Operativo diciembre, ahora. El impacto inflacionario de la última corrida del dólar , más los efectos combinados sobre el empleo de la baja del consumo, la tensión en la cadena de pagos, la suba de tarifas y el ajuste del gasto público obligaron a adelantar el operativo de contención social que la gobernación bonaerense despliega cada fin de año.

Los saqueos y robos aislados que se vivieron en la última semana en el país no hicieron más que confirmar las alarmas que María Eugenia Vidal y sus ministros habían activado en junio. Como contó LA NACION en ese momento, la gobernadora y sus funcionarios pidieron a los intendentes del PJ y a los referentes de organizaciones sociales que los mantuvieran al tanto de cualquier foco posible de conflicto.

Vale una primera aclaración. A diferencia de la tesis sostenida por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , que apuntó al kirchnerismo tras los últimos incidentes, el grueso de la tropa de Vidal mira como aliados a los intendentes opositores y a los líderes de las organizaciones sociales a la hora de contener los desbordes.

Su foco de mayor preocupación, en cambio, pasa por los sectores marginales, sin ningún tipo de contención ni organización social o política. Los "miles de pibes en las esquinas" del conurbano, graficó un ministro provincial. Los que no tienen nada que perder. Son los grupos que, dicen, participaron en los intentos de saqueos de Mar del Plata, Tres de Febrero y Olavarría (todos gobernados por Cambiemos).

"Lo peor no pasó, viene ahora", dicen en el oficialismo, pese a la calma cambiaria de los últimos tres días. Es que dan por descontado que una buena parte de la suba del dólar (se calcula que un 40% de esa suba) se reflejará en los precios de los alimentos de los próximos meses, más allá de las medidas sociales anunciadas esta semana. "Son días para estar alertas, aguantar, contener", completan.

El ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, se encarga de coordinar un operativo en el que trabajan las distintas fuerzas policiales y que apunta principalmente a aumentar los patrullajes en torno a los hipermercados cercanos a barrios humildes (ver aparte). "Estamos en estado de alarma", señalan en el gobierno, para corregir: "Estamos todos conectados".

Pese al pedido de colaboración que Vidal les hizo a los intendentes peronistas, el foco de los temores de Cambiemos está puesto, casi totalmente, en un puñado de distritos gobernados por el oficialismo. La excepción es Moreno, que administra el kirchnerista Walter Festa.

Moreno comparte el podio de preocupaciones con Mar del Plata, donde gobierna Carlos Arroyo, un aliado en permanente tensión con Cambiemos. Son distritos populosos y complejos, con zonas muy vulnerables y falencias estructurales, pero para la tropa de Vidal encabezan la lista por otra razón. "Son municipios que están desbordados", resumen en La Plata. En Moreno, por ejemplo, Festa montó una mesa de emergencia que funciona desde 2017 junto a la Iglesia, gremios y organizaciones sociales y viene reclamando más asistencia de la Nación y la provincia.

El resto de las zonas calientes que desvelan a la Gobernación están en manos de intendentes de Cambiemos elegidos en 2015, menos experimentados en estas lides que sus pares del PJ. Quilmes, el municipio con mayor proporción de villas del conurbano, gobernado por Martiniano Molina, lidera esas alertas.

En particular, la atención está puesta en el triángulo invertido que conforma la localidad de San Francisco Solano, que se extiende también sobre Almirante Brown y Florencio Varela. La "triple frontera", como la conocen los vecinos.

Derqui, en Pilar, comandado por Nicolás Ducoté, es otra zona caliente para Cambiemos. La situación de esta localidad no es peor que la que padecen los barrios lindantes del vecino municipio de José C. Paz: lo que cambia es el "control" sobre el terreno que tiene el peronista Mario Ishii. Ducoté realiza operativos de saturación en ese distrito.

La frontera compartida por Morón y Tres de Febrero, donde gobiernan Ramiro Tagliaferro y Diego Valenzuela, respectivamente, es otra zona de riesgo para La Plata. Ciudadela ya tuvo un intento de saqueo esta semana. La misma preocupación se extiende a la franja fronteriza entre Moreno y General Rodríguez, administrada por Darío Kubar.

Dos distritos del sur del conurbano completan la lista de preocupaciones: San Vicente, donde gobierna Mauricio Gómez, y Berisso, al mando de Jorge Nedela.

En el caso de Berisso, para un sector de Cambiemos la alerta no surge solamente de la crisis que atraviesa la economía local, sino también por el "factor Secco": desconfían de la influencia en la región del intendente vecino de Ensenada, Mario Secco, que viene liderando varias protestas. La última, por el Astillero Río Santiago, terminó con disturbios frente a las puertas de la Gobernación.

Pero esta tesis es sostenida por un sector minoritario de la tropa de Vidal. La mayoría de sus funcionarios tampoco comparten la visión desplegada por la ministra Bullrich, pero no quieren contradecirla en público. Prefieren señalar que la ministra "maneja otra información sobre otras provincias". En rigor, nadie en La Plata habla de saqueos, sino de "robos organizados" o "hechos delictivos".

La clave, señalan, pasa por estar alertas todo el tiempo y en todas partes. Y allí asoma la preocupación por los distritos más populosos y extensos del conurbano, La Matanza y Lomas de Zamora, pese a que en Cambiemos reconocen que sus intendentes, Verónica Magario y Martín Insaurralde, tienen circuitos aceitados de contención sobre el territorio.

En La Matanza, por caso, nunca dejó de operar el comité de crisis montado por Alberto Balestrini en 2001, donde las iglesias y escuelas juegan un papel determinante en la prevención y la alerta. También allí diciembre llegó antes.