Rara vez hay mejor clima en el segundo piso del Palacio de Justicia que en el exterior. Ayer sucedió. Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia, abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán departieron, café de por medio (sólo agua para las damas), sobre la pretensión de observar 33 procesos como si esta iniciativa de la Casa Rosada no hubiese estremecido a los Tribunales locales. El encuentro fue más que una circunstancia protocolar: tanto Robles como Colombres Garmendia y Daniel Posse, titular del alto tribunal, coincidieron en que habían conversado amena y amigablemente. Tras la audiencia, todos se mostraron optimistas y tranquilos.

Buena parte de la reunión consistió en el repaso del listado de casos de interés de la Nación (ver nómina). Los vocales Posse, René Goane, Antonio Estofán y Claudia Sbdar -Antonio Gandur está de vacaciones- se detuvieron en la causa “Lebbos” para explicar que habían concedido a la Sala III de la Cámara Penal, el tribunal que sustanciará el juicio a partir del 6 de febrero, la mayor parte de los recursos que había requerido y que estarían muy avanzadas las gestiones para que la seguridad esté en manos de fuerzas nacionales. También añadieron que habían analizado los expedientes de familia e implementado un mecanismo de acceso a la información con las partes que, en señal de protesta, habían montado la carpa azul al frente del Palacio de Justicia.

Cumplido el diálogo con los vocales, Robles y Colombres Garmendia anunciaron que hoy iban a comenzar a pedir las causas a los magistrados que las controlan, tal y como les había indicado la Corte. Si bien no dieron precisiones, sí anticiparon que empezarán por los procesos de familia, y los penales que tramitan en salas y juzgados, que a priori lucen más encaminados y menos conflictivos desde el punto de vista institucional.

El escenario previsto

“Fue una charla positiva, donde nos presentamos y conversamos sobre la relación existente entre el Poder Judicial de Tucumán, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que es la institución para la que trabajamos nosotros”, dijeron los abogados. No todas fueron, empero, buenas noticias: la Corte les comunicó que no podrán valerse del auxilio de su Cuerpo de Auditores, como pretendían inicialmente.

Colombres Garmendia, delegada local de Derechos Humanos de la Nación, comentó que hablaron sobre el significado del derecho a acceder a la justicia. “Es más que la posibilidad de iniciar un expediente y de esto depende la posibilidad de que el Estado nacional sea sancionado por organismos internacionales”, agregó. “Vimos que en la Corte hay apertura: hasta café nos convidaron”, insistió Robles, que es dirigente de la Unión Cívica Radical y actúa profesionalmente en al menos una de las causas con pedido de observación. Ayer ambos abogados hablaron con la prensa por primera vez desde el 17 de noviembre, cuando ingresó el pedido de observación de los procesos firmado por Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos.

Desde el ingreso de aquella nota pasaron 40 días de repercusiones intensas, donde los llamados veedores de la Nación recibieron avales y rechazos: en medio de ese vendaval, la Corte optó por recordar a los abogados Robles y Colombres Garmendia que, frente a la eventual resistencia a la observación de parte de los directores de los procesos, podían plantear los recursos que correspondieren. Justamente el ejercicio de las potestades de superintendencia previstas en el artículo 121 de la Constitución de Tucumán fue uno de los asuntos abordados este miércoles como quien anticipa el “no pasarán”: los abogados de la Nación dan por hecho que volverán a la Corte, ya no con tanta relajación, para pedirle que despeje las trabas que asoman en el camino.