Alfredo Ves Losada

En el puerto de Mar del Plata lo definieron como “un sismo”. En una semana en la que la expectativa estaba centrada en la asignación de los cupos de captura de merluza para los próximos 15 años por parte del Consejo Federal Pesquero (CFP), la revelación de un presunto pedido de coimas por US$15 millones a empresarios del sector detonó la agenda. 

Según la versión, difundida a mitad de la semana última por el sitio La Política Online (LPO), supuestos emisarios del Gobierno habrían solicitado este soborno a los principales jugadores del sector pesquero para garantizar que el régimen general de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza hubbsi mantuviera en su renovación para el período 2025-2039 el esquema actual de reparto, fijado en 2009, cuando se dispuso la última cuotificación. Se trata de un esquema oficial de reparto de captura para establecer qué cantidad de merluza pueden pescar las empresas de manera sustentable. 

La asignación vigente vence el próximo 31 de diciembre. Tras meses de reuniones de las empresas con autoridades del CFP y de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, se aguardaba que los nuevos criterios de asignación se definieran el último jueves. Pero tras la revelación del presunto pedido de coimas eso no ocurrió.

De acuerdo a la información difundida, más allá del circuito institucional de negociación de cara a este tipo de resoluciones del CFP, supuestos intermediarios del Gobierno que aseguraban actuar en representación del consultor y asesor presidencial Santiago Caputo habrían promovido en las últimas semanas encuentros informales con los referentes de las empresas para exigir presuntamente el pago de coimas. 

Las versiones de supuestos pedidos de coimas sacudieron como un sismo al puerto de Mar del Plata. Gentileza Revista Puerto.

elDiarioAR se comunicó el viernes con el área de prensa de Presidencia y con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para conocer la versión oficial ante las versiones publicadas pero no obtuvo respuesta. 

Un informe publicado por Revista Puerto, un medio especializado en la industria naval e ictícola, abonó esa versión y precisó que estas reuniones se habrían concretado “en el microcentro porteño y algún sótano en calle Paraguay”, así como “en el conocido (bar) Florida Garden”, de la Ciudad de Buenos Aires. Indicó a su vez que en los últimos días, el clima de esos encuentros se tensó y que habría intervenido incluso “gente armada”, por lo que al menos un empresario de una de las firmas de mayor peso en el rubro optó por dar por terminada su participación en ese tipo de intercambios.

El medio señaló además que la presunta exigencia de coimas al sector privado respondía al pago de US$100 por cada tonelada de merluza hubbsi asignada como cuota de captura y US$1.000 por cada tonelada de merluza negra. De ese modo, las que debían pagar eran una docena de empresas “receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi”, lo que alcanzaría la cifra de US$12 millones. A eso debían sumarse “3,3 millones de la merluza negra”. El monto total coincidiría así con la versión de US$15 millones difundida inicialmente por el sitio LPO.

De acuerdo a la publicación original de dicho medio, la versión del presunto pedido de coimas “habría llegado a oídos” de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través de la empresa española Iberconsa. Se trata de una de las firmas de mayor participación en captura de merluza hubbsi y pertenece al grupo estadounidense Platinum Equity.

Descarga de merluza en el puerto de Mar del Plata.

A partir de una consulta de elDiarioAR, la Oficina de Prensa de la sede diplomática norteamericana rechazó la versión: “Ningún representante de Embajada de Estados Unidos estuvo reunido con las empresas mencionadas en el artículo y tampoco tiene conocimiento sobre la información publicada”.

También la negaron directivos de tres empresas presuntamente involucradas, consultadas por este medio. Representantes de otras firmas optaron directamente por no responder. 

“Todos lo van a negar, pero el rumor existe desde hace semanas. Y desde que se hizo público cayó como un sismo. No se habla de otra cosa, y lo peor es que salpica a toda la industria”, graficó un empresario del sector, con presencia en Mar del Plata y Chubut. 

“Pescan gratis”

Empresarios pesqueros, ex funcionarios del área portuaria de distintas administraciones provinciales y referentes del oficialismo y de la oposición marplatense coincidieron en que el cimbronazo por este presunto pedido de coimas tiene un impacto político puntual: pone en cuestión la transparencia del sistema de asignación vigente desde 2009, en un momento en el que un ala del Gobierno nacional quiere cambiarlo por completo.

Haya habido o no pedido de coimas, este asunto parece parte del tironeo dentro del oficialismo nacional para cambiar el sistema 

El más crítico del actual esquema de reparto de los volúmenes de captura es el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Desde antes de su desembarco oficial en el Ejecutivo, cuestionó que los empresarios “pescan gratis” y se ha referido en distintas ocasiones a la necesidad de modificar el régimen de pesca y las cuotas de captura a licitación internacional. Lo propuso incluso en el proyecto original de la Ley Bases, pero la iniciativa no prosperó, debido a las presiones del sector y de intendentes, legisladores y gobernadores de distritos pesqueros. 

