Por Alvaro Torriglia y Sandra Cicaré

La comisión de información y seguimiento de la empresa Vicentin Saic de la Cámara de Diputados de Santa Fe señaló que la decisión de prorrogar el concurso de la agroexportadora por parte del juez de Reconquista Fabián Lorenzini “genera una fuerte corriente de inquietudes entre productores granarios, bancos involucrados, trabajadores y la sociedad en general” y planteó que “los informes de la Sindicatura, la auditoría y diferentes organismos públicos y privados son elementos que deben tenerse en cuenta en relación al presente y futuro inmediato del consorcio de más de treinta empresas que conforma el grupo”.

La comisión presentó hoy el último informe, que surge del trabajo realizado por los legisladores durante 2021, año en el cual mantuvieron reuniones con gremios que representan a trabajadores de las empresas que conforman el grupo, como la Federación de Aceiteros y el Sindicato de la Carne (por Friar) así como con los obreros Algodonera Avellaneda. También mantuvieron un encuentro con el juez del concurso, con autoridades de la provincia, directivos del Banco Nación y con el veedor del concurso designado por esta entidad.

En un pormenorizado documento, la comisión muestra un conjunto de informes que dan cuenta de las marcadas irregularidades que llevaron a la compañía al default y que echan por tierra los argumentos de la empresa, que atribuyó esta situación a cuestiones externas a su manejo.

Los legisladores que conforman la comisión, que vienen de distintas fuerzas políticas, evitaron plasmar una conclusión conjunta sobre el tema y eligieron presentar el conjunto de la documentación como un conjunto de pruebas que hablan por sí mismas.

La comisión está integrada por Luis Rubeo (PJ), Carlos del Frade (FSP) Mónica Peralta (Gen), María Laura Corgniali (PS), Betina Florito (Somos Vida), Rubén Giustiniani (Igualdad), Fabián Palo Oliver (UCR), Ariel Bermúdez (Creo), Walter Ghione (Somos Vida y Familia), Gabriel Real (PDP), Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio) y Oscar Martínez (Frente Renovador).

Entre ellas se destaca el informe forense presentado en junio de 2021 por los auditores Arnaud Iribarne y Asociados, Abelovich, Polano y Asociados SRL, y Deloitte & Co. SA que fue encomendado mediante resolución del 16 de octubre de 2020, el cual deja constancia de "las innumerables irregularidades en el manejo comercial, las inconsistencias entre la situación patrimonial hasta fines de 2018 con respecto a la del año posterior, cuando Vicentin SAIC entra en cesación de pagos al tiempo que cambiaban las condiciones políticas del país, con la salida de Mauricio Macri del gobierno”, explica el documento de la comisión.

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Los legisladores apuntan que el informe de la auditoría forense "es una radiografía del funcionamiento y desvíos de la que fuera una de las primeras cerealeras exportadoras del país durante más de una década y que llegó a ser la líder en exportación de aceites y harinas”. De ese lugar “pasó a ser la responsable de lo que los propios bancos acreedores extranjeros describieron, en medios especializados de Estados Unidos, como posiblemente la mayor estafa en la historia del comercio de granos", agregó el informe de la comisión.

Ecosistema de empresas

También destacan que el informe de la auditoría "hace una precisa descripción de la relación y el funcionamiento de Vicentin SAIC ("la concursada") y el grupo de empresas satélites" y recuerdan que "el juez Lorenzini rechazó en forma persistente considerar al conjunto de empresas como un mismo grupo, eludiendo extender a las satélites las mismas inhibiciones que ordenaba sobre la principal".

Los legisladores santafesinos de la comisión, señalan que los auditores en cambio consideraron que "la concursada encabeza un ecosistema de empresas vinculadas que generaron pérdidas de mayor magnitud que las ganancias generadas por el negocio principal, lo que implicó la inversión en negocios deficitarios que aspiraron capital de trabajo durante años". Y además que "este ecosistema se sostenía a través de un complejo entramado de transacciones entre las entidades Non-Core (satélites) y Vicentin (Argentina y Uruguay) y entre las propias Non-Core, manejado de manera centralizada desde la tesorería de la concursada (ciudad de Avellaneda, Santa Fe)".

Por otra parte, los auditoría mencionó que “el giro del negocio de capital de trabajo intensivo y márgenes exiguos, sumado a pérdidas recurrentes en los negocios Non-Core, ha implicado que la estructura de capital de la concursada requiera de una permanente asistencia financiera".

