La adquisición de los elementos para el área que administra Raúl Basilio se hizo mediante una licitación pública, y la adjudicación fue aprobada por el Tribunal de Cuentas (TC).

Hasta allí, el procedimiento es uno de los tantos que se llevan adelante a diario en la administración pública. Sin embargo, en este caso, una particularidad llamó la atención.

La firma que resultó beneficiada para proveer los artículos de aseo fue “Limpísimo”.

Y, de acuerdo a lo informado por el TC, la empresa pertenece a Beatriz Sofía Basilio, prima del titular del organismo.

“Parentesco lejano”

El funcionario alperovichista reconoció el parentesco, aunque aclaró que no comparte con ella una relación social. “Puede tener un parentesco lejano, pero no es gente a la que frecuente. Es prima de tercer o cuarto grado”, afirmó para despejar sospechas.

Basilio destacó también que su familiar es también proveedora de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y que llegó a proveer a Vialidad mediante procedimientos establecidos por ley y que no fueron objetados por el TC, órgano de control de las compras y contrataciones del estado.

“Aquí no hubo contratación directa. Ella es una proveedora que desde hace más de 10 años gana licitaciones con varios organismos públicos”, argumentó. Efectivamente, en los registros del Boletín Oficial (B.O) figura al menos una licitación más que ganó la firma “Limpísimo”. En 2012, vendió artículos a la Dirección General de Institutos Penales por $75.278,70.

El responsable de la DPV concluyó que las sospechas provienen de sectores que pretenden manchar su gestión. “Si me quieren ensuciar, que me ensucien, yo sabré cómo defenderme”, advirtió.

Durante los últimos 10 años del gobierno de José Alperovich, desde la oposición se denunció la contratación de empresas vinculadas a funcionarios como proveedoras de bienes y servicios al estado. El último caso- y el más resonante- fue el que involucró al ex responsable de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito.

En el TC se inició un juicio de responsabilidad y en la justicia penal, Brito está imputado por presuntas anomalías en decenas de obras públicas.

Entre las irregularidades denunciadas, figura la compra directa de materiales de construcción a firmas que pertenecerían a allegados. Brito renunció en agosto de 2012, luego de que se publicara un acuerdo del TC que marcaba supuestos sobreprecios en la restauración de la fachada de la Casa de Gobierno.

Al poco tiempo, fue denunciado por la entonces legisladora Silvia Elías.