Por Gabriel Morini.

El Gobierno Nacional desplegó todo su aparato comunicacional para anunciar la salida de Florencia Misrahi de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA –ex AFIP) maquillado tras una desavenencia por una disposición que obligaba a tributar a Youtubers e influencers. Pero los verdaderos motivos de su salida se venían cocinando desde meses antes, según pudo reconstruir Ámbito desde múltiples fuentes de “La Casa”.

La decisión se tomó, de forma intempestiva, el sábado al mediodía. Pujaron por su reemplazo dos Caputos: Santiago Caputo propiciaba el desembarco de Andrés Vázquez, flamante titular de la DGI cuando la AFIP mutó en ARCA. El Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo terminó imponiendo a quien fuera su virtual segundo en el Mecon, Juan Pazo. Hace dos días, había sido designado como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería tras estar en la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Caputo.

La renuncia de Misrahi comparte otro dato imposible de soslayar: venía resistiendo desde adentro la poda de salario que se ordenó desde el Ejecutivo hace dos meses y medio. Su recibo permanece bajo siete llaves, pero continuó cobrando los aproximadamente 32 millones de pesos que la remuneraban como titular la AFIP, ahora ARCA, uno de los motivos que generaron cortocircuito con la Casa Rosada y especialmente con Economía. El Administrador Federal o Director –como es ahora el cargo- es quien debe definir, en términos administrativos, el monto de su propia remuneración.

Misrahi había sido también recomendada por “Toto”, en su momento, ya que es una amiga cercana a su esposa. También la luz verde había llegado desde la asesoría del abogado Liban Kusa, del estudio Funes de Rioja.

El comunicado oficial de la Oficina del Presidente resaltaba que la resolución “inconsulta” que aplicaba a la provisión de servicios de comunicación y publicidad como por la creación de contenidos en plataformas digitales y canjes. Una resolución general se retrotrae con otra en sentido inverso. La excusa cristalizó que los motivos que llevaron a la decisión un sábado, por medio de las redes oficiales, fue solamente una puesta en escena para camuflar los verdaderos motivos que llevaron a su salida. Se aprovechó el vencimiento del decreto –en los próximos días- del decreto que la había designado en una suerte de continuidad en el reemplazo de Mercedes Marcó del Pont. Antes, el rol de administrador federal requería de acuerdo del Senado, pero esa exigencia fue mutando administrativamente para prorrogar mandatos anteriores.

Misrahi se había ganado la desconfianza del triángulo de hierro que rodea a Javier Milei por magros resultados, pero también por ausencia de control de lo que ocurría puertas adentro de la administración a su cargo. El cambio de nombres puede augurar otros problemas: habrá que estar atentos a los choques que puedan generarse entre Pazo y Vázquez, cuyas terminales en el poder son distintas.

Pazo tiene tras de sí un perfil particular para lo habitual en el cargo del recaudador de impuestos: fue socio del empresario Francisco De Narváez y tiene declaradas sociedades offshore, además de propiedades que se le adjudican en el exterior.

Para abonar la versión de que el alejamiento de Misrahi tenía origen en los chispazos por la poda de salario, el secretario general de la Unión de Personal Superior de la Administración, Julio Estévez –consultado por Ámbito- aseguró: “no teníamos dudas de que la directora ejecutiva jamás iba a reducirse sus haberes a lo que cobra un ministro nacional; eso sería rebajarla a nuestros sueldos como directores de carrera, los cuales tenemos sobrada experiencia y capacitación para dirigir el organismo fiscal nacional”.

La poda no fue solo salarial en este período. La planta de la ex AFIP se redujo, por primera vez, a menos de 20 mil empleados y varios funcionarios con experiencia consultados por este diario, aseguran que deben controlar 10 veces más CUIT, con la plantilla reducida, y con el retiro de personal con mayor experiencia, que migró al sector privado. El Gobierno consiguió un ahorro, pero precisamente en la repartición encargada de recaudar impuestos, lo que para quienes están en la actual ARCA, puede poner en riesgo el equilibrio fiscal si no se cumplen las metas de recaudación no solo por una merma en las operaciones, sino por huecos que se generen en el control tributario de las mismas.