Por la cantidad de pruebas y testigos, Juntos por el Cambio (o Juntos o Cambiemos) no puede ocultar el espionaje durante su gobierno. Sus seguidores tampoco se muestran indignados ni sorprendidos. Forma parte del sentido común de un pensamiento de derecha que lesiona instituciones republicanas con la excusa de defenderlas. Es como si dijeran: "las acciones no republicanas que hacemos (espionaje interno, manipulación de jueces y fiscales, noticias falsas) son para defender la República.”

La exgobernadora bonaerense y ahora aspirante a la candidatura presidencial del macrismo María Eugenia Vidal afirmó que la reunión filmada era una “reunión de trabajo” y que es la “Agencia Federal de Inteligencia la que tiene que dar explicaciones por la presencia de sus agentes en esos cónclaves”. Pero la AFI dependía de su gobierno, y los agentes, eran en realidad el estado mayor de la AFI y ahora se sabe que este tipo de reuniones se hacía cada quince días.

El procurador Julio Conte Grand ni se preocupó por los espías y defendió esas reuniones como un mecanismo que inició la exgobernadora Vidal para “cambiar una actitud de los empresarios ante la Justicia”. Conte Grand aseguró que, antes, los empresarios no se animaban a denunciar a los sindicatos y que, a partir de esa práctica, “se produjo un cambio de actitud”.

Las contundentes revelaciones que se fueron conociendo y ampliando esta semana ofrecieron un panorama de cómo el espionaje se articulaba con la persecución judicial y fiscal y las campañas mediáticas. Si fueran verdaderamente republicanos tendrían que haber provocado, por lo menos, un furioso debate entre sus filas. Pero no pasa nada. Las corporaciones mediáticas ignoran esa información y las excusas de los involucrados dan vergüenza ajena. Porque en el fondo ellos piensan que tienen licencia para matar; como piensan que son los únicos verdaderamente republicanos, son los únicos que tienen autoridad moral para violar esos valores. Así, cualquiera es cualquier cosa.

Hay una idea de República poco republicana, que se construyó sobre la base de ese ladrillo flojo. El razonamiento fue usado por la derecha desde el principio de la historia. Sin ir tan lejos, las dictaduras militares lo usaron con total descaro.

Nunca un dictador militar dijo que era partidario de la dictadura. Siempre se trataba de deponer a un gobernante elegido en forma democrática, para defender la democracia. Eso lo dijeron cuando destituyeron a Hipólito Irigoyen y a Juan Perón y lo siguieron diciendo cuando echaron a Arturo Frondizi y a Arturo Illia.

La acción de usar el espionaje, la persecución judicial y mediática es equivalente a la de los civiles que iban a golpear las puertas de los cuarteles para expulsar a sus rivales del gobierno. No es exactamente lo mismo porque los contextos son distintos y los momentos históricos cambian, pero son acciones que se justifican con el mismo razonamiento que los ubica como los únicos republicanos y demócratas.

Qué casualidad que ninguno de los gobiernos populares usó nunca ese unicato. Siempre fueron los golpistas o --en este caso, un gobierno como el macrista-- que representaban a poderosos intereses económicos que se sentían afectados por gobiernos populares a los que difamaron y depusieron.

Alguien que instala una dictadura (o que usa las herramientas que usan las dictaduras) para defender la democracia, está mintiendo. Lo demuestra la sinrazón de ese pensamiento. Con lo que resulta muy claro que lo realmente movilizador no es la defensa de la democracia sino la defensa de los poderosos intereses económicos que ellos representan.

Este país no tiene solamente el problema intrincado del bimonetarismo, sino también el de un movimiento popular muy importante, al que en los últimos años se le contrapone una alianza de derecha con fuerte presencia electoral.

Son empates que desempatan sectores oscilantes de capas medias y bajas. Pero en general el movimiento popular ha resistido cualquier avance de la derecha sobre sus derechos y al mismo tiempo la derecha obstruye las medidas de progreso social, cultural y económico que promueven los gobiernos populares.

Es evidente que tanto uno como otro está obligado a reconocer la existencia de su contraparte en el juego político. Pero esa coexistencia sólo se puede mantener resolviendo sus contradicciones en forma pacífica si se respetan las mismas reglas de juego para todos. La única forma pacífica conocida hasta ahora es la democracia.

La otra opción --que es la que aplicó el macrismo en el gobierno-- es utilizar las herramientas que usaron las dictaduras, como el espionaje interno, la persecución judicial y fiscal y las campañas mediáticas con falsas acusaciones. Por esa vía no se busca el juego político democrático con la fuerza que representa intereses diferentes, sino que se trata de aniquilarla y eliminarla.

El problema para la derecha es que si descarta el espionaje y todo lo demás, también pierde gran parte de su fuerza. Ya que se sostiene sobre la creencia de muchos de que están combatiendo corruptos y enemigos de la democracia. El gran desafío para la derecha sería reemplazar este bagaje tramposo y autoritario por mecanismos políticos democráticos.

Y al movimiento popular le resultará imposible actuar en democracia si no desmantela las herramientas autoritarias que ha usado la derecha en esta competencia desleal para desbancarlo. Al movimiento popular le va a resultar muy difícil avanzar si no democratiza al Poder Judicial para impedir que lo usen como herramienta de persecución política, si no transparenta y mantiene un control efectivo sobre los organismos de inteligencia estatal para que no hagan espionaje político interno y si no democratiza el ámbito cartelizado y súperconcentrado de la información, que es la gran matriz de producción simbólica.

El juez Daniel Rafecas se niega a aceptar el puesto de procurador general, si se cambia el mecanismo para elegirlo. Es discutible, pero es una posición de principios. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dos de los cuatro magistrados de la Corte Suprema, no dijeron ni pío cuando el ex presidente Mauricio Macri quiso meterlos por la ventana y designarlos por decreto. Es otra posición, pero no de principios.

Es una Corte de sólo cuatro personas que ha colaborado con el estropicio que hizo la mesa judicial macrista. Una Corte que nunca cuestionó la designación irregular de jueces en el fuero federal o la persecución de los jueces que no les eran adictos y que incluso estimuló y aceptó el adefesio anticonstitucional de la doctrina Irurzún para detener a personas sin condena en firme, solamente para halagar al ex presidente Macri. Una Corte que permaneció impasible ante los llamados de atención de organismos de la OEA y la ONU para controlar la independencia del Poder Judicial. La imagen negativa de esta Corte es de 75,3 por ciento (CELAG), una de las instituciones peor vistas por la sociedad.

El gobierno de Alberto Fernández intentó primero que el mismo Poder Judicial se autodepurara y la respuesta fue una Corte que hizo política con la oposición. Después envió al Congreso un proyecto muy moderado de Reforma Judicial. Y los que usaron a los jueces para la persecución política acusaron al Gobierno de avanzar sobre la Justicia.

Esta vez, son las personas que quieren un país sin lawfare ni mesa judicial las que expresarán su rechazo a esta Corte tan desprestigiada, en una concentración que se realizará el primero de febrero, frente a Tribunales. Para el 75 por ciento de los argentinos, esta Corte no garantiza justicia.