El secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, fue el representante del gobierno provincial para abordar una salida negociada con los directivos de Vicentín que permita despejar la opción de expropiación, como alentaban desde Casa Rosada.

El mismo gobernador, Omar Perotti, fue refractario al plan estatista que impulsaba un sector del kirchnerismo y desde el primer momento buscó puntos de encuentros entre Alberto Fernández y los titulares de la empresa para encontrar una salida consensuada.

Con ese mandato, Somaglia se reunió con los actuales directivos de Vicentín en el despacho del juez de Reconquista que lleva adelante el concurso, Fabián Lorenzini, donde se acordó la conformación de un fideicomiso que posibilite inyectar fondos para salvar las acreencias y reactivar las plantas de procesamiento para que el holding agroexportador siga funcionando.

"Es un primer paso auspicioso", reconoció a LPO un alto funcionario de Perotti quien destacó el hecho por el cual "se ha empezado a desandar un camino y eso es lo más importante", en relación al plan de expropiación que generó una fuerte resistencia en el campo y que amagó con convertirse en un conflicto parecido al de la Resolución 125.

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De esta manera, Perotti se hizo de la llave para destrabar el nudo sin la necesidad de avanzar con medidas extremas, desplazando al gobierno nacional a un segundo plano.

Padoán, uno de los dueños de Vicentín, en la marcha que se hizo en rechazo a la expropiación de la empresa.

Si bien, aún no trascendieron detalles del acuerdo, la misma fuente consideró que "es un primer paso, muy auspicioso pero recién comienza un proceso de consensos, de búsqueda de formas de trabajo y de jugadores que quieran participar y ver la forma de que puedan hacerlo".

La negociación quedó a cargo de la provincia que avanzó con los directivos de la empresa y el juez del concurso en la constitución de un fideicomiso para inyectar fondos en el grupo y que vuelvan a operar sus plantas. "Es un primer paso auspicioso", celebraron en el gobierno de Perotti.

De hecho, en el gobierno provincial ponderan que el fideicomiso permitiría que acreedores e inversores hasta ahora ajenos a Vicentín puedan pasar a integrar la nueva sociedad abriendo un amplísimo abanico de posibilidades ya que el mismo Banco de la Nación -principal acreedor- podría acceder a esta opción lo mismo que las grandes cooperativas agrícolas como AFA.

La idea, entendieron algunos jugadores de la agroindustria, podría asemejarse a la salida que impulsó BLD, la correacopio que cayó en desgracia tras la devaluación de octubre del año pasado y que para superar el default les ofreció a sus acreedores canjear deuda por acciones de la empresa.

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Pero un tema de importancia superlativa será la manera en que se constituya el nuevo directorio. De hecho, los informes que presentó María Victoria Stratta, directora de Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe (IGPJ), que depende directamente de Somaglia, fueron durísimos al referirse al accionar de los actuales directivos de la empresa.

Stratta reiteró en varias oportunidades que la actual conducción diseñó un complejo esquema de sociedades subsidiarias con el fin de ocultarle al proceso concursal los activos más valiosos del holding y de girar divisas al exterior a sociedades off shore.

Además, no se cansó de señalarlos como los responsables de las "serias falencias en el desempeño de la administración societaria" por lo cual le solicitaba al juez del concurso la inmediata intervención de la firma. Al día de hoy sigue sin aparecer el balance de 2019 y los Libros Diarios.

El diputado Carlos del Frade.

En el mismo sentido, el diputado Carlos del Frade presentó un pedido de informes para que el ejecutivo provincial de detalles del principio de acuerdo y se pregunta si "el gobierno de la provincia cree que es ético ofrecer soluciones a directivos como el señor Máximo Padoán, inhibido de sus bienes por haber estafado al estado argentino por haber transferido dineros del Banco Nación a sus cuentas particulares entre agosto y diciembre de 2019".

Es que los actuales directores también afrontan demandas penales por presunta malversación de fondos, causa en la que también fueron imputadas las autoridades del Banco Nación durante la gestión de Javier González Fraga.