Junio se convirtió en un mes clave para la problemática de la contaminación de la cuenca Salí Dulce por diversas circunstancias y eventos que se producirán en los próximos días. Al inminente inicio de la zafra por parte de los ingenios tucumanos y la decisión que tomará la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación sobre las plantas que no hicieron las obras de saneamiento, se suma el vencimiento del plazo de gracia que la Corte Suprema había dado sobre los amparos ambientales que en 2011 presentara Santiago del Estero contra las industrias tucumanas que contaminaron el embalse Río Hondo.

Así lo indicaron altas fuentes oficiales a EL LIBERAL, recordando que a pedido de la Defensoría del Pueblo con la adhesión de Fiscalía de Estado, el máximo tribunal había dado a los ingenios este tiempo para que concreten las obras de saneamiento.

La Corte Suprema había señalado en la resolución que firmaron el presidente, Ricardo Lorenzetti; y los vocales Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, que no obstante la suspensión de los plazos, la Sayds tenía que informar trimestralmente sobre los avances del acuerdo para el saneamiento de la cuenca interprovincial.

El pedido también tenía en cuenta el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Santiago del Estero y de Tucumán, donde la Secretaría de Ambiente de Nación es garante, para aplicar un plan de saneamiento que incluía la instrumentación de Convenios de Reconversión Industrial (CRI) y fuertes controles para evitar vuelcos de vinaza y ceniza a los afluentes de la cuenca Salí Dulce.

“De este modo, se suma un elemento más de presión a los industriales tucumanos para que concluyan con los trabajos para el tratamiento de la vinaza”, señalaron las fuentes oficiales, al referirse a la reactivación de los plazos procesales de los amparos ambientales, en los que la provincia solicita la suspensión de la producción en los ingenios contaminantes. Justamente, uno de los motivos de preocupación que las autoridades provinciales plantearon a la Nación, es que ante el inminente inicio de la zafra y la producción de bioetanol, algunos ingenios no han cumplido las obras comprometidas, por lo que el riesgo de nuevos vuelcos sigue latente.

En este contexto, Santiago del Estero, recalcaron las fuentes, tendrá que decidir si pide o no nuevamente la suspensión de los plazos, para lo cual tendrá en cuenta los informes sobre todos los ingenios, con respecto a la ejecución de los trabajos comprometidos en los CRI que las industrias suscribieran con el gobierno tucumano.

En tal sentido, indicaron que esta semana comenzarán una nueva ronda de controles a las plantas fabriles hasta mediados de junio, cuando la Sayds deba hacer una evaluación del estado de cumplimiento de los acuerdos por parte de los industriales tucumanos, y tomar una decisión. Cabe destacar que en la última reunión del Comité de Cuenca en la Sayds, las autoridades nacionales reiteraron que los ingenios que no estén en condiciones de dar tratamiento a la vinaza, no van a destilar.

Paralelamente y a modo de no dejar resquicios para que los industriales evadan la responsabilidad de concretar las obras de saneamiento, Fiscalía de Estado interpuso dos medidas cautelares en el Juzgado Federal local, solicitando que se realicen inspecciones en cada una de las industrias y que en el caso de comprobar que no hay garantías de que no habrá accidentes ambientales, se suspenda la producción de bioetanol.