"Mientras que la asistencia financiera, según la documentación relevada, tenía un destino específico que era la prefinanciación dese a exportaciones, advierte del análisis efectuado que la concursada utilizaba esos desembolsos para el sostenimiento del flujo de fondos operativos, sea para gastos corrientes -incluyendo el pago a proveedores granarios- o la cancelación de deudas financieras".

Crítico informe de Afip

Otro de los informes que la comisión destaca como concluyente es el que realizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) sobre lo actuado por la sindicatura. Allí el organismo señala que el informe general del síndico "se centra en la desconexión con la realidad económica que evidencia tal documento", al mismo tiempo que en el mismo la se hace "casi con «copy paste» de las razones inverosímiles dadas por el deudor para explicar las causales de su crisis, las que deposita en factores exógenos que no estaban en su alcance modificar ni prevenir".

En otro párrafo el informe de la Afip señala que "el presente proceso, se ha caracterizado por ser una huida hacia adelante, tratando de que el paso del tiempo tape de facto situaciones de antijuricidad como el abuso de la personalidad jurídica que realiza la concursada, o de soslayar que se registran las causales del artículo 94 inciso 5 y el artículo 206 de la LGS, que dan lugar a la disolución de la sociedad, por pérdida del capital social".

Recuerda la omisión de datos de Vicentin a la hora de presentarse en concurso como también los balances y asegura que “la sindicatura copia todas las indulgencias auto-concedidas por el deudor”.

Pero fundamentalmente ese informe de Afip que destaca la comisión de seguimiento legislativo, hace hincapié sobre el entramado societario que todo el tiempo Vicentin negó y que los legisladores siguen apuntando como un tema central a observar por la Justicia, tanto comercial como penal. “Se han efectuado múltiples presentaciones y demandas pidiendo mayor actividad de la sindicatura para evitar la paulatina dilución del patrimonio de la concursada, por ejemplo, en la cuestión de la dación en pago de Friar SA la simulación de venta de Renova SA o el contrato con Maxim Group sin autorización del juez ni vistas al síndico ni al comité de control", recuerda la Afip en un extenso escrito donde demuestra que Vicentin es un entramado societario y no una sola compañía.

También el informe de la comisión de seguimiento recuerda el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que confirmó el embargo por más de 111 millones de pesos en función de la denuncia que realizó la Afip para que se investigue a los directores de Vicentin como presuntos autores del delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales en los períodos 2016 a 2019, por un perjuicio fiscal de ese monto.

La voz de los trabajadores

Finalmente, los legisladores expresaron en el informe de la comisión el resultado de las reuniones que mantuvieron con los trabajadores y sus consideraciones sobre el tema en marzo de este año. Sobre la situación de los trabajadores de Algodonera Avellaneda los legisladores indicaron que se trata de "430 operarios que están cobrando $163 pesos la hora (marzo/2021) y tienen los cuatro delegados suspendidos por la Asociación Obrera Textil (AOT)". También que "hay maquinarias nuevas pero no hay inversión en repuestos" y que los trabajadores “denunciaron malos tratos, turnos de veinte minutos para comer y hay jornadas en las que no pueden ir al baño por las exigencias en los ritmos de producción”.

Por otra parte indicaron que "128 personas están bajo el convenio del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia), 312 personas bajo el de la AOT y estas personas ganan 12 mil pesos por quincena y trabajan seis días a la semana".

En el encuentro con la Federación de Aceiteros y Desmotadores de Algodón los legisladores señalaron que el sindicato manifestó que “hay un desguace en cuentagotas en las plantas aceiteras y derivados, que la empresa de bioetanol está trabajando al 10% de su capacidad; que de cuatro turnos se pasó a tres y que hay una reducción del 30% del salario", así como que "no existe diálogo entre el nuevo directorio y los trabajadores".

Por último las diputadas y diputados de la comisión se reunieron con los dirigentes del Sindicato de la Carne, una charla de la cual se obtuvo la información que "la nueva firma propietaria de Friar es Buenos Aires Financiera (BAF) y se hizo cargo de la empresa aunque los gerentes son los mismos de siempre". Además, "de acuerdo a los dichos de los dirigentes reunidos con la comisión, esta empresa se dedica a comprar empresas fundidas como Milkaut y parte de Sancor", sostuvieron los legisladores.

También “que se está trabajando y cobrando muy bien”, así como que se “concentraron las actividades y las redujeron a los rubros comerciales que más ventas tenía el frigorífico".