A partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo bonaerense, las víctimas de delitos tendrán asesoramiento legal pleno y gratuito a cargo de un cuerpo de abogados públicos que atenderá a quienes más lo necesiten. El programa será presentado oficialmente hoy, a las 11, por María Eugenia Vidal en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno de la Provincia. 

La iniciativa se pondrá en marcha luego de que ayer, en el Congreso Nacional, se convirtiera en ley el proyecto que limita el otorgamiento de excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por delitos graves.

Los “Abogados Públicos de las Víctimas” acompañarán en todo el proceso penal a aquellas personas que requieran sus servicios y se acerquen tanto a las dependencias del Ministerio Público en los 19 departamentos judiciales, incluido La Plata, como también en nueve Centros de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia (Cavaj) nuevos que funcionarán en los partidos de La Matanza, Almirante Brown, San Miguel, Florencio Varela, José C. Paz, Lanús, San Isidro, Vicente López y Malvinas Argentinas. Esta medida fue adoptada por iniciativa del Ministerio de Justicia provincial, luego de que el año pasado se diseñara el Plan Integral de Asistencia a la Víctima para ayudar y asesorar a quienes sufren episodios de violencia.

Los “Abogados Públicos de la Víctima” tendrán dedicación exclusiva para patrocinarla durante todo el proceso e incluso representarla cuando esta se constituya como “particular damnificado”. Estos profesionales que brindarán asistencia atenderán en las dependencias del Ministerio Público como en los Centros de Asistencia a la Víctima distribuidos en todo el territorio bonaerense. 

Desde el lanzamiento del Plan, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia tomó intervención en 2.870 delitos graves y en 539 casos de trata de personas.

Desde el gobierno bonaerense afirman que el año pasado se envió a la Legislatura dos proyectos de ley para aumentar la participación de las víctimas en el proceso y en la etapa de ejecución de las penas. Estos proyectos buscan incorporar diversas herramientas con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos: a ser escuchado, a ser informado durante el curso de la investigación y a ser comunicado de cualquier disposición o medida restrictiva, pudiendo manifestar libremente su opinión y que la misma sea tenida en cuenta. De este modo, la víctima tiene que ser escuchada antes de acordarse una probation, un juicio abreviado, antes de que el imputado sea sobreseído o que se le conceda al condenado una libertad condicional o asistida. En síntesis, pasa a tener un rol preponderante en el Proceso Penal, dado que antes de cualquier decisión judicial que afecte sus intereses, debe ser informada. 

“Esto sucederá siempre y cuando así lo solicite, con el fin de evitar revictimizar cuando no tenga interés en conocer sobre el devenir del proceso”, informaron fuentes del gobierno provincial. También destacaron que ahora “es necesario actualizar la legislación en materia procesal penal para poder sistematizar las reformas parciales que ha sufrido el actual Código”. Con ese objetivo, se puso en funcionamiento una Comisión de Reforma Integral compuesta por representantes de la Legislatura Provincial, la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, la Asociación de Magistrados y del Colegio de Abogados de la Provincia, además de varios juristas invitados de reconocida trayectoria.

Es ley el límite a las excarcelaciones

Con 170 votos a favor, 8 en contra y siete abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó convertir en ley el proyecto que limita las excarcelaciones o salidas anticipadas en casos de violaciones, muertes por torturas, trata, robos a mano armada y narcotráfico. En todos estos casos, los condenados deberán cumplir de manera completa sus condenas en la cárcel.

Quienes rechazaron el proyecto fueron Pablo López, Soledad Sosa, Juan Carlos Giordano, Nathalia González (Frente de Izquierda), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita, alineado con Florencio Randazzo), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Julio Raffo (Diálogo y Trabajo) y Jorge Taboada (Chubut Somos Todos).

En el texto original estaban incluidos el homicidio simple y el contrabando, pero, luego de una reforma en el Senado, fueron excluidos.

En la Cámara alta también se corrigieron las “excesivas” facultades que se otorgaban al Servicio Penitenciario, para que sea el juez de ejecución penal –con intervención de las víctimas– el que decida sobre la concesión de las salidas anticipadas.

Esta normativa volvió a ocupar la agenda pública en abril, luego del crimen de Micaela García, quien fue asesinada por Sebastián Wagner, que confesó el hecho e involucró a su jefe. Wagner estaba en libertad condicional tras ser condenado a nueve años de prisión por dos casos de abuso sexual.

El proyecto modifica la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad y, entre los puntos más importantes, agrega más delitos al artículo en el que se establece en qué casos el detenido no puede acceder al beneficio de la libertad anticipada.