanto de Diputados como de Senadores y antes conformar la comisión bicameral encargada de evaluar a los nombres propuestos. 

“No tiene sentido la estructura de la defensoría como está hoy porque no ocupa ningún rol, por lo tanto tenemos la obligación de designar al defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, sea Honores u otro nombre”, le dijo un legislador opositor a Letra P, luego del fallo de la Corte que deslegitima el interinato de Honores.

El plan de la oposición será avanzar “lo antes posible”, con la nueva estructura. Y el oficialismo no encuentra mejor contexto que la discusión presupuestaria que se avecina. En el mes de octubre ingresará el Presupuesto 2017 a la Legislatura y el debate que se desprenda de la Ley de Leyes servirá como prenda de negociación para el nombre que se haga cargo de la Defensoría del Pueblo.

Si bien, el oficialismo se caracterizó en este primer año por negociar y ceder lugares directamente con el Frente Renovador y le dio varios cargos -entre ellos la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense a nombre de Jorge Sarghini- al FR está vez el canal de diálogo variaría hacia el Frente para la Victoria/Peronismo. Es que la gobernadora María Eugenia Vidal no quiere revivir la ardua negociación de lo que fue el Presupuesto bonaerense de este añ, cuando el bloque del FpV trabó por casi un mes la sanción del Presupuesto y terminó votado dividido. 

Igualmente el massismo tendría su recompensa. En las primeras averiguaciones de este medio son dos los nombres que se propondrían. El ex diputado sciolista y actual participante del Grupo Esmeralda, Guido Lorenzino, podría ser el nombre número uno; mientras que el ex diputado lilito y hoy integrante del Frente Renovador, Walter Martello, se podría convertir en el segundo en la línea sucesora. 

El defensor del Pueblo recibe como remuneración lo mismo que un senador provincial y el cargo “debe ser incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia. Tampoco puede tener actividad política partidaria y/o gremial”, según la ley 13834. 

De hecho, Bonicatto cuando asumió a la Defensoría del Pueblo debió renunciar al PJ. De avanzar el nombre de Lorenzino, el ex diputado debería seguir por el mismo camino: desprenderse de su pertenencia peronista.