Se realizó días atrás en instalaciones del Centro de Formación Azuleño (CE.FO.AZ) una reunión en la que se brindaron detalles acerca del recurso de amparo presentado por diputados provinciales del Frente para la Victoria contra el incremento de las tarifas del servicio de energía eléctrica dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Además se hizo entrega de más de 2.500 firmas de vecinos azuleños en adhesión al recurso judicial. En la oportunidad, estuvieron presentes, entre otros, los legisladores bonaerenses del FpV Walter Abarca y Eva Ramírez, el ex diputado provincial Mario Caputo y el concejal Santiago Zaffora.

“Vamos a desarrollar una tarea cotidiana”

En principio Caputo mencionó que esta presentación tuvo como objetivo también darle a conocer a la sociedad azuleña de qué se trata el CEFOAZ.

“A través de esta ONG vamos a realizar en la ciudad una amplia tarea en lo social, en lo político, en lo cultural. Vamos a desarrollar -a partir de ahora- una tarea cotidiana”, dijo.

También destacó y agradeció la labor llevada a cabo por los militantes encargados de recolectar las firmas en rechazo al tarifazo.

“Se juntaron más de 2.500 firmas que serán el respaldo de la ciudadanía azuleña al amparo presentado por en la Cámara de Diputados por el bloque que integran Walter Abarca y Eva Ramírez, en razón de que no se ha cumplido con las normas previstas para el aumento de la tarifa eléctrica”, explicó Caputo.

“Buscamos que se cumplan las normas establecidas”

Por su parte, Walter Abarca refirió que “lamentablemente vemos que el rumbo que está tomando el país es de una desprotección total para los sectores más vulnerables de la sociedad”

“Y el eléctrico fue el primer tarifazo de otros tantos que lo seguirán. Ya se anunció el del gas, el del transporte. Ante esta situación vemos que es imposible que un jubilado, un trabajador, un ciudadano con un plan social pueda pagar la factura de luz que le va a llegar. A partir de eso comenzamos a analizar cómo morigerar este tarifazo. Ahí surgió la idea del amparo judicial”, contó Abarca, quien paso seguido agregó que “buscamos que se cumplan las normas establecidas a través de las leyes que marcan el reglamento de la generación y la distribución de energía. En este caso, contrariamente a lo marcado en las leyes -como tenemos gerentes de empresas al frente del Estado- no se realizó una audiencia pública y fue el Estado el que prácticamente le ordenó a las empresas realizar un aumento de tarifa”.

Asimismo, el legislador expresó que también “estamos trabajando sobre diferentes iniciativas legislativas en este mismo marco, como la que se busca generar una tarifa eléctrica de interés social. En la provincia de Buenos Aires ya existía por ley. Ahora el Gobierno Nacional la anuncia con las mismas siglas, pero estamos hablando de cosas distintas. El Ejecutivo anunció que hasta 150 kilowatts -aquellas personas jubiladas; que tienen dos salarios mínimos, vital y móvil; que tienen como único hogar el familiar- acceden a una tarifa social en la que no se le cobra la energía pero sí los costos fijos y los tributos provinciales”.

A esto agregó: “Nosotros lo que estamos buscando es ampliar la tarifa provincial para que pase de 150 a 300 kilowatts”.

“Tenemos buenas expectativas en que esto pueda ser ley, ya que el Frente Renovador -que tiene un tercio en la Cámara de Diputados y un tercio en el Senado de la provincia- presentó iniciativas similares. Esperemos que en el término de dos o tres meses podamos morigerar este terrible aumento de luz”, remarcó Abarca.

“La posibilidad de hacer en Azul una presentación judicial”

A su turno, el edil Santiago Zaffora en el plano local “lo que pretendemos a través del proyecto es el rechazo al aumento por dos motivos claros. Por un lado porque no se dio cumplimiento a la normativa vigente; y por el otro por el contexto abusivo del porcentaje de suba”.

