El lunes pasado a las tres de la tarde la agroexportadora Vicentin estaba en convocatoria de acreedores (“concurso preventivo” en jerga). Incurrió en cesación de pagos a fin del año pasado, un pagadiós formidable. El Banco de la Nación Argentina (BNA), es el principal acreedor. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está en la lista. Con opinable espíritu democrático, la cerealera dejó de garpe a miles de productores y proveedores de servicios. Santafesinos la mayoría aunque también hay perjudicados en Córdoba y otras provincias. Se rumoreaba la perspectiva de compra por capitales extranjeros en la que operaba el filántropo ex ministro José Luis Manzano. Los dueños de Vicentin pedían auxilio al gobernador santafesino Omar Perotti y enviaban palomas (o aves de rapiña) mensajeras a la Casa Rosada. A diferencia de El Padrino hacían una oferta imposible de aceptar: “capitalizar” los créditos públicos, transformarlos en acciones, asociar al Estado manteniendo a las actuales autoridades de la empresa. En criollo, que el Estado quedara como socio bobo-minoritario y sus funcionarios como cómplices del saqueo.

A las tres de la tarde del lunes nadie podía fundar en problemas de mercado la fulminante caída de una cerealera durante el macrismo. Aún en quinchos VIP se suponía que millones de dólares se fueron por la canaleta de la especulación financiera. “Estrés financiero” neologizaba Vicentin en sus comunicados mientras cerraba la ventanilla de pagos.

La empresa estaba en jaque. De ponerse, ni hablar.

El presidente Alberto Fernández anunció entonces el combo intervención-expropiación. Como herramienta para evitar distintos escenarios imaginables, todos nefastos: la quiebra, la liquidación del patrimonio con desguace, la compra hostil por jugadores foráneos o supuestamente nacionales. No como castigo a la falta de escrúpulos ni a posibles delitos.

“Rescate”, palabra clave. He ahí el objetivo, afirma desde el primer día Alberto Fernández. Confiscación, ilegalidad, inconstitucionalidad, ponen el grito en el cielo sus adversarios.

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La alternativa virtual: Perotti no estuvo en el anuncio de la movida. Sí en el encuentro entre el presidente y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas con el gerente general de Vicentin, Sergio Nardelli y un par de acólitos. El gobernador aspiraba a otro tipo de salida. Jamás la venta a conglomerados extranjeros. Pero sí una “alternativa superadora” (nueva expresión clave) a la expropiación. Las variantes manejadas son que el Estado santafesino integre el nuevo diseño comandado por YPF-Agro. O que se sumen cooperativas a la nueva empresa. O confiar en un nuevo emprendedor privado: un virtual comprador argentino dispuesto a honrar las deudas y seguir adelante. Levantar un muerto colosal, hacerse cargo. Justo lo que no asume Nardelli quien, explican asistentes a esa cita en Olivos, “quiere seguir adelante sin hacerse cargo de las consecuencias”. Finge demencia o amnesia por lo menos.

Hasta ahora se puede apodar Magoya a ese comprador ejemplar. Magoya no existía en el siglo pasado, ya lo cantaba María Elena Walsh. A esta altura del siglo XXI tampoco se deja ver. Pese a ello (o por eso) la cúpula de Vicentin se empaca en su oferta inviable en Olivos o ante el interventor Gabriel Delgado y el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca Luis Basterra que serán sus interlocutores en el futuro. Antes Fernández conversó para abrir espacios de diálogo y probar que no hay ningún ánimo persecutorio personal.

La intervención y la expropiación siguen transitando un camino de cornisa sembrado con clavos miguelitos. Los obstáculos surgirán en el Parlamento, en los medios hegemónicos, en los tribunales.

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La opo predecible y sacada: Nada más previsible que las reacciones de Juntos por el Cambio. Los legisladores opositores claman por debatir en el Congreso salvo que el oficialismo promueva leyes importantes. La palabra “Venezuela” es de uso obligatorio.

Un columnista Monsanto friendly de Clarín pierde la chaveta: escribe que la “soberanía alimentaria” es una “pelotudez”. La derecha se ne frega de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)… no extraña entonces que injurie un concepto acuñado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mucho tiempo atrás.

