Las irregularidades se detectaron en el llamado a licitación que presentó la Subsecretaría de Actividades Portuarias el pasado 8 de enero, en cuyas condiciones de explotación para el "Elevador de granos" del puerto de San Nicolás se prevé otorgar la concesión por 25 años, cuando el decreto 185/07 que regula la actividad portuaria en la Provincia dispone un máximo de 10, prorrogables por un período similar.

Es decir, que el Gobierno busca modificar un decreto por un acto administrativo de rango menos, violando principios constitucionales y desestimando el Régimen de Permisos de Usos vigentes en el ámbito portuario,  además de que algunos de los oferentes aseguran que el pliego entrega la Subsecretaría de Actividades Portuarias es distinto al pliego aprobado por el Ministro.

Las nuevas condiciones dispuestas por la Subsecretaría, que desde la renuncia de Marcelo Lobbosco se encuentra vacante, flexibilizan los requisitos de los oferentes, respecto del respaldo patrimonial, la inversión inicial y el tonelaje mínimo para operar durante el primer año, lo que favorecería a la empresa de Juan Manuel Ondarzu, sobrino y sospechado de ser también testaferro del ex intendente Passaglia.

En diálogo con NOVA, empresarios del sector explicaron que "las condiciones son claramente a la medida de uno de los oferentes, porque hacen imposible ofertar por la falta de información y las altísimas garantías para presentar una impugnación.

En ese sentido, puntualizaron que el llamado a licitación no aporta información sobre el estado ni de la maquinaria ni del predio de la elevadora, que además se encuentra en estado de semi abandono desde hace 5 años, y en los pliegos solo se establecen visitas en tiempos y plazos que no permitirían realizar más que una observación visual y no una auditoría sobre el estado real del equipamiento.

"La única forma de ofertar en esas condiciones es contando con la información que no está en los pliegos, de otra manera sería una inversión demasiado riesgosa para cualquiera", remarcaron los empresarios consultados.  Para evitar impugnaciones, el pliego exige garantías económicas millonarias, que solo serán reembolsables en caso de que la impugnación prospere en su totalidad, lo que convierte un derecho de los oferentes en otra apuesta económica de alto riesgo.

Como si algo faltara para que la maniobra saliera a la luz, la empresa de Ondarzu, que aún no logró adjudicarse la licitación, ya comenzó a realizar obras de acondicionamiento de uno de sus predios con el objetivo de acelerar la operatoria de la elevadora una vez que se termine el trámite.  Parte de esos trabajos incluyen la extracción de tosca de terrenos aledaños al río, una actividad que se encuentra prohibida en el marco de la Ley de Minería.

El ex diputado Andrés Quinteros, oriundo de San Nicolás, explicó que "por no haber Ley de puertos, la actividad se rige por el decreto 185. Por lo que cualquier modificación, inclusive en las condiciones de un pliego de licitación, debería realizarse por decreto".

Por lo que en caso de que la licitación prospere en estas condiciones, el escenario portuario se prepara para reaccionar contra el Ministerio de la Producción para exigir iguales condiciones en el resto de los servicios en otros puertos bonaerenses.