La Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) se mostró preocupada por la intervención y expropiación de Vicentin y pidió que si el gobierno sigue adelante con la idea de conformar una empresa estatal «con capacidad de abastecimiento local y exportación en biocombustibles», esta compañía «debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial».

La entidad advierte que el mercado interno de biodiésel está regulado por el Estado y «ha sufrido vaivenes en el cumplimiento de su marco regulatorio».

Además, solicita que «se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, de modo de no generar inseguridad jurídica, cuestionando la propiedad privada que aleja las inversiones».

Esta entidad, que representa a las productoras y exportadoras de biodiésel más importantes del país, señaló que la capacidad ociosa que existe en el sector se podría hacer cargo duplicando «su participación en cortes con gasoil en el mercado local, colaborando aún más en la sustitución de importaciones de gasoil».

CARBIO destaca que, de esta manera, se alcanzaría la soberanía energética con un producto «100% de producción nacional y amigable con el medio ambiente, sin desmedro de las exportaciones de biodiésel que ayudan a diversificar las exportaciones con mayor valor agregado y sosteniendo así la cadena sojera argentina».