Las crónicas y entrevistas de los grandes diarios sobre los dueños de Vicentin los describen con ternura, como un conjunto de gente común. Granjeros apacibles y frugales como los Ingalls. O como los Campanelli con mejor posición económica.

Dicha gente linda está bajo sospecha de haber fugado divisas, entre otros delitos, lo que explica la presentación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el expediente penal que tramita ante el juez federal Julián Ercolini. Los créditos otorgados en los estertores de la gestión de Javier González Fraga al frente del BNA son injustificables y posiblemente ilícitos.

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El mercado opaco: En una entrevista difundida en Radio Nacional Folklórica el economista Fernando Porta explicó que el mercado agroexportador es muy opaco pese a lo que afirma la narrativa de las grandes corporaciones “del campo”. Se conocen --detalló-- los precios de las transacciones pero no su cantidad. Una parte apreciable del comercio de granos y aceites (desde luego jamás medida) se oculta tras una madeja de subfacturaciones y ventas clandestinas. Con nuestras palabras, el primer objetivo es evadir retenciones. La mercadería gravada se lleva por tierra a Brasil o Paraguay tras atravesar el NEA. A veces el contrabando se traslada en barcaza. Se cobra en negro sin dejar rastro.

Las divisas sustraídas al Fisco pueden quedarse en el exterior, configurando fuga. O retornar a suelo patrio por vía de lavado porque esa plata debe “blanquearse”. La UIF tiene como labor pre y post Vicentin descubrir esos manejos. Las cuentas off shore informadas por la OCDE que investiga la AFIP pueden sumar datos.

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Santa Fe, mitos y política: La militancia balconera del macrismo porteño cacerolea contra lo que venga, una agenda por semana. Antaño para que “los políticos se bajen el sueldo”. Tras cartón contra las inexistentes liberaciones masivas de presos. Ahora “todos somos Vicentin” lo que no debe leerse como un compromiso conjunto de pagar sus faraónicas deudas.

Los movimientos vecinales en Avellaneda y Reconquista (Santa Fe) son genuinos, los protagonizan personas que saben de qué se trata. Suponer que expresan a toda la población de la provincia simplifica, distorsiona. Los trabajadores de Vicentin acompañan la decisión del Gobierno. Tal vez quienes integran su administración, “de cuello blanco” muy cercanos física y familiarmente a la cúpula de la empresa, tengan otra posición.

Carece de rigor identificar tamaña empresa con los gringos que trabajan la tierra de sol a sol. Los acopiadores y exportadores integran el mismo circuito productivo pero son otra clase social, facturan distinto. Los acreedores en el juicio concursal son productores, algunos pequeños, otros medianos… a todos los curraron,

Perotti demarcó su perspectiva al elogiar la tradición de su provincia, “el arraigo” de los productores. Afronta un escenario político complejo.

El socialismo santafesino perdió el año pasado la única provincia que gobernó en su historia. Prosperó allá mientras perdía peso o acaso existencia como fuerza nacional. Muchos de sus dirigentes encuentran oportunidad de reposicionarse. La fracción más numerosa cuestiona a Alberto Fernández. El ex gobernador Miguel Lifschitz es el jefe de la bancada de diputados provinciales, los conduce, despotrica. La ex ministra de la producción Alicia Ciciliani recorre tópicos federales contra el centralismo porteño en un tuit flamígero: “no todo se compra. No todo se vende. Hay pertenencia y dignidad. Con DNU en la CABA no”. Llama dignidad a dejar un tendal de perjudicados en la provincia, no en la CABA.

Lifschitz conserva fuertes lazos con la crema del empresariado local. En su momento intentó, sin éxito, prorrogar hasta el año 2057 la concesión de Vicentin en el puerto de Rosario que recién vencía en el 2023. El grueso de los intendentes y presidentes comunales del socialismo gobiernan en zonas chacareras de la provincia.

Otro ex gobernador socialista, Antonio Bonfatti, encabeza el ala más transigente. Tramitó diferencias con Lifschitz ya durante el gobierno macrista.

La figura interna más díscola del peronismo local es el ministro de Producción Daniel Costamagna, ex dirigente ruralista, de CRA. Amenazó con renunciar, hizo declaraciones críticas.

