Son colombianas que cumplen arresto domiciliario en sus casas de Nordelta y Santa Catalina, en Tigre. Sus maridos están en la cárcel.
Pese a que dos de sus hijos fueron apresados en octubre de 2013, Mariela Grajales Gómez no había sido incluida en la causa que investiga a la organización criminal dedicada al narcotráfico radicada en Nordelta. Un año más tarde, el último 17 de octubre, “Doña Mariela” pasó a formar parte de la nómina luego de ser indagada, junto a su tercer hijo, Reymond Anthony Martínez Grajales.
La mujer, de 60 años, habría pasado unos días detenida en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, en el Palacio de Tribunales, pero pronto volvió a su casa del barrio Santa Catalina, en Tigre, donde cumple arresto domiciliario, según indicaron a PERFIL fuentes de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La medida fue adoptada por el Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, que también concedió el beneficio a Claudia Arias Celis, esposa de Jesús Antonio Yepes Gaviria, ambos procesados en la causa de Nordelta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En abril, la colombiana –madre tres niños– contó en una entrevista con PERFIL cuáles eran las condiciones de su prisión: sólo puede dejar su casa, una lujosa vivienda ubicada en el barrio Los Castores de Nordelta, para ir a buscar a sus hijos al colegio, para comprar comida en el supermercado y concurrir al centro de salud del barrio cerrado. El único lugar que tiene permitido visitar fuera de la ciudad-pueblo es la cárcel de Devoto, donde está alojado su marido. “Esto me produce mucho dolor y vergüenza”, reconoció en esa oportunidad la mujer de Yepes, que intenta disimular en el country su situación con la Justicia.
La detención de Mariela Grajales por lavado de activos ocurrió luego de que la UIF, a cargo de José Sbattella, pidió su indagatoria. El organismo investiga, a la par del juzgado de Alberto Santamarina, los vínculos comerciales entre procesados y sospechosos. En la entrevista con PERFIL, Arias Celis admitió que conocía a los Grajales desde su infancia y que llevaba su auto al lavadero Los Magníficos, propiedad de los hermanos. También habló de su relación con Walter Mosca, el arquitecto que es investigado por lavado.
Para la UIF, “Doña Mariela” también “formaría parte de la organización delictiva que, a través de empresas pantalla, operaciones con fideicomisos y adquisiciones de automotores de alta gama e inmuebles, introducía en el mercado las ganancias obtenidas del tráfico de estupefacientes”.
El organismo informó, además, que la mujer “efectuaba habitualmente giros de dinero a Colombia, destinados a John Eduard Martínez Grajales, también procesado. Además, “poseía automóviles y operaciones inmobiliarias en el barrio Nordelta –partido de Tigre– y más de 400 acciones en el Programa Pyme SRL, una de las sociedades pantalla que la organización utilizaba para lavar dinero”.
Dos meses atrás, Ruth Martínez Rodríguez fue vista paseando por el centro comercial de Nordelta. Se trata de la ex mujer de Daniel “el Loco” Barrera, el mayor capo narco de Colombia, apresado en septiembre de 2012, procesada en la megacausa Luis XV por lavado de activos.
Martínez Rodríguez cumple su prisión preventiva en una casa de dos plantas con pileta en el barrio La Alameda, de Nordelta. Su esposo, Ariel González, un agente inmobiliario detenido en el mismo operativo, espera el juicio en una unidad penitenciaria. En el momento en el que la banda fue desbaratada, en abril de 2012, la ex del “Loco” estaba embarazada; por esa razón, el juez Carlos Ferreiro Pella consideró que no debía ingresar a un penal. Además, tiene a su cargo otros cinco hijos. Lo mismo ocurrió con Mónica Aponte Gallo, embarazada al momento en que se libraron las detenciones. “En las decisiones de los jueces, hay una cuestión humanitaria. Las colombianas no tienen familiares en el país que se hagan cargo de sus hijos y, tanto Martínez Rodríguez como Aponte Gallo, estaban embarazadas; por esa razón, nunca dejaron sus casas”, explicó una fuente que participó en la Operación Luis XV, una investigación de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal.
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