Ayer al asumir, el nuevo cuerpo extendió el período de sesiones para tratar este tema que también puede judicializarse. Siguen las acusaciones de compra de votos, por un lado, y la de haber impulsado la toma de la Legislatura, por el otro.

Carlos Gómez jura como diputado reelecto. Fue uno de los pocos que estuvo en la polémica sesión y que ahora deberá evaluar la legalidad del veto de Buzzi. Tal como informó El Patagónico en su edición de ayer, la emergencia económica que había reclamado el gobernador electo Mario Das Neves fue aprobada en los últimos minutos del miércoles por 18 diputados en el despacho de presidencia, ya que por la toma de la Legislatura por parte de los trabajadores estatales no se pudo sesionar en el recinto. La ley, cinco minutos luego de haber sido sancionada, fue vetada -también antes de finalizar el miércoles- por el todavía mandatario de la provincia, Martín Buzzi.La particular aprobación y el controvertido veto prolongó ayer las discusiones que se venían sucediendo entre el gobierno saliente y el entrante, y profundizaron las acusaciones que por compra de votos se hicieron desde el "buzzismo", y por haber impulsado la toma de la Legislatura, se escucharon desde el dasnevismo para con el sector que hasta ayer era oficialismo en la provincia.El veto, que para el nuevo gobierno es ilegal, será inicialmente revisado por la nueva Legislatura, donde el Frente para la Victoria tiene mayoría. Ayer, en su primera sesión luego de la jura de sus miembros, la Cámara convocó a sesiones para la semana próxima para definir la suerte tanto de la ley de emergencia como la del veto.

ESTADO DE CONFUSIONAntes del ingreso del veto a la Legislatura, desde Chubut Somos Todos (ChST) se indicó, a través del diputado Roddy Ingram, que el veto "puede ser anulado por otro decreto del nuevo gobernador", algo que no tiene muchas formas legales, pero que refleja el estado de confusión que generó el particular tratamiento y la anulación de la ley que provocó en los dos sectores políticos en pugna.El veto fue definido por Buzzi por el decreto 1.697, que lleva su firma y la del ministro Coordinador de Gabinete y ex compañero de fórmula, Juan Garitano, y considera que la emergencia es "injustificada, atento no estar dada una situación económica y financiera que amerite una medida de tal envergadura".También se sostiene que "la mentada emergencia conlleva la suspensión de un total de medidas de tipo económicas con las cuales se ha visto beneficiado el pueblo chubutense y que sus consecuencias implican el avasallamiento de derechos, tales como la suspensión de los pagos y otras contraprestaciones que corresponden a obligaciones contraídas por el Estado provincial y la facultad de declarar resueltos los contratos de obra y consultoría celebrados con anterioridad a la sanción de la ley, entre otras".Además indica: "dada la especial situación de encontrarse en transición los Poderes Legislativo y Ejecutivo en virtud de los resultados electorales del 25 de octubre", la emergencia se considera "abusiva por ser sancionada por un cuerpo legislativo que ya ha cumplido sus funciones otorgadas democráticamente por el término de cuatro años".