Este jueves, 23 de diciembre, con 182 votos a favor, se ha aprobado la Ley de Residuos y Suelos Contaminados en el Congreso, una nueva legislación que va a traer cambios en el día a día de un país que tiene muchas asignaturas pendientes en lo referente a sus desechos y cómo se gestionan.

Con cifras como tan solo un 25% de envases domésticos reciclados y con claras deficiencias en la gestión de residuos y el reciclaje, con solo un 36% de los urbanos reciclados, según datos de la Comisión Europea, el nuevo texto pretende poner coto a un descontrol que aleja a España de Europa: el país ha incumplido su compromiso de reciclar o reutilizar el 50% de los residuos domésticos en 2020.

De hecho, la propia Comisión Europea aceptó una querella que interpusieron 16 organizaciones que denunciaban precisamente este hecho y exigían un “cambio de rumbo inmediato” tras “años y años de políticas erráticas, porcentajes de recogida selectiva y reciclaje estancados y total desinterés para fomentar la prevención y la reutilización”.

Objetivos a largo plazo

La nueva norma tiene como objetivo no solo llegar a estas cifras, sino conseguir el reto de cumplir con un 60% de reciclaje de residuos urbanos en 2030, como imponen las directivas europeas que el texto traspone al ordenamiento jurídico español en la era del cambio climático y la contaminación plástica.

La ley impone consensos como acabar con determinados plásticos de un solo uso, como señala la directiva homónima europea: adiós a bastoncillos, platos, pajitas o cubertería de plástico, entre otros enseres no reutilizables. También veremos desaparecer envases de poliestireno expandido (EPS, corcho blanco) con verduras, pescado o carnes de los establecimientos. 

Respecto a otros plásticos y envases de un solo uso, los que contienen los refrescos, leches, cervezas o zumos, España pondrá en marcha un Sistema de Depósito de Devolución y Retorno (SDDR) si no se cumple con el objetivo de recuperar el 70% de estos envases en 2023 y el 85% en 2027, cifras difíciles de conseguir y muy alejadas del 25% actual. El vidrio no entrará dentro de los materiales a gestionar mediante un sistema de depósito, lo que deja la nueva medida en “una victoria a medias” para grupos como Amigos de la Tierra.

Para los productores y envasadores, sin embargo, la llegada de un SDDR supone una derrota, ya que llevan años haciendo campaña en contra del único sistema que puede incrementar considerablemente las tasas de reciclaje y reutilización de envases, según el consenso de las organizaciones ecologistas.

Se trata de uno de los cambios que trae la ley más demandados por las organizaciones ecologistas, una medida que implica una responsabilidad ampliada del productor más acorde con la realidad. Con nuevos objetivos de recogida selectiva de botellas de plástico para bebidas del 70% en 2023 y un 80% en 2027, se prevé que el SDDR será la gran medida que acelere un proceso en el que España está a la cola de Europa. 

La medida, que supondrá que el consumidor recuperará un dinero cada vez que devuelva un envase a un establecimiento —la práctica de recuperar 'devolver el casco', retomada ahora— evitará que “cada día 35 millones de latas, botellas y briks se pierdan y contaminen nuestro entorno”, remarcan desde Retorna, una de las organizaciones que más ha trabajado para conseguir que se implante.

Respecto a las botellas de agua de plástico, la ley obligará a los hosteleros a ofrecer agua del grifo gratis. De hecho, a partir de 2025 las embotelladoras solo podrán introducir botellas de tereftalato de polietileno (PET, el material usado mayoritariamente para las botellas de plástico) que lleven al menos un 25% de PET reciclado.

Nuevos impuestos

La ley plantea cambios en lo referente a impuestos con un triple objetivo: reducir el uso de envases de un solo uso, penalizar la entrega de residuos en vertedero o incineradora y frenar la fabricación e importación de plásticos no reutilizables. Para ello se crearán dos gravámenes estatales además de obligar a los ayuntamientos de municipios de más de 5.000 habitantes que no tengan una tasa de recogida y tratamiento de basuras a que la implanten antes del 30 de junio de 2022, ampliándose el plazo al 31 de diciembre de 2023 en las localidades de menos de 5.000 habitantes.

Por último, en lo referente a la proliferación de envases plásticos en productos que podrían servirse a granel, la nueva ley obliga a comercio minoristas de alimentación con establecimientos de más de 400 metros cuadrados a destinar al menos un 20% de su espacio dedicado a ventas a productos sin embalaje primario (el que está en contacto directamente con el producto).

A medio camino

Tras su aprobación este jueves en el Congreso, el Senado será el encargado de ratificar ahora la nueva norma. Desde los grupos ecologistas se han felicitado por el nuevo texto, aunque han echado en falta una mayor ambición. 

Desde Amigos de la Tierra denuncian que la normativa “se queda a medio camino con medidas superficiales que no profundizan en los verdaderos problemas de los residuos”. La organización lamenta que “sigue ignorando la jerarquía de residuos con una apuesta tímida e incompleta por la prevención de residuos y deja olvidada en un cajón la reutilización, que aparece acompañada en el texto de términos ambiguos como fomentar y promover, lo que la vacía completamente de contenido y obligatoriedad”.

Con porcentajes de reducción de residuos del 13% para 2025 y del 15% para 2030, Amigos de la Tierra califica esos objetivos de “mínimos” y habla de que esto nos sitúa “en un escenario de generación de residuos desproporcionado”, La organización ecologista resalta que “para enfrentarnos al contexto actual de escasez de recursos y crisis climática los porcentajes fijados deberían ser del 25% y del 50% respectivamente”.