Daniel Funes de Rioja, quien asumirá la presidencia de la entidad en junio, remarcó que la postura es encontrar una solución para los bonistas.
Horas después de conocerse la proclama publicada el 25 de mayo por un grupo de referentes del kirchnerismo, que pidieron que el Gobierno suspenda el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Club de París para centrarse únicamente en afrontar la crisis generada por la pandemia de coronavirus, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) hablaron sobre la participación de Guillermo Moretti, uno de sus vicepresidentes, en el texto y remarcaron que esa no es la postura de la entidad.
“De ninguna manera responde a una posición institucional ni refleja un punto de vista compartido”, dijo ayer Daniel Funes de Rioja, actual vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales de la asociación y quien asumirá en semanas, en reemplazo de Miguel Acevedo, la presidencia.
En un encuentro virtual con el Rotary Club de la ciudad de Buenos Aires, destacó que de hecho la línea es la opuesta, dado que cada vez que desde la organización charlaron al respecto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, o incluso el presidente Alberto Fernández, siempre remarcaron que lo que había que hacer era encontrar una salida negociada.
“Las veces que hemos tratado la situación de los bonistas siempre hemos hablado de que había que encontrar la solución con los organismos internacionales. Incluso nos hemos reunido con el FMI y lo que hemos planteado es encontrar una solución razonable con una agenda de temas que entendíamos debía resolverse”, agregó Funes de Rioja y tras ello hizo alusión “al tema fiscal, a los controles de precios, y al triple cepo laboral, como la prohibición de despidos y la doble indemnización, cuestiones que lejos de beneficiar el proceso de transformación de la Argentina con inversión lo perjudican”.
Incluso el presidente de la entidad afirmó que le llamó la atención que Moretti firmara la proclama, avalada por nombres como los de del exministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni; la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos; y el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, con su cargo en la UIA “porque la lectura puede generar confusión”.
“Si ese fuera el pensamiento de la UIA, yo no estaría dentro de la institución. Yo respeto la pluralidad, espero que los otros también la respeten. Habrá gente dentro que comparte estos pedidos pero esta no ha sido la posición de la UIA, no es posición y espero que nunca sea una posición de la UIA”, cerró.
El pedido
La proclama publicada el 25 de mayo y que convoca a privilegiar “la salud y la vida y después la deuda” fue apoyada por dirigentes políticos, sindicales y sociales, así como personalidades de la cultura, el periodismo y el mundo judicial, que la difundieron con motivo del 211ª aniversario de la Revolución de Mayo.
“En épocas de crisis las sociedades se ponen a prueba. La defensa del interés general debe prevalecer por sobre los intereses individuales, y el uso de los recursos públicos debe priorizar el bienestar general, velando por la protección de los sectores más vulnerables”, comienza el texto, también apoyado por Gildo Insfrán, gobernador de Formosa; Felisa Miceli, exministra de Economía; y Amado Boudou, exvicepresidente, según lo publicado por Télam.
“Una pandemia de la magnitud como la del Covid-19, que hoy sufre la humanidad, exige que todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales y su superación, garantizando la atención médica de los enfermos y la vacunación”, indica el pedido, que además resalta que “los poderosos y quienes especulan con la crisis incrementan sus riquezas mientras, sobre las mayorías, recae el costo más alto de esta conmoción mundial que deriva en más pobreza, más desempleo, más marginalidad, más hambre”.
“La deuda resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina”, asevera también.
En concreto, la propuesta es “impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria; reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país; renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes; y utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4350 millones de dólares) para fortalecer las reservas internacionales del BCRA”.
Además insta a “apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo” e investigar el destino de los fondos para identificar a los responsables de la fuga de capitales, “puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina”.
En el documento de diez páginas, los referentes ligados al oficialismo por último proponen una agenda económica para encarar la pospandemia: “Destinar prioritariamente los recursos del país a impulsar el desarrollo integral de nuestro pueblo y de las fuerzas productivas de forma sostenida en el tiempo, para que se recomponga el tejido social”.
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