“Desde nuestro bloque, acompañado por ediles de otras bancadas, estamos analizando la posibilidad de hacer en Azul una presentación judicial para seguir fortaleciendo la iniciativa tomada por el bloque de diputados bonaerense. Entendemos que debemos trabajar con mayor énfasis en la medida cautelar porque es la que puede llegar a conseguir retrotraer el aumento”, concluyó el concejal del FpV local.

EL RECURSO DE AMPARO

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Los diputados del FpV por la provincia de Buenos Aires Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos, Marcelo Feliú, Manuel Elías, Mauricio Barrientos, Alicia Sánchez y Ricardo Moccero, presentaron ante la Justicia Federal de La Plata -Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Dr. Adolfo Gabino Ziulu, Secretaría Civil Nº 5- un recurso de amparo contra el incremento de las tarifas del servicio de energía eléctrica dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

En los fundamentos del escrito, indicaron que “estas resoluciones han sido sancionadas de una manera totalmente inconsulta, sin la realización de una audiencia pública previa (art. 46 y 48 de la ley 24065) que asegure al menos un elemental nivel de información y participación de los usuarios y las usuarias, que se verán afectados por la modificación de las tarifas eléctricas”.

Los legisladores señalaron que la interposición legal fue efectuada “tras la concreción de un daño cierto que lesiona, restringe, altera y amenaza a los usuarios y consumidores del servicio de energía eléctrica del territorio bonaerense”.

Al mismo tiempo, en el recurso solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la provincia, tal como lo ha exhortado dicho organismo ante el ENRE y el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren.

En relación con la actividad económica, expresaron que “la medida es sumamente negativa para los sectores comerciales e industriales y los diversos actores de la economía social, los cuales padecerán incrementos alarmantes. Esta situación, provocaría un aumento directo en el costo de operación que se trasladaría a los precios, desencadenando una reducción de la demanda global, entre otros problemas”.

Respecto del beneficio de Tarifa Social por consumo de energía de hasta 150 kilowatts por mes, los diputados manifestaron su preocupación por las personas “electrodependientes por cuestiones de salud”, que presentan consumos extraordinarios de electricidad, y por la personas en situación de vulnerabilidad social, que habitan en viviendas sin acceso al gas natural por redes.

Por otra parte, advirtieron sobre el impacto perjudicial en la instituciones de bien público, las sociedades de fomento, los clubes barriales y las organizaciones comunitarias que trabajan para efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, de mujeres, de personas con necesidades especiales, de adultos mayores, entre otros sujetos de derecho.

Destacaron que las disposiciones perpetradas implican un claro ataque al bolsillo de los trabajadores, quienes verán afectado su salario y nivel de vida así como el de sus familias. “Una modificación tarifaria de tales características que afecta un número tan significativo de ciudadanos, debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública conforme el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional”, recalcaron en la acción judicial.

En línea con ello, los legisladores exigieron el cumplimiento de la Ley 24.065 -“Régimen de la Energía Eléctrica”-, la que en sus artículos 46° y 48° regula el procedimiento de audiencias públicas, que resulta necesario para el establecimiento de una tarifa justa y razonable. De esta manera sostuvieron que “este recaudo es el único procedimiento viable para que la comunidad afectada y los titulares de derechos de incidencia colectiva puedan participar, informarse, emitir su punto de vista, ser parte activa de la determinación de un nuevo cuadro tarifario”.

En el mismo sentido, los diputados del FpV elevaron el 10 de febrero en la Cámara Baja un Proyecto de Declaración donde pronunciaron su más enérgico rechazo y repudio al ajuste tarifario del servicio de energía eléctrica, ejecutado por el gobierno nacional por medio de las mencionadas resoluciones, e instaron a que se convoque de inmediato a las audiencias públicas.

En este contexto además iniciarán una campaña en diferentes distritos bonaerenses, convocando a los vecinos, comercios, instituciones de bien público, pymes, integrantes de la economía social, organizaciones comunitarias, entre otros damnificados, para que puedan ejercer su derecho constitucional de solicitar la audiencia pública.

“La audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión”, concluyeron.