El debate al respecto lo abrió el japonesista Javier Carrillo. “Todo lo que se pueda hacer para mejorar la seguridad vial cuenta con nuestro apoyo (…), y este convenio van en esa línea. Pero un martillo en manos de un obrero es una herramienta, pero en manos de un loco puede ser un arma”, aseveró, y en ese sentido, consideró que el mecanismo a implementarse “podría malograrse si en vez de abocarse a los objetivos de la seguridad vial se orientará a una cuestión meramente recaudatoria”.

Por eso instó a que “esto se encuentre debidamente informado, publicitado y que se difunda a los vecinos de Vicente López la localización de cada uno de estos equipos”. “No quiero que haya agentes de tránsito en las calles interiores del partido, con el cinemómetro en la mano, a los efectos de recaudar sobre aquellos que vayan a 44 en vez de a 40”, ilustró. “Así estaríamos aprobando una buena herramienta y todos nos quedamos tranquilos que se va a hacer lo que todos queremos que se haga”, cerró, haciendo moción para que su propuesta sea tratada mediante un proyecto de resolución.

“No corresponde que se incorpore ningún proyecto de resolución, porque hoy tratamos un proyecto de ordenanza para homologar o no el convenio”, respondió el presidente del HCD, Carlos Sandá. No obstante, compartió la propuesta, y asumió el compromiso de tratar el proyecto en la Comisión de Transporte y Tránsito.

“Hoy hay poco control de las infracciones, no solo en las avenidas sino también en muchos barrios de Vicente López”, reconoció el socialista Carlos Roberto, al tiempo que lamentó se hayan “reducido los operativos de controles de alcoholemia”. “Este es un mecanismo eficiente para el control de las infracciones de tránsito”, sostuvo, y opinó que “es obligación del Municipio hacer ese control”. “Uno puede tener dudas en cómo se va a ejecutar”, comentó, por eso compartió la necesidad de “informar la ubicación de los lugares donde van a instalar las cámaras”.

“No me aseguran” que no sea con un afán recaudatorio, lanzó Norberto Antelo, del GEN. “No creo que el proyecto se vaya a tratar en comisión”, dijo además. “Ver a un señor parado en medio de dos choches con una pistola, como he visto en Capital Federal, queriendo controlar a alguien que venía, que cuando lo vio freno de golpe, es seguridad vial para algunos e inseguridad vial para otros”, relató, tras lo cual adelantó su voto negativo. 

Para Graciela Menéndez, del PRO, “este es el momento de homologar la ordenanza, es en el ceno de la comisión donde vamos a conversar cualquier modificación o cualquier aporte que se quiera hacer”. A su vez, indicó que los municipios de la Región Metropolitana Norte y la Capital ya poseen este sistema. “El Departamento Ejecutivo, para no hacer un ‘cazabobos’, esperó dos años a que los demás municipios lo implementaran. Recién ahora lo estamos homologando, después de un intenso debate en comisión, donde vinieron funcionarios del Ejecutivo a aclarar todas las dudas”, aseguró.

A su turno, la paraoficialista Paola Caputo subrayó que el texto de la ordenanza habla de “difusión masiva” del sistema. “Está clarísimo el plan que va a realizarse respecto de la aplicación en la práctica de este convenio”, manifestó, y resumió: “El proyecto que proponen está deidamente contemplada en este convenio”.

La discusión la cerró el presidente del bloque oficialista, Antonio Rendón Russo, quien dejó en claro que la medida va a “mejorar la seguridad vial”. “El eje fundamental es disminuir la cantidad de accidentes de tránsito, muchos de los cuales se cobran vidas humanas”, sentenció, también consideró que servirá para “ordenar el tránsito” y que “va a facilitar la convivencia social y a promover más respeto por la seguridad vial”. También defendió el uso de la tecnología para mejorar la seguridad vial, y planteó que “obviamente debe haber información” al respecto de la instalación de las cámaras.

“La intención de esta gestión es trabajar permanentemente para mejorar la calidad de vida del vecino”, finalizó.

El proyecto fue aprobado por 19 votos afirmativos contra 2 negativos, a cargo de los legisladores del GEN, Norberto Antelo y Claudia Ávalos.