Los senadores provinciales peronistas se encolumnan con la movida presidencial y con su gobernador. Representan a toda la geografía provincial porque se los elige por circunscripciones uninominales. No lista única, sino una por cada departamento.

Los colegas santafesinos Diego Rubinzal y Gustavo Castro aportaron información para este párrafo. Se agradece. Las opiniones y los eventuales errores corren por cuenta de este cronista.

El concurso preventivo tramita en Reconquista. El jurista pampeano Gustavo Arballo alerta, con fino olfato, "el sistema concursal es el Far West del derecho, lo podemos romantizar y hasta ‘civilizar’ pero de movida es un peligro tanto para lugareños como para forasteros”. Peor para forasteros, piensa este escriba y pasa a explicarse.

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La cancha inclinada: En la Argentina real a nadie se le niega un faso o la judicialización de cualquier medida política. En los tribunales siempre tiene ventaja deportiva quien quiere empiojar o demorar. En los juzgados comerciales, los penales económicos y los contencioso administrativos las grandes empresas casi siempre juegan de local. En convocatorias de acreedores se acrecienta, casi siempre, la ventaja de los deudores morosos. El VAR a menudo es manipulado por jueces-camaristas más cercanos a ellos que de los acreedores.

Para empezar es enorme la asimetría de recursos entre los juzgados y los grandes estudios jurídico contables. Personal, “fierros” informáticos, tiempo disponible. La plata que puede abrir puertas o seducir voluntades. La padecen funcionarios y magistrados honestos, consustanciados con su deber… quienes no lo son las invocan como atenuante.

Las distancias crecen en un juzgado de una localidad pequeña o mediana. El poder local influye. El intendente, los medios, los referentes sociales gravitan y se hacen sentir.

La magnitud del concurso es descomunal. Cuesta encontrar precedentes en la historia nacional pese a que es generosa en chanchullos, millonarios escapistas y bancarrotas. Un punto de comparación posible, lejano en el calendario, es Sasetru, importante empresa alimenticia creada durante el primer peronismo. Uno de sus dueños, Jorge Salimei, llegó a ser ministro de Economía del dictador Juan Carlos Onganía. Caída en desgracia con la ulterior dictadura se desmoronó, terminando en una quiebra gigantesca. Se prolongo durante años, solo se recuperó parte de lo adeudado. La empresa fue desguazada, algunas unidades de negocios se vendieron, muchas fábricas de Sasetru cerraron para siempre, se consumaron despidos a granel. Ese era uno de los porvenires factibles para Vicentin el lunes a las tres de la tarde.

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Omisiones y puteadas: Llegan tarde quienes objetan que el Estado no debe comprometer la plata de los argentinos en empresas privadas. La deuda total que se reclama a Vicentin en el concurso ronda los 200.000 millones de pesos. Al BNA le corresponden 18.182 millones. Si se suma la AFIP superan el 25 por ciento del total. Productores y proveedores de servicios tienen créditos superiores a los 28.000 millones. Difícil que se embanderen con la cerealera salvo que sean masoquistas o los aqueje el síndrome de Estocolmo.

“Fuerte rechazo de entidades empresarias mientras en la UIA hay divisiones” titula el diario Clarín. Un marciano supondría que la UIA es una ONG de librepensadores dedicada a la filatelia o al cuidado de los yaguaretés. Mas no, es la Unión Industrial Argentina cuyos popes discutieron propiamente a las puteadas. Las entidades empresarias PyME apoyan la iniciativa gubernamental.

La decisión está tomada, en defensa del patrimonio colectivo, de las fuentes de trabajo. Están bajo la lupa posibles delitos habituales entre los grandes jugadores de la economía doméstica que suelen quedar impunes. De nuevo: usualmente los jueces comerciales llevan la camiseta de las corporaciones. Baqueanos del Foro apodan “Penal cómico” al Fuero Penal Económico.

Concretar la expropiación enfrenta rivales de fuste con mucho más poder que escrúpulos. Ningún cambio se consigue sin vencer resistencia del establishment.

Por último; la expropiación está prevista en la Constitución que defiende a ultranza la propiedad privada. Y acusar de traidores a la Patria a quienes cuestionan el statu quo es una vieja costumbre de la derecha. Aquella que contrajo una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional y se encolumna simiescamente detrás de “la Embajada”.