No será una visita de cortesía o un gesto para aliviar los ánimos del Gobierno ante la presión internacional. Nada de ello. El Grupo de Trabajo de la ONUsobre la Detención Arbitraria de personas aceptó ayer la invitación del presidente Mauricio Macri a visitar la Argentina, en respuesta al pedido de liberación inmediata de la dirigente kirchnerista Milagro Sala , detenida desde el 16 de enero en Jujuy.

Pero en la aceptación de la visita ese mismo grupo de trabajo de las Naciones Unidas alertó ayer por medio de su presidente, Roland Adjovi, que el viaje al país, previsto para mayo de 2017, "no puede constituir una respuesta a (nuestra) decisión. La única respuesta satisfactoria es la liberación" de Milagro Sala.

De esta manera, los integrantes del grupo de las Naciones Unidas que hace un mes emitieron un informe en el que reclamaban la liberación "inmediata" de Sala ayer dejaron en claro que la aceptación de una invitación del Gobierno "no estará exclusivamente ligada al caso Sala". A renglón seguido, Adjovi destacó: "El gobierno federal [de Macri] tiene obligaciones en ese sentido en el plano internacional. La naturaleza federal de la Argentina no puede ser una excusa escapatoria a sus obligaciones".

El titular del grupo de las Naciones Unidas se metió así en un debate interno que hay en el Gobierno: un sector alineado con la diplomacia cree que hay que cumplir con lo que estableció la ONU, mientras que otro grupo entiende que el Gobierno debe respetar la independencia de poderes y dejar actuar a la Justicia, la de Jujuy en este caso.

Ayer en la Casa Rosada había cierta satisfacción por la aceptación de la visita de parte del Grupo de Trabajo de la ONU luego de la dura afrenta que significó el comunicado del viernes pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que también reclamó la liberación "inmediata" de Sala. En la Casa Rosada se comunicaron con el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, que también se mostró satisfecho con que la visita de los funcionarios de la ONU servirá para "aclarar y mostrar que la justicia jujeña actuó en forma independiente en la investigación de causas de corrupción que involucran a Sala", según deslizó Morales a varios funcionarios.

Además, tanto en la Casa Rosada como en el gobierno de Jujuy creen que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA aún no se expidió sobre el tema de fondo, que es el pedido de medidas cautelares que hicieron el CELS y Amnistía Internacional para liberar a Sala.

La líder de la organización Tupac Amaru fue detenida bajo la acusación de delito de sedición por organizar una protesta en la plaza Belgrano, de Jujuy. Pero luego fue liberada por esa causa e inmediatamente detenida y acusada de varios delitos, entre ellos, los de "defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita", por los cuales sigue presa.

Además del caso Sala, fuentes diplomáticas expresaron a LA NACION que el Grupo de Trabajo de la ONU evaluará en su visita al país las denuncias por presuntas detenciones arbitrarias. Se sabe que en la Argentina hay en muchas provincias casos de detenciones cuestionadas ya que existen problemas en la interpretación del Código Procesal y las prisiones preventivas terminan siendo laxas.

Avance judicial

En forma paralela a la eventual visita de los funcionarios de la ONU, la justicia de Jujuy avanzó en los últimos días en medidas procesales sobre el caso de Sala. Se estima incluso que habrá nuevas instancias en la Suprema Corte de justicia provincial.

A su vez, el ministro de Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, ayer expresó que los jueces que dictaron la prisión preventiva de Milagro Sala lo hicieron porque "han entendido, más que el tema de la fuga, que lo que pesa es el entorpecimiento de la causa", debido a la "capacidad de violencia y de ejercer presión" que tuvo la dirigente jujeña.

En tanto, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, dijo ayer a LA NACION que la liberación de Sala "hoy pondría en severo riesgo el proceso judicial que se le sigue por la eventual obstrucción a la causa que podría ejercer" la líder de Tupac Amaru. Miranda entiende que "hay firmes pruebas de que Sala busca presionar a los testigos de la causa de corrupción por la que está detenida y ello implicaría un freno total para la investigación".

Por otra parte, ayer se supo que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, podría viajar a Jujuy en los próximos días para evaluar in situ la situación de detención de Sala para asegurarse de que tenga todos los derechos resguardados en su situación de prisión.