El último viernes, al participar en la 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Sturzenegger insistió en la necesidad de avanzar en ese sentido: “Acá en Mendoza si sacas petróleo, pagás una regalía de 15%; los pesqueros pagan 0,15. Es una larga historia, no tengo tiempo, pero es obvio que es un escándalo. Es el recurso natural de todos los argentinos, lo sacan gratis”. 

“Haya habido o no pedido de coimas, este asunto parece parte del tironeo dentro del oficialismo nacional para cambiar el sistema. Para que se frente todo y se revisen las cuotas. Por lo pronto, se tuvo que aplazar el acta con la nueva distribución”, analizó un referente del oficialismo marplatense.

En ese sentido, tanto fuentes de la industria como dirigentes políticos de la región consideraron que el hecho parece inscribirse como un capítulo más de la rivalidad entre Sturzenegger y Santiago Caputo. 

El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, durante una celebración por el 4 de Julio. La embajada negó tener en su poder la denuncia de una pesquera de capitales estadounidenses contra el Gobierno. NA.

Ante la consulta de elDiarioAR sobre la nota de LPO, en el área a cargo de Sturzenegger respondieron: “Sin comentarios”.

En el medio, hay un negocio de casi US$280 millones. Según un informe del Ministerio de Economía, los desembarques de merluza hubbsi durante 2023 ascendieron a 297.084 toneladas, un 4,5% más que las 284.404 de 2022. Estas operaciones representaron el último año cerca de US$279 millones, un 3,7% más que los 269 millones exportados en 2022.

Pedidos de informe

Tras la difusión del presunto pedido de coimas, el diputado bonaerense Gustavo Pulti (Unión por la Patria), ex intendente del partido de General Pueyrredón, pidió al Gobierno nacional que dé explicaciones.

“Más allá de cualquier lectura política o de si esto responde a tal o cual interna, hay un hecho concreto: el Gobierno tiene que desmentir y refutar estas versiones que tomaron estado público o calla, y entonces encubre a los corruptos”, dijo Pulti a elDiarioAR.

El negocio de la merluza enfrentaría a Sturzenegger y Caputo.

El legislador provincial presentó un pedido de acceso a la información ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ante Cancillería y el Consejo Federal de Pesca.

Pulti exigió a la Secretaría comandada por Sergio Iraeta que informe las medidas adoptadas para la renovación de las cuotas de captura, qué funcionarios fueron designados en el proceso, “si han tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, ante la Embajada de los Estados Unidos respecto de la existencia de actos de corrupción efectuados por agentes del Gobierno Nacional” y “cuáles son las medidas que se han adoptado frente al estado público de la denuncia de corrupción y, en su caso, si se ha dado intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente”.

En la misma línea, pidió a la cartera conducida por Diana Mondino que informe “si han requerido a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica información vinculada a la denuncia efectuada contra los funcionarios del Gobierno Nacional que habrían intervenido en los referidos actos de corrupción”.

Pulti solicitó además al CFP –integrado por representantes del Poder Ejecutivo y de las cinco provincias con litoral marítimo- si “han tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma española Iberconsa” y si “efectivamente se ha resuelto suspender la continuidad de los procedimientos de renovación de las CITC como consecuencia de los hechos de corrupción denunciados”.

Todos lo van a negar, pero el rumor existe desde hace semanas. Y desde que se hizo público cayó como un sismo. No se habla de otra cosa, y lo peor es que salpica a toda la industria 

Renovación de cuotas

En cuanto al anuncio pendiente respecto del reparto de cuotas de pesca de merluza hubbsi, fuentes del sector estimaron que en las próximas semanas el CFP debería avanzar en ese sentido. “Claro que si el tema de los pedidos de coimas escala puede dilatar todavía más el anuncio oficial”, estimó uno de los empresarios pendiente de esa resolución. 

El Consejo Federal, en tanto, dio a conocer el jueves último los criterios de distribución de las variedades merluza negra (Dissostichus eleginoides), de cola (Macruronus magellanicus) y polaca (Micromesistius australis), especies con una incidencia mucho menor en volúmenes anuales de captura. 

Según precisó el organismo en el Acta 15, la ponderación del reparto fue en base a los parámetros de cantidad de mano de obra nacional ocupada, las inversiones realizadas en el país, el promedio de toneladas de captura en los últimos ocho años y la falta de sanciones o infracciones, entre otros, tal como establece el artículo 27